La fiscal especializada en Estupefacientes de 1° turno, Mónica Ferrero, pidió la formalización del proceso contra la abogada Mercedes Acosta y otras tres personas, que fueron detenidas este viernes en el marco de la Operación César, que investiga una organización criminal vinculada a la falsificación de documentos jurídicos, según informaron a la diaria fuentes allegadas a la investigación.
Este sábado a las dos de la tarde será la audiencia de formalización de las personas detenidas, entre las que se encuentra Acosta, la abogada del narcotraficante Juan Antonio González Bica, quien se fugó a finales de agosto tras romper la tobillera en una prisión domiciliaria, la esposa del prófugo y un estudiante de abogacía que se hacía pasar por médico.
La decisión será tomada por la jueza especializada en Crimen Organizado de 2° turno, María Helena Mainard, quien fue la jueza que aceptó la domiciliaria como medida cautelar para González Bica, a pedido de Acosta.
Juan Antonio González Bica fue detenido el 12 de junio de 2022, en el marco de la Operación Pitágoras, en la que se incautaron 423 kilos de cocaína y pasta base que trasladaban en una falsa ambulancia por la ruta 8 desde Cerro Largo a Montevideo.
La causa fue iniciada a partir de una denuncia realizada el jueves por el comisionado parlamentario para cárceles, Juan Miguel Petit, luego de constatar la existencia de varios documentos que simulaban ser informes del Comisionado Parlamentario, solicitando traslados y cambios en las medidas cautelares o en las condiciones de reclusión.
En rueda de prensa, el Comisionado Parlamentario informó que tras conocer la existencia de un informe apócrifo se reunió con la jueza Mainard. “Fuimos a observarlo en el juzgado y es un documento absolutamente falso que ni siquiera tiene nuestra firma, pero tiene textos sacados de documentos nuestros, documentos probablemente presentados en otros escritos, en nuestra página web o en informes que hemos elevado al Parlamento”, señaló.
Petit informó también que este viernes se reunió con la fiscal Ferrero con la que detectó al menos tres casos de informes falsificados del comisionado y se continúa investigando para saber si hay otro tipo de documentos falsos.
“Todo indica que hay varios expedientes que podrían estar afectados por falsificaciones de diverso tipo”, expresó, y agregó que los hechos muestran “una organicidad criminal muy importante” con una “capacidad de daño” sin precedentes.
En cuanto al tipo de documento que se falsificó, Petit señaló que se encontraron documentos que simulan ser un recurso Amicus Curiae, donde ante determinadas situaciones de vulnerabilidad de las personas privadas de libertad, el comisionado se presenta al juzgado para pedir un régimen diferente a la privación de libertad, todo fundamentado a través de informes técnicos y médicos que en estos casos también fueron falsificados.
Consultado sobre la verosimilitud de los documentos, Petit dijo que “podían sonar a auténticos” y resaltó que existió “una organicidad, una inteligencia para delinquir que da una señal de alerta a todas las instituciones”. “Es algo muy preocupante porque se ha afectado no solo el funcionamiento de la Justicia, sino de otras instituciones, ojalá que se pueda aclarar y a partir de eso tomar todas las medidas de prevención”, agregó.
Por su parte, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, se refirió al caso señalando que se está investigando el involucramiento de abogados y médicos en la organización y pidió que se “revise” la situación de otra persona imputada por narcotráfico que también se encuentra con medidas alternativas a la prisión, monitoreado con tobillera.
“Esto abona la tesis de que los jueces no se pueden quedar únicamente con el certificado que la defensa presenta, sino pedir las historias clínicas para que no mientan sobre enfermedades para eludir la seguridad de una prisión. Se tiene que pedir la historia clínica para probar si la enfermedad existe”, expresó.