Los criminólogos Emiliano Rojido e Ignacio Cano hace tiempo que trabajan en cuestiones asociadas a la violencia letal en América Latina. Entre 2015 y 2016 hicieron un mapeo de programas de prevención de homicidios en este continente; ahora, junto a Doriam Borges, hicieron una evaluación, que fue presentada este martes, sobre lo que funciona y lo que no para reducir la violencia letal en América Latina y el Caribe. La titularon “¿Qué funciona para reducir los homicidios en América Latina y el Caribe? Una revisión sistemática de las evaluaciones de impacto”.
En la presentación internacional, el criminólogo brasileño Borges indicó que América Latina y el Caribe son las regiones más afectadas por los homicidios en el mundo. Según el experto, hace diez años que se dedican esfuerzos al análisis de esta problemática. “Al mirar la realidad de América Latina, sería esperable ver una respuesta de los gobiernos en respuesta a los homicidios. No obstante, los estudios revelan lo contrario: son pocos los esfuerzos para paliar la cantidad de homicidios y suelen ser copias de programas europeos que no consideran las características de la región”, según el mapeo de políticas de prevención de homicidios que hicieron antes los investigadores.
Para llegar a la investigación sobre qué funciona y qué no para bajar los homicidios, los autores hicieron una revisión completa de evaluaciones que estiman el impacto de los programas de reducción de homicidios en América Latina y el Caribe. Siguen estos criterios: la variable dependiente debe ser el número o la tasa de homicidios; las evaluaciones deben considerar intervenciones o programas en los que se haya podido medir su posible impacto sobre la reducción de homicidios, aunque no fuera este su objetivo primario; el diseño de la evaluación debe ser experimental o cuasi experimental, de modo que asegure un mínimo de rigor y validez interna. También hicieron una búsqueda de literatura, en la que consideraron estudios producidos o publicados hasta 2022.
Según Borges, “es muy importante tener un diagnóstico de la realidad local para poder pensar en programas realmente eficaces”. “Tenemos muchas experiencias de varios países de Europa y América del Norte, pero necesitamos evidencia de América Latina y el Caribe, y sobre todo hacer un diagnóstico local a la hora de hacer propuestas para reducir los homicidios”, recalcó.
El también criminólogo brasileño Cano señaló las categorías de los programas que se evaluaron: “Control de armas de fuego, abordaje de la violencia de género, control del consumo o la venta de alcohol, prevención situacional, prevención social, intervenciones policiales, intervenciones en el área de la Justicia criminal, integración de prevención social o situaciones y policial, militarización de la seguridad pública, municipalización de la seguridad pública, incentivo a denuncias”. Según señaló, Brasil es el gran laboratorio de las políticas contra la violencia, seguido por Colombia. Uruguay no figura entre los países que evalúan este tipo de políticas.
El investigador resaltó los desafíos para evaluar programas de evaluación de homicidios: la ausencia o fragilidad de la lógica del modelo o teoría del cambio; los cambios que afectan todo el territorio e impiden un grupo de control; los programas con múltiples estrategias en los mismos lugares; la distinta temporalidad de los efectos; un pequeño número de homicidios en el momento inicial; el desplazamiento espacial temporal del delito; la regresión a la media, después de momentos de muy alta incidencia; los cambios poblacionales, con expulsión de habitantes; y las alteraciones en las categorías o en los sistemas de registro.
Como limitaciones metodológicas de las evaluaciones, marcaron la escasez de estudios experimentales; la escasez de estudios experimentales; en algunas evaluaciones, las series temporales son cortas, sobre todo después de la intervención (se implementa un año, se evalúa al otro, se publica al siguiente); la variable dependiente central no se corresponde exactamente con la que es afectada por la intervención; en muchos casos se carece de medidas sobre variables intermediarias; en ocasiones, hay varias intervenciones o programas al mismo tiempo, pero la evaluación considera una sola propuesta; es raro contar con mediaciones del grado de aplicación del programa en cada localidad y/o con los criterios de selección de las localidades; en ausencia de experimentos, se adopta puntuación de propensión o control sintético, que tienen dificultades para generar grupos equivalentes; ocasionalmente, no existe un programa claramente definido y existe el riesgo de que el programa sea conceptualizado a posteriori, sobre la base de sus resultados; diversas evaluaciones encuentran resultados mixtos, pero son presentadas de forma global como positivas; algunas evaluaciones usan variables indirectas para medir la intervención; en algunos estudios evaluativos, la unidad de análisis de la intervención no coincide con la empleada en la evaluación, es decir, como faltan datos por barrios, por ejemplo, se evalúa el municipio completo.
“Hay una demanda por dar una receta, estamos todos hambrientos de historias de éxito, de intervenciones basadas en evidencia. Hay que tener cuidado con esa evidencia, porque cuando se dice que hay una evidencia puede ser muy frágil o puede haber tenido poca evidencia; no podemos caer en una lectura simplificadora de que tenemos una receta para enfrentar a los homicidios, porque es algo que tiene que ser focalizado a nivel local, teniendo claro cómo suceden, quiénes son las víctimas y los victimarios, por qué se dan”, enfatizó Cano.
El criminólogo uruguayo Rojido explicó las categorías de impacto que seleccionaron: funciona (demuestra reducir los homicidios), es promisor (aunque hay evidencia de que podrían reducir los homicidios, la evidencia no es determinante debido a la escasez de estudios o resultados contradictorios), no funciona (no hay vínculo con la reducción de homicidios), es contraproducente (en vez de reducir los homicidios, los aumenta), sin resultado concluyente (no hay evidencia suficiente para ser concluyente respecto de un resultado).
Para Rojido, “hay que hacer un uso cauteloso de estos resultados, porque lo que funciona en un lugar podría no funcionar en otro contexto”. “El homicidio es algo complejo y si no partimos de un diagnóstico local podemos correr el riesgo de que el programa no funcione”.
“Sobre todo estamos acostumbrados a escuchar [hablar de esto] en vísperas electorales”, dijo Rojido, quien manifestó que la evidencia disponible es que “la militarización provoca un aumento de la violencia letal, lo que significa que no es una intervención neutra sino contraproducente”. “Lo mismo sucede con el descabezamiento de grupos criminales, que incluyen la eliminación o incapacitación de líderes o cabecillas para la desarticulación de organizaciones criminales”, indicó. Las evaluaciones demuestran que hay un aumento de los homicidios a partir de estas estrategias, posiblemente por la disputa en el territorio, aunque estas propuestas “tanto atraigan a los políticos de nuestra región”.
“Tampoco funciona la entrega voluntaria de armas de fuego”, sentenció Rojido. “Esto nos pasa un mensaje interesante, porque es necesario trabajar sobre las armas de fuego pero, aunque sean interesantes, no están acompañadas sobre el impacto en los homicidios”, planteó. Tampoco funciona la “prevención social asociada a grupos vulnerables”. “Cuando trabajamos en homicidios, esta situación de vulnerabilidad está asociada a otras variables y no se agota en la vulnerabilidad social como cotidianamente la concebimos”, afirmó.
Respecto de las propuestas para reducir los homicidios, Rojido indicó que “muchas veces este tipo de propuestas no vienen de personas con sensibilidad social, tenemos que avanzar en términos instrumentales y poner la evidencia sobre la mesa”. “No sólo los resultados, sino cuánto sale”, deslizó. Por ejemplo, “cuánto sale tener un sistema carcelario que encierra en masa”. “Hay que discutir la calidad del gasto”, afirmó. “En el área de seguridad, y en particular sobre los homicidios, la calidad del gasto no está sobre la mesa y debería estarlo. Se necesita demostrar más la evidencia de que no es por ese camino”, afirmó Rojido.
En este sentido, afirmó que “venimos invirtiendo en más cárceles, aumentando el patrullaje sin indicaciones en las calles y no nos hemos encargado de reflexionar sobre lo que más hacemos y aquello en lo que invertimos más recursos”. “Hay programas que no están generalizados pero nos pueden dar luces; hay que aprender de lo que hacemos y saber que [las medidas] no va a funcionar siempre, en cada momento y en todo lugar”, planteó el criminólogo.
Rojido considera necesario mencionar a los facilitadores de la violencia, como son las armas de fuego. “Las armas de fuego en otros continentes tienen baja representación, pero en América Latina hay una incidencia muy alta” de ellas, señaló, y agregó que esto indica que “debería haber una agenda en este sentido”.
Finalmente, Cano respondió por qué nos matamos tanto en América Latina y afirmó que “las explicaciones son muy amplias”. “Van desde la desigualdad social, la impunidad, el contexto poscolonial, la masculinidad muy agresiva, la presencia de grupos criminales, la presencia de un narcotráfico muy violento”, detalló. “No hay una respuesta de por qué nos matamos tanto, pero todos estos elementos contribuyen a una posible explicación”, concluyó.
Qué programas funcionan y cuáles no, cuáles no sabemos, cuáles son promisores o contraproducentes
El informe presenta un resumen del impacto de las diferentes estrategias de intervención desde la política pública en lo que respecta al uso de armas de fuego, la prevención de la violencia de género, el control del consumo de alcohol, la prevención a partir de la recuperación de espacios urbanos, la prevención social, las intervenciones policiales, la intervención de la Justicia penal, la militarización de la seguridad pública, la municipalización de la seguridad pública y el incentivo a hacer denuncias.
Entre las estrategias que entienden que pueden tener un impacto positivo en la reducción de los homicidios se encuentra la limitación al porte de armas de fuego. Al respecto, fueron identificadas seis evaluaciones relativas a programas implementados en ciudades salvadoreñas y colombianas que tuvieron resultados positivos, aunque los investigadores advierten que “el efecto no se dio en todos los lugares ni en todos los momentos”, pero “se tuvo en cuenta que las evaluaciones de mayor calidad técnica arrojaron resultados positivos”.
Además, encontraron resultados positivos en las estrategias de intervención destinadas a la restricción de la venta de alcohol, aspecto en el que se analizaron siete evaluaciones de programas de restricciones de horario, cinco en municipios del estado de San Pablo, una en Bogotá y otra en Cali. En los casos colombianos, se relevaron datos que muestran que los horarios más restrictivos presentaban una reducción más intensa de la violencia letal y en todos los casos se asoció un alto riesgo de homicidios a la presencia de locales nocturnos de consumo de alcohol.
El tercer tipo de intervención que se considera funcional a la reducción de los homicidios es el patrullaje policial en áreas de alta incidencia de estos delitos. En este punto fueron analizadas cinco evaluaciones de un programa de patrullaje de Río de Janeiro, donde se encontró “un efecto muy significativo de reducción de los homicidios cometidos por la Policía en el ejercicio de su función”. “Este tipo de intervenciones parece funcionar, al menos en lo relativo a disminuir las muertes provocadas por la Policía, que en Río de Janeiro representan una proporción importante del total de homicidios”, señala el informe.
Otros programas fueron calificados como “promisores”. Entre ellos se cuenta seis evaluaciones de programas sobre limitación de armas, en su mayoría implementadas en el estado brasileño de San Pablo, donde encontraron resultados positivos en cuanto a la reducción de los homicidios, aunque los investigadores advierten deficiencias metodológicas, por lo que calificaron ese tipo de programa como “promisor”. También fueron consideradas en esta categoría las estrategias que apuntan a la integración de programas que combinan la prevención social, la prevención situacional –que consiste principalmente en la recuperación de espacios públicos– y la intervención policial en áreas de alta incidencia de homicidios. En ese caso se estudiaron 11 evaluaciones en programas de Brasil, en los que se encontraron resultados positivos en la reducción de homicidios, pero al no ser sostenidos fueron calificados de promisores.
Fueron consideradas promisorias las leyes de violencia basada en género para reducir los femicidios, a partir de la evaluación de la implementación de la denominada Ley Maria da Penha y su impacto en la violencia letal contra las mujeres en algunos casos estudiados en Brasil.
Otra políticas que se consideraron promisorias fueron las estrategias de patrullaje policial, donde una evaluación de un programa colombiano identificó una relación entre la reducción de los homicidios y las estrategias que apuntan a mejorar la investigación en estos delitos, a partir de una experiencia en Honduras, y las que apuntan a mejorar los sistemas de información criminal, a partir de un caso en Minas Gerais y otro en San Pablo.
Las estrategias que no funcionan son la prevención social para grupos vulnerables, respecto de las cuales se registró un incremento de los homicidios, aunque no pueda establecerse una relación causal entre ambos elementos y la entrega voluntaria de armas, en lo que los investigadores estudiaron cuatro intervenciones. Llegaron a la conclusión de que no es funcional a la reducción de los homicidios, aunque advierten que podría tener impacto en el largo plazo debido a la vida útil del tipo de armas que se entregaron en los programas estudiados.
Además, hubo dos programas que presentaron resultados contraproducentes para reducir los homicidios. Uno de ellos fue el patrullaje del Ejército. Se evaluaron dos programas, uno en Colombia y otro en México, que arrojaron resultados contrarios al esperado, ya que se registraba un aumento de los homicidios en las zonas de intervención o en las aledañas.
“Aunque las evaluaciones se limitan a dos casos, la evidencia existente en este momento apunta a que la militarización de la seguridad provoca un aumento y no una reducción de la violencia letal”, señalaron.
Otra iniciativa contraproducente es el descabezamiento de grupos criminales. Dos estudios realizados en México detectaron un incremento de los homicidios asociado a disputas de poder causadas por la muerte del líder de alguna de las bandas. “Aunque sólo existen dos evaluaciones, la evidencia hasta ahora es clara en apuntar que la eliminación de los líderes de los grupos criminales puede generar más violencia”, expresaron.