Este jueves se efectuó en la sala Maggiolo de la Universidad de la República el cierre del Proyecto de Extensión Universitaria y Derechos Humanos “Muertes bajo custodia en el sistema carcelario uruguayo en 2021”, a cargo de Ana Vigna, de la Facultad de Ciencias Sociales y la Facultad de Información y Comunicación; y Hugo Rodríguez Almada, de la Facultad de Medicina.
Durante la presentación, Vigna señaló que el proyecto se ejecutó durante un año y permitió el trabajo conjunto de equipos universitarios que venían trabajando aisladamente sobre la misma temática y en coordinación con la Oficina del Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario (OCP).
“Esta fue una oportunidad para aunar esfuerzos, compartir miradas, intercambiar diagnósticos con docentes e investigadores del Departamento de Medicina Legal y Ciencias Forenses, de la Facultad de Medicina, del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales y del Departamento de Metodología de la Facultad de Información y Comunicación”, comentó. Vigna destacó el apoyo de la OCP y la participación en el proceso del Instituto Nacional de Rehabilitación, de Sanidad Policial y del Sistema de Atención Integral de las personas privadas de libertad, de la Administración de Servicios de Salud del Estado, funcionarios penitenciarios, personas privadas de libertad y sus familiares.
“Tuvimos la oportunidad de encontrarnos y dialogar y recoger las experiencias y las vivencias de familiares de algunas de las personas fallecidas, eso fue extremadamente interesante porque es parte de la población afectada por las consecuencias perversas del encierro y cuya voz muchas veces queda invisibilizada. Las consecuencias del castigo trascienden en mucho a las personas que están encarceladas, en este caso, las personas que fallecieron bajo custodia y afectan a familias, barrios, comunidades“, expresó Vigna.
También recordó que los objetivos del proyecto fueron generar y sistematizar información desde una perspectiva social, sanitaria y médico-legal respecto de las muertes bajo custodia en 2021, darle visibilidad a la temática, elaborar recomendaciones y colaborar en el desarrollo de acciones tendientes a minimizar la incidencia del fenómeno.
La investigadora señaló que las muertes bajo custodia dan cuenta del “nivel de punitividad que tenemos como sociedad, cuán tolerantes somos frente al sufrimiento que impartimos a las personas que están privadas de libertad, cuán tolerantes somos frente a los niveles de homicidio, suicidio o muertes por enfermedades que ocurren en cárceles”. “Es como un castigo adicional que puede ocurrir dentro de los contextos de encierro y nos habla de cuán sensibles o insensibles somos como sociedad ante este fenómeno”, agregó.
Vigna señaló que, según los datos relevados, en 2021 ocurrió un salto en la cantidad de muertes bajo custodia con 86 fallecimientos, un 79% más que en 2020. “No sólo aumentó en términos absolutos, sino también términos relativos”, expresó y detalló que la tasa pasó de entre 360 y 400 muertes cada 100.000 internos a más de 600 cada 100.000.
Por otra parte, mencionó algunas dimensiones cualitativas encontradas según el tipo de muerte y señaló que la población que comete suicidio en cárcel se diferencia bastante del resto de las personas que fallecen bajo custodia, teniendo una mayor incidencia en personas jóvenes, primarias y con ingresos recientes. También mencionó la existencia de dificultades del sistema para lidiar con casos en los que hubo previos intentos de autoeliminación, la falta de capacitación e instrucciones para el abordaje, la primacía de una visión securitaria y las dificultades en el acceso a salud mental.
En el caso de los homicidios, se observó en algunos establecimientos “importantes niveles de violencia en la dinámica cotidiana que está ampliamente naturalizada en el contexto penitenciario” y una “falta de intervenciones sistemáticas” y carencias de atención de salud luego de la agresión y ante el uso problemático de drogas.
Vigna destacó la debilidad de los sistemas de información, la escasez de programas e intervenciones sistemáticas para la prevención de la violencia y las dificultades de acceso a la salud.
“Somos un país que continúa confiando en el encarcelamiento como medida casi única frente al conflicto penal, lo cual nos lleva a tener la tasa de encarcelamiento más alta de América del Sur”, expresó.
Por su parte, las profesora adjuntas Natalia Bazán Hernández y Malvina Revetria de la Facultad de Medicina presentaron algunos casos paradigmáticos y recomendaciones para la prevención.
Bazán señaló que de las 86 muertes ocurridas en 2021, 52% fueron muertes violentas y 37% ocurrieron sin un factor externo que las ocasione, mientras que en 9% de los casos no se contaba con información suficiente para su clasificación.
Sobre ese punto, Bazán calificó como “inaceptable” la cantidad de muertes indeterminadas y agregó que es algo “fácilmente solucionable” si se brinda información sobre los casos. Dentro de las muertes violentas, en 2021 47% fue homicidios, 38% suicidios, 9% accidentes y en un 6% de los casos no se pudo determinar la causa.
En cuanto a las muertes por problemas de salud, Bazán detalló que en 44% de los casos se debió a causas infecciosas, 22% oncológicas y 9% por razones cardiovasculares, además de otras enfermedades, y 9% fueron indeterminadas.
“Cuando hablamos de muertes naturales no significa que no haya habido una falta grave en la producción de esa muerte”, señaló Bazán, y agregó que la preocupación debe ser mayor si se considera la juventud de la población afectada.
Malvina Revetria señaló la responsabilidad del Estado de proteger la vida de las personas privadas de libertad, que la muerte bajo custodia es “potencialmente ilícita” y que la negativa del Estado a brindar información “fortalece la presunción de su responsabilidad”. Además, recordó que las personas privadas de libertad “gozan de los mismos derechos del resto de los usuarios del sistema de salud”.
Entre las recomendaciones presentadas por Revetria se encuentra la de implementar un carné de salud penitenciario, mejorar la calidad de la salud penitenciaria a través de controles en salud y enfermedad durante el período de reclusión y, particularmente, durante el primer año de reclusión, cuando existe mayor riesgo de muerte, accesibilidad oportuna a los servicios de salud y contar con una historia clínica única y accesible.
Además, planteó que cualquier persona privada de libertad que tenga una patología crónica debería ser valorada por una Junta Médica que se exprese sobre el lugar donde debería estar alojada y bajo qué condiciones. Otra de las recomendaciones es que se ofrezca a las personas privadas de libertad autorizar el acceso a su historia clínica a su defensa, el comisionado parlamentario y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, bajo secreto profesional.
Otra propuesta fue la implementación de un sistema de auditorías de todas las muertes en un cierto plazo. “Lo que nos pasaba era que el análisis se realizaba mucho tiempo después de ocurrida la muerte y se perdía información”, señaló. También plantearon la realización de una investigación para los casos de negligencia institucional o cuando las causas de la muerte no puedan ser determinadas.
Revetria planteó que es necesario tener la historia clínica para realizar el informe y destacó la importancia de poder asegurar el derecho de las familias a conocer la causa de la muerte de la persona privada de libertad, con base en un protocolo. Otra de las recomendaciones fue la de generar un grupo de apoyo a los familiares de las personas fallecidas para guiarlos y contenerlos en el duelo.