La defensa de José Peirano en Asunción, Guillermo Duarte, recibió esta semana los antecedentes judiciales de Peirano en Uruguay, lo que será la base para solicitar el archivo de las causas por las que es investigado, al considerar que en la Justicia uruguaya ya cumplió, por los mismos hechos, con las penas que eventualmente podría tener en el proceso paraguayo.
Peirano tiene dos causas abiertas en Paraguay, una iniciada por el Banco Central de Paraguay, en la que se investigan maniobras fraudulentas contra los ahorristas del Banco Alemán, y la otra iniciada por los ahorristas del Fondo Mutuo Banaleman, en una maniobra que alcanzaría los 40 millones de dólares.
En la causa Banaleman, la fiscal Yolanda Portillo había pedido el archivo por extinción de la acción, una de las dos vías que tiene el sistema paraguayo para dejar sin efecto la persecución penal, pero el abogado querellante presentó un recurso que aún no ha sido definido. A su vez, Portillo fue trasladada de sede, por lo que el nuevo fiscal, Silvio Corbeta, deberá definir si mantiene o no la posición de su antecesora.
A su vez, la Justicia definió una ampliación del plazo para investigar, que vencía el 30 de julio, concediendo hasta el 30 de setiembre para que las fiscalías se pronuncien por los dos casos. Duarte informó a la diaria que está preparando el escrito para pedir el archivo de las dos causas apelando al criterio de oportunidad de la fiscalía. Peirano está cumpliendo arresto domiciliario en un apartamento de Asunción, algo dispuesto por el juez penal de garantías de 4º turno, Raúl Florentín, quien consideró un certificado médico elaborado en Uruguay, firmado por el Dr. Leonardo Hekimian, en el que consta que sufre una afección cardíaca, algo que también es mencionado en los documentos de extradición realizados por la Justicia uruguaya.
La Justicia paraguaya determinó la prisión domiciliaria como medida cautelar y el pago de una fianza de un millón de dólares por cada causa, que fueron depositados en el Banco Interfisa.
En la causa del Banco Alemán, Peirano es acusado de participar en la desviación de 19 millones de dólares, y se lo investiga por los delitos de conducta indebida en situaciones de crisis y lesión de confianza.
El delito de conducta indebida está previsto en el artículo 175 del Código Penal paraguayo y prevé penas de hasta cinco años de penitenciaría para quien “elaborara o modificara balances de tal manera que esto dificulte conocer su estado patrimonial real, omitiera elaborar el balance de su patrimonio o el inventario en el plazo establecido, o en el tráfico mercantil utilizara resúmenes falsos o distorsionados del estado real de sus negocios o patrimonio”, entre otras conductas tipificadas.
En tanto, el delito de lesión de confianza, establecido en el artículo 192, tiene una máxima de cinco años que puede llevarse a diez en casos graves y está previsto para quien, “en base a una ley, a una resolución administrativa o a un contrato, haya asumido la responsabilidad de proteger un interés patrimonial relevante para un tercero y causara o no evitara, dentro del ámbito de protección que le fue confiado, un perjuicio patrimonial”.
En la causa del Fondo Alemán, Peirano es investigado por los mismos delitos, a raíz del desvío de 40 millones de dólares de los ahorristas. Si bien se trata de dos causas distintas, los fondos del Banaleman funcionaban en el mismo edificio que el Banco Alemán y fueron abiertos a partir de una definición del Poder Ejecutivo paraguayo, a través de la Comisión Nacional de Valores, que habilitó al grupo Peirano a invertir fondos de ahorro mutuo en el extranjero, algo que estaba expresamente vedado por la normativa.