El senador del Frente Amplio (FA) Charles Carrera realizó un pedido de informes para conocer las razones por las cuales en la última Rendición de Cuentas, aprobada en noviembre de 2023, se excluyó a las empresas de logística y de movimiento de mercaderías que operan en zona francas de la obligación de informar operaciones sospechosas ante la Unidad de Inteligencia del Banco Central del Uruguay (UIAF).
En diálogo con la diaria, Carrera señaló que el artículo ingresó en el último momento de la discusión de la Rendición de Cuentas –cuando estaban en debate otros puntos del proyecto de ley– y que no fue votado por los legisladores del FA.
Además, señaló que la iniciativa fue propuesta por el Ministerio de Economía y Finanzas sin consultar a las autoridades del Banco Central ni a la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), según pudo averiguar en el momento de la discusión.
“¿Cuál fue el fundamento para impulsar esta disposición en la Ley de Rendición de Cuentas? ¿Por qué no se hizo un nuevo informe de Evaluación de Riesgo a la luz del año 2023 y se basaron en uno viejo de 2014? ¿Por qué no se consideró el agravamiento que hubo en los últimos años en materia de narcotráfico y lavado de activos antes de proponer una norma de esta envergadura? ¿Se consultó por parte del Ministerio de Economía y Finanzas a la Senaclaft, al Ministerio del Interior y a la UIAF antes de proponer esta norma?”, plantea el senador en el pedido de informes.
Carrera hizo hincapié en la necesidad de fortalecer las normas de prevención de lavado de activos, más en momentos en que Uruguay “está siendo epicentro del narcotráfico regional” y punto de partida de la droga desde el Río de la Plata a Europa.
En ese sentido, señaló que una de las empresas beneficiadas por el cambio de normativa fue la empresa que resultó involucrada en la última incautación de cocaína, que fue enviada en noviembre, desde el puerto de Montevideo al puerto de Amberes (Bélgica). Las 2,16 toneladas de cocaína viajaron en un contenedor con budines y alfajores, pasó como tránsito por Zonamérica y no fue detectado por el escáner de la Dirección Nacional de Aduanas.
“En el último momento de la discusión de una ley ómnibus, esto fue promovido por alguien y beneficia a alguien”, agregó el senador, quien recordó que cuando se dio la discusión en el Parlamento, el FA consultó al expresidente de la Senaclaft Ricardo Gil, quien dijo que no era recomendable hacer cambios en la normativa, que estaba comenzando a generar buenos resultados.
Uno de los argumentos planteados por el Poder Ejecutivo para defender la exclusión de las empresas de logística en zonas francas, fue que sólo eran obligadas a reportar a las autoridades antilavado las empresas que funcionaban en zonas francas, generando una situación de desigualdad con las empresas del mismo rubro que operaban en puertos y aeropuertos, que no eran alcanzadas por la normativa.
“No se ha demostrado en la Evaluación del Riesgo Nacional de 2014 que materialmente exista un riesgo inherente en materia de lavado de activos mayor en las zonas francas que en los recintos portuarios y aeropuertos libres por lo que no se justifica la discriminación”, señalaron.