El comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, elaboró un documento de “respuestas posibles ante el incendio del módulo 4 del Comcar”. Relató los hechos: el miércoles 25 de setiembre, en un “incidente violento”, seis personas fueron asesinadas y una séptima fue herida de gravedad luego de ser atacadas con fuego y cortes carcelarios por otros presos con los que compartían sector.
Para Petit, “se trató de un acto criminal de violencia extrema que obliga a una profunda reflexión y análisis para la toma de decisiones sobre la realidad del sistema carcelario y su transformación”.
El caso es investigado por la Fiscalía de Homicidios de segundo turno, a cargo de la fiscal Mirta Morales. El comisionado, “siguiendo los lineamientos del Protocolo de Minnesota, referido por las Naciones Unidas como guía para la investigación de las muertes en custodia, también presentó denuncia en Fiscalía, como hace con todos los casos de muertes de personas privadas de libertad, ya que todos deben ser investigados en profundidad en sus diversas dimensiones”.
“Todo indica que los fallecidos fueron atacados por un grupo de internos a raíz de un tema de la convivencia que los enfrentaba”, afirmaron desde el equipo del comisionado en el documento, a la vez que dijeron que “cabe señalar que los funcionarios reaccionaron con prontitud y responsabilidad en cuanto se enteraron de lo que ocurría, y que el propio director de la cárcel rompió con una maza la pared de la celda lindera tratando de rescatar a quienes pensaba que estaban con vida, ya que la puerta de la celda no podía abrirse”.
“Por razones obvias de seguridad y para no interferir ni en la investigación fiscal ni en la situación carcelaria presente, no detallaremos sobre lo acontecido mientras avanza la investigación del caso y se llega a una resolución”, señalaron. Desde la oficina del comisionado enviaron recomendaciones “reservadas y confidenciales a las autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). Recordaron además que en diciembre en el mismo módulo había ocurrido un incendio de similares características, que también había derivado en un séxtuple homicidio.
“La catástrofe ocurrida donde perdieron la vida personas que estaban cumpliendo una pena y por tanto, en lenguaje coloquial habitual, ‘pagando sus cuentas con la sociedad’, tuvo como marco un módulo con hacinamiento crítico, donde se aloja el doble de la población para la cual hay espacio y donde no más del 10% de los internos recibe o participa de alguna actividad relevante de rehabilitación o accede a un patio al aire libre de forma regular”, dijo Petit, quien resaltó que “el módulo es por tanto expresión del desborde del sistema penitenciario nacional, cuya población ha aumentado a un ritmo mucho mayor que los recursos necesarios para una atención adecuada”.
Llevará varias administraciones
Petit citó a Boris Cyrulnik, “conocido como el ‘padre de la resiliencia’ y sobreviviente de la II Guerra Mundial”, quien “habla de ‘dar sentido a lo sin sentido’ para lograr alguna forma de reconstrucción”. “Ante el golpe de la muerte que no debió haber ocurrido, el desafío de los actores institucionales es aportar elementos que si bien no llenan el vacío que deja el impacto súbito de la oscuridad, pueden igualmente aportar luminosidad a la vida y al futuro”, afirmó.
Siguiendo a Cyrulnik, no existe una “tecla mágica” o “farmacopea salvadora” para “evitar episodios de violencia como el ocurrido, siendo el único camino para evitar la violencia dentro de la cárcel y en la comunidad avanzar en la transformación del sistema carcelario”. “Debido a la superpoblación se entremezclan trayectorias de vida y perfiles muy diversos, en una cantidad que desborda la posibilidad de tratamientos socioeducativos, generándose, por la falta de asistencia y tratamiento, una alta reincidencia, o sea, nuevos delitos”, advirtió.
Petit aseguró que “seguir avanzando en la transformación del sistema penitenciario hasta llegar a un sistema que sea plataforma de integración y ciudadanía llevará varias administraciones, por lo que lograr ciertas sintonías básicas sobre el rumbo a seguir –tanto entre las bancadas parlamentarias como entre los poderes del Estado y las instituciones concernidas– es fundamental para sostener innovaciones –muchas de ellas en curso– que consoliden un rediseño de la sanción penal. Esto es, tanto para las medidas privativas de libertad (cárcel) como para las no privativas (medidas alternativas)”.
Más presos, más cárceles
Uruguay es el décimo país del mundo con mayor cantidad de presos per cápita. Por el sistema carcelario pasan más de 26.000 personas presas por año, según datos del comisionado. “Este ha sido el resultado de una tendencia de largo plazo de acumulación de políticas de endurecimiento de penas y de subutilización de medidas alternativas que han redundado en procesos de prisionización masiva y que han presionado la persecución y la dosimetría penal hacia determinados delitos pero sin un correlato de inversión suficiente para el tratamiento e intervención sobre los factores que los han provocado”, afirmó.
“Uruguay sí ha realizado en los últimos 20 años grandes inversiones en la construcción de cárceles y de nuevas plazas penitenciarias, casi triplicando su capacidad locativa nominal”, resaltó Petit. En 2005 había poco menos de 5.000 plazas carcelarias. Para setiembre de 2024, se alcanzan casi 13.500. Petit advierte que aun si hubiera esa cantidad de presos, Uruguay seguiría disputando el primer lugar de América del Sur en cuanto a su tasa de prisionización.
“Teniendo esto en cuenta, la situación global de hacinamiento crítico, con 120% de sobreocupación, no parece ser el resultado simple de un déficit de construcción de plazas, sino más bien de la alta prisionización de los conflictos y problemas sociales, en un sistema penitenciario sin condiciones suficientes para la intervención para la rehabilitación”, indicó.
¿Por qué tantos presos en los últimos 20 años?
“¿Por qué Uruguay ha recorrido en los últimos 20 años este camino de alta prisionización?”, cuestionó. Aventuró que es “una pregunta abierta al debate y el aporte, e involucra dimensiones de políticas de infancia, familia, educación, administración de justicia, empleo, juventud, salud mental y consumo de sustancias. Pistas para responder la pregunta hay varias. Lo que sí parece indudable es que, cualquiera sea el nivel de prisionización que el país decida tener, deberá estar acompañado de recursos operativos y edilicios que aseguren el tratamiento socioeducativo, que es la finalidad de la sanción penal”.
“Si se mantiene tal cual el modelo de alta prisionización de las últimas décadas, se necesitarán ingentes recursos presupuestales, de infraestructura y logísticos para que funcione adecuadamente y no genere diversas formas de violencias, intracarcelaria o en la comunidad. La otra alternativa es paulatinamente ir virando hacia un modelo que –siendo complementario de las políticas sociales generales– se vaya afincando en las medidas alternativas, la asistencia pospenitenciaria y programas de tratamiento potentes orientados por una vigorosa y nueva institucionalidad del sistema”, afirmó.
Más cárceles no es la solución
Según Petit, “pese a la situación global de sobrepoblación y hacinamiento crítico, paradójicamente, existen cientos de lugares libres en el sistema que no se utilizan por inhabilitación o por falta de trabajo socioeducativo (rehabilitación) con las personas para su acceso a procesos de progresividad en el sistema para ocupar esos lugares”. “Esto es claro al analizar la información oficial del INR, que señala las unidades o módulos que tienen espacios disponibles”, expresó.
Entonces, el comisionado entiende que “el hacinamiento en buena parte del sistema no parece ser un problema de falta de construcción de plazas”. “La situación de hacinamiento crítica que tiene el sistema desde hace años se debe más bien a una combinación de un déficit de inversión en políticas de rehabilitación, unido a carencias en la promoción de políticas de alternativas al encarcelamiento”, manifestó, y agregó que “esos cupos no pueden hoy usarse, por la falta de personal y [de] materiales para hacerlos operativos”.
La conclusión a la que se arriba –a la que, destaca, han llegado distintos organismos nacionales e internacionales– es que “la construcción de plazas no es un camino de solución de la problemática, más allá de la reposición de plazas inhabilitadas o destruidas que sea necesario reconstruir o renovar”.
“En otras palabras: la construcción de nuevos locales es buena cosa para sustituir edificios y espacios deteriorados o inadecuados al tiempo actual, y también para adecuar el sistema a un nuevo funcionamiento de progresividad”, señaló, pero dijo que “el desafío central para bajar la violencia social sigue siendo transformar el sistema hacia una modelo de menos prisionización, mayor eficiencia socioeducativa en la privación de libertad y fortalecimiento de los mecanismos alternativos, de trabajo pospenitenciario y de reforma institucional planteados”.
La necesidad de un diagnóstico
“Una acción posible es implementar un diagnóstico personalizado de los espacios superpoblados con equipos técnicos y de seguridad itinerantes, que puedan definir planes de tratamiento y generar progresividad, o sea movimientos dentro del sistema hacia los espacios menos ocupados”, sugirió Petit.
Para el comisionado, “sin duda la demografía penitenciaria también está influida por el aumento de los delitos, las normas penales y las capacidades estatales de persecución”. “Una interrogante es cómo puede impactar sobre ella la evolución de las políticas sociales. Es deseable que estas acciones, que son el contexto donde se desarrolla ese subcapítulo de política social que llamamos política criminal, continúen avanzando, ya que son la esencia del Estado social que ha sido nota distintiva de Uruguay desde inicios del siglo XX. Y quizás sean una de las llaves para alcanzar mayores niveles de desarrollo”, remarcó.
Resultados de la interpelación
Para Petit, la interpelación que la Comisión Permanente del Poder Legislativo hizo al ministro del Interior, Nicolás Martinelli, dejó, “muy positivamente, varios puntos que parecen centrales en la hoja de ruta a seguir y que establecen líneas básica sobre las cuales las administraciones de turno podrán establecer diversos énfasis y prioridades, pero sin dejar de contar con ellos como referencias del rumbo: medidas alternativas, trabajo y asistencia pospenitenciaria personalizada, aporte por diversas vías administrativas de la sociedad civil (organizaciones no gubernamentales y empresas), ampliación de la cobertura de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), programas de salud mental y asistencia al consumo problemático de sustancias, fortalecimiento y rediseño institucional del INR, medidas alternativas”.
El comisionado destacó que la declaración final, con algunos puntos apoyados por todos los partidos políticos, “abrió la puerta para la realización de ‘medidas administrativas de urgencia’, recomendación parlamentaria que bien puede agilitar los procesos de compra y contratación de servicios u obras en los espacios más complejos y volátiles del sistema penitenciario, en particular en los módulos de la Unidad 4 del INR [Comcar]”. También señaló “el apoyo a la contratación de técnicos para tratamientos de rehabilitación, la formación del personal penitenciario, el equipamiento del personal y la formulación de un protocolo que dé garantías en los espacios de visita a infancias y adolescencias”.
El “Libro blanco”
Petit afirmó que “un paso alentador ha sido la realización de un ‘Libro blanco’ para el sistema penitenciario, realizado por el Ministerio del Interior con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo”. Destacó que este, “en un proceso plural, participativo y profesional, ha recogido insumos de muy diversos actores e instituciones, por lo que esperamos con expectativa que sus conclusiones y planteos sean de utilidad para el próximo período legislativo y de gobierno”.
Resarcir a las víctimas y sus familias
Finalmente, el comisionado entiende que “hay una clara relación entre lo ocurrido y la situación de hacinamiento y falta de tratamiento del sistema carcelario y de ese módulo en particular”, por lo cual “el Estado debe resarcir a las víctimas”.
Recordatorio de las recomendaciones del informe de 2023
Para terminar, el documento vuelve a reiterar las recomendaciones formuladas a raíz de otro episodio de violencia con fuego ocurrido en el mismo módulo en diciembre de 2023, también con un saldo de seis homicidios.
Las recomendaciones, que se enumeran nuevamente, apuntan a dar mayor autonomía de gestión a los módulos, pues tienen el tamaño de una cárcel, cumplir los regímenes de patio, ingresar organizaciones externas que brinden actividades, llevar a cabo planes de tratamiento con cada interno, fomentar la progresividad y circulación dentro del sistema, impulsar el funcionamiento colaborativo de los grupos de delegados, aumentar significativamente la presencia de ASSE, refaccionar uno de los patios grandes de la planta baja como espacio deportivo polifuncional, mejorar los locales de visita, seguir mejorando la alimentación e incrementar la presencia del sistema educativo mediante el aumento de los cupos disponibles con más agentes educativos públicos o privados.