El Frente Amplio rechaza la conformación de un triunvirato para dirigir la Fiscalía General de la Nación, iniciativa que volvió a tomar impulso luego de que la senadora del Partido Nacional (PN) Graciela Bianchi dijera que el presidente Luis Lacalle Pou cambió su posición y está a favor de la iniciativa.
Para el senador frenteamplista del Movimiento de Participación Popular Charles Carrera, el proyecto para poner un triunvirato al frente del organismo es “consecuencia de una posición política que nace desde un cuestionamiento peligroso y profundamente antirrepublicano”. Dijo, además, que la iniciativa es impulsada por “legisladores del gobierno que nunca ocultaron su malestar ante decisiones de fiscales que actuaban en el marco de su independencia técnica”.
Carrera se mostró sorprendido por el supuesto cambio de posición del presidente Lacalle Pou y lo relacionó con la investigación sobre el exjefe de seguridad presidencial Alejandro Astesiano. “¿Será que ya no gusta tanto la independencia del sistema de Justicia? ¿Será que el gobierno encontró intervenir la Fiscalía como solución a sus problemas de corrupción?”, agregó en una columna publicada en su blog este lunes.
El senador planteó que la mayoría especial de tres quintos para designar al fiscal de Corte, planteadas en el artículo 168 de la Constitución, busca que su designación tenga un consenso que legitime sus decisiones y, a su vez, evitar que su actuación esté sujeta a intereses político partidarios. “Bajo este razonamiento, lo que hace esta propuesta es distorsionar la voluntad constitucional, que busca evitar la politización de la Justicia”, agregó.
En el mismo sentido opinaron el presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, Willian Rosa y el fiscal de Corte Juan Gómez, quien aseguró que si eso se aprueba, “al otro día” se jubila.
Por su parte, el diputado Eduardo Lust, que en febrero abandonó Cabildo Abierto para conformar el Movimiento Constitucional Ambientalista, dijo a la diaria que luego de levantado el receso presentará una iniciativa que busca imponer para la elección del fiscal de Corte un sistema similar al que existe para los ministros de la Suprema Corte de Justicia y los ministros del Tribunal de Cuentas, que da un plazo de 60 días para que el sistema político se ponga de acuerdo y, vencido ese plazo, queda la persona con mayor antigüedad, algo que también requiere una reforma constitucional.
Lust señaló que la imposición de un triunvirato no puede darse sin una reforma constitucional, dado que el numeral 13 del artículo 168 de la Constitución refiera a “un fiscal general de la nación”. “Que creen un directorio, como el de Antel o el del puerto, en la Fiscalía es inadmisible desde el punto de vista constitucional”, expresó.
El diputado calificó la iniciativa de “un golpe mortal al Poder Judicial y la jurisdicción penal”, porque los directores serán designados por los partidos políticos. “La [Justicia] penal se la sacaron al Poder Judicial y se la dieron a un servicio descentralizado; poner ahora tres directores a dirigir la Fiscalía es un desastre, y yo voy a hacer todo lo posible desde mi banca para que eso no suceda”, expresó.
En el oficialismo, el triunvirato cuenta con apoyos desde el Partido Colorado, Cabildo Abierto y algunos legisladores del PN, que entienden que es una forma de resolver la designación y distribuir el poder dentro de la institución.
En diálogo con la diaria, Gustavo Zubía, impulsor del proyecto de ley que fue presentado a mediados de 2020, dijo que cuando se reinicie la actividad parlamentaria buscará que el tema sea retomado por la Comisión de Constitución y Códigos, y agregó que pidió ser recibido por la comisión para hablar del proyecto. “En materia de seguridad no puede ser sólo el Ministerio del Interior, tiene que haber una fiscalía atrás y hoy no hay; hoy hay una fiscalía con problemas”, agregó.
De todas formas, Zubía dijo que si se llegara a un acuerdo político para designar un nuevo fiscal de Corte, si bien considera que no es la mejor solución, apoyaría la designación, dado que es la forma más rápida de salir de la situación actual, en la que el cargo está en manos del fiscal de Corte adscripto, designado por el exfiscal de Corte Jorge Díaz.
“El triunvirato podrá salir dentro de un año, con una implementación de un año y medio, está saliendo en el último año de ejercicio de este gobierno. Si hoy sale una posibilidad de acuerdo con un solo nombre entre oposición y gobierno, me quedo con esto porque sería para que un nuevo fiscal tenga dos años de actividad”, subrayó.
Pese al nivel de apoyos generado, existen algunos legisladores del PN que se oponen al proyecto o al menos entienden que podría contribuir a una partidización de la Justicia penal que desnaturaliza la institución. Si bien reconocen que puede facilitar el consenso, no necesariamente soluciona la indeterminación, dado que los tres cargos también requerirán mayorías especiales, por lo que entienden que es ineludible una reforma constitucional.