Lucía Arzuaga, integrante del grupo de 28 mujeres que en octubre de 2011 realizó una denuncia por tortura y violencia sexual por parte de la dictadura, informó que el grupo, que ya tuvo algunas instancias de audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, decidió presentar una denuncia contra el Estado ante ese organismo para que evalúe la posibilidad de que su caso sea tratado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tal como ocurrió con la desaparición de María Claudia García de Gelman, los asesinatos de Diana Maidanik, Silvia Reyes y Laura Raggio y las desapariciones de Luis Eduardo González González y Óscar Tassino.
Sobre esta denuncia, Arzuaga explicó que desde hace un año están buscando presentarse ante la Comisión, pero el trámite se demoró porque los diferentes procesos de apelación de las decisiones judiciales por parte de los denunciados les retrasó el acceso al expediente, que necesitan para fundamentar la presentación.
Arzuaga participó en la Reunión Regional de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que se realizó en Bogotá a fines de febrero sobre la Justicia transicional.
La ex presa política dio testimonio de cómo fue el proceso desde la dictadura hasta ahora en cuanto al vínculo con la Justicia, y recordó que realizó la denuncia en 1985, al regreso de la democracia, pero un año más tarde se reglamentó la Ley de Caducidad. “Eso impidió investigar, denunciar y juzgar a los responsables de los delitos cometidos durante el terrorismo de Estado”, señaló.
En 2011, con la ley interpretativa de la Ley de Caducidad, se abrió la posibilidad de avanzar con la causa. “Ahí pudimos aspirar de vuelta al reconocimiento de la verdad, a la reparación y a juzgar a los responsables”, comentó, por lo que decidieron presentar la denuncia colectiva.
Arzuaga lamentó que, transcurridos 12 años de la denuncia, en los que fallecieron tres de las 28 víctimas, la causa no haya avanzado. “De los más de 100 denunciados, sólo hay dos condenados. No hemos obtenido justicia”, agregó.
Durante su presentación, planteó que las víctimas que realizaron la denuncia fueron detenidas entre 1972 y 1983, pertenecen a diferentes organizaciones políticas y gremiales y fueron detenidas tanto por militares como por policías, en diferentes zonas del país, lo que muestra la coordinación estatal existente detrás de esa violencia.
“Nosotras recibimos un doble castigo, porque habíamos roto con el rol que esa sociedad nos había asignado de madres y esposas y por militantes. La violencia sexual ejercida contra las mujeres durante el terrorismo de Estado no fue fundamentalmente para obtener información sino que fue para degradar, humillar e inferiorizar a las mujeres por transgresoras”, expresó.
Por otra parte, Arzuaga se refirió a la decisión del Estado uruguayo de limitar el cobro de la indemnización reparatoria como víctimas de terrorismo de Estado según los ingresos de las víctimas, y lo comparó con la clasificación de la ciudadanía por parte de la dictadura. “Así como la dictadura clasificó a los ciudadanos de este país en categorías A, B y C, los gobiernos democráticos también clasificaron a las víctimas quitándoles el derecho de la reparación de acuerdo al sueldo que ganaban o si fuimos restituidas de un cargo público. La reparación como tal no se realizó en este país”, afirmó.
Arzuaga dijo que para las víctimas lo más importante es el reconocimiento de la verdad y señaló que no existió ningún acto público. Recordó que durante la inauguración del memorial de las ex presas políticas, en la plaza Las Pioneras, no participó ningún representante del gobierno nacional.
Tras la presentación del caso en la reunión regional, el Alto Comisionado estudiará el caso para evaluar si realiza recomendaciones al Estado uruguayo.