El presidente de Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU), Leonardo Méndez, dijo a la diaria que el proyecto de Rendición de Cuentas que está a estudio de la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados fue recibido “con sorpresa” por parte de los magistrados, porque no tiene ningún incremento en el gasto.
Méndez señaló que de los tres artículos que el Ejecutivo propuso para el Poder Judicial, ninguno implica un gasto y sólo se destinan 22 millones de pesos que habían quedado pendientes de cobro de hace al menos dos años para el pago de cargos de defensores de oficio, que ya habían sido creados, y para evitar el cierre de juzgados de paz, luego de que el Poder Judicial alcanzara un acuerdo para retroceder en su intención de cerrarlos.
“Va a llegar a un punto en que no vamos a poder cumplir con nuestros cometidos”, sostuvo el juez, quien destacó que este año la Suprema Corte de Justicia, para elaborar su presupuesto, tomó integralmente las pretensiones presupuestales de la AMU. “Este año vamos a defender en todos sus términos el mensaje que envió la Corte”, agregó.
Méndez dijo que hace más de una década que el Poder Judicial debe funcionar con el mismo presupuesto, más allá de algunos refuerzos puntuales. “Tenemos que crear un tribunal de apelaciones de Familia porque está habiendo un cuello de botella impresionante en las apelaciones de Familia, eso sale un poco más de 24 millones de pesos por año”, señaló.
El juez agregó también que existe la necesidad de crear cargos de jueces letrados suplentes y jueces de paz suplentes para poder cubrir licencias por enfermedad y reglamentarias, además de crear la posibilidad de que las juezas puedan tener licencia por maternidad, algo que les está vedado en la práctica.
“La realidad es que las colegas a los tres meses vuelven al horario normal, porque yo no puedo parar una audiencia y que vaya otro juez”, señaló Méndez.
Por otra parte, agregó que está pendiente la actualización de la prima para capacitación que no se actualiza desde 2013 y la readecuación de los salarios, que culminaría con el desfasaje generado en 2011. “Eso va a quedar para 2026, van a pasar cuatro administraciones y 15 años”, advirtió.
Méndez lamentó que se destinen más de 40 millones de pesos para generar la primera instancia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), con dos juzgados que a su vez tampoco tienen previsto recursos para su funcionamiento.
“No quiero desmerecer la necesidad de la reforma del TCA, pero estamos pidiendo a gritos plata para la aplicación de la ley de género, que seguimos sin tener los recursos suficientes, nos meten la ley de corresponsabilidad de la crianza con una reducción de plazos impresionante que no se sabe cómo se van a cumplir”, expresó.
“Convengamos en que quien está haciendo un recurso administrativo está bastante mejor parado que la pobre mujer que va por un tema de violencia de género a un juzgado, son prioridades que no entendemos”, afirmó.
Méndez dijo que los jueces están “muy alarmados” con esta situación y que en esos términos se preparan para ser recibidos por la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda. “Si se piensa gastar 40 millones de pesos, que se destinen a prioridades más acuciantes”, agregó.
La Rendición de Cuentas enviada al Poder Ejecutivo dispuso para el Poder Judicial los artículos 341, 342 y 343. El artículo 341 modifica mínimamente la descripción de los cargos que, según el artículo 510 del presupuesto quinquenal (1985-1990), están exceptuados de la dedicación total obligatoria, que se podrá definir en el momento de la asunción.
El artículo 342 incrementa en 6.681.000 pesos las partidas para financiar 18 cargos de defensores de oficio, nueve que se crearon en 2023 y otros nueve que comenzarán en 2024. La creación de esos cargos fue establecida en la anterior Rendición de Cuentas (Ley 20.075). El artículo 343, en tanto, designa el monto de unos 16 millones de pesos, que el Ejecutivo tenía pendiente desde 2021, para evitar el cierre de juzgados de paz en el interior del país.