El diputado del Partido Nacional Álvaro Viviano se reunió este miércoles con la fiscal Alicia Ghione, luego de que su nombre fuera mencionado en la causa que investiga al exsenador Gustavo Penadés por delitos sexuales, según informó el legislador a la diaria.
La reunión fue pedida por el diputado el martes luego de que trascendiera que era parte de la investigación. El nombre de Viviano se maneja en la causa desde la difusión de las escuchas telefónicas de los secretarios de Penadés, dado que Ximena Portillo -una de las secretarias que declaró como testigo en la causa- fue pareja del legislador, pero no había trascendido hasta el sábado, cuando el periodista Gabriel Pereyra informó que Viviano era el legislador mencionado en la sentencia del Tribunal de Apelaciones, que confirmó la extensión de la prisión preventiva para el exlegislador.
“Quedan las declaraciones de personas muy cercanas a Penadés, esto en cuanto al entorpecimiento; es relevante que se tenga en cuenta Portillo [y] Tejera, eran sus colaboradores inmediatos, estos casos no fueron cerrados. Además, otra persona que tiene fueros es un legislador”, señalaba el fallo, que cita los argumentos de la defensa de las víctimas para reclamar la extensión de la prisión preventiva.
Viviano informó que durante el encuentro la fiscal ratificó que no había información relevante en la causa para investigarlo, tal como habían manifestado desde la Fiscalía luego de que se conociera la sentencia. “Fui preocupado por la situación en general, y la fiscal aprovechó para hacerme una suerte de consulta vinculada a la causa y su contexto, y confirmé que no estoy vinculado y que no hay razones para que esté sustanciado en la causa”, expresó.
Según supo la diaria, la fiscal Ghione consultó a Viviano por el vínculo entre Portillo y Penadés y si conocía al profesional denunciado luego de que se encontrara material perteneciente a la causa en el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), algo que fue negado por el legislador.
Este miércoles El País informó que el INAU denunció a la Fiscalía el hallazgo de documentos que presuntamente forman parte de la carpeta de investigación en un laptop institucional. La denuncia fue realizada por una directora de división, que ya declaró en la causa.
Fuentes allegadas al caso informaron a la diaria que se trata de un psicólogo que pertenece a Cabildo Abierto y que ocupó un cargo en el INAU, al que llegó a través del vicepresidente, Aldo Velázquez, contratado para hacer horas docentes en el Centro de Formación y Estudios del INAU hasta setiembre de 2022, posteriormente fue contratado en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente por Lucía Curbelo, donde fue desvinculado luego de que la Fiscalía recibiera la denuncia.
Una de las hipótesis que se maneja en la investigación es que el psicólogo utilizaba una herramienta de conexión remota que generó el acceso desde el laptop del INAU a la computadora personal del psicólogo, lo que explicaría por qué había información del caso, cuando el psicólogo dejó el organismo antes del inicio de la causa.
A todo esto, la Fiscalía continúa indagando para identificar a un hacker que habría formado parte de la trama generada por Penadés para deslegitimar a las víctimas con un equipo parapolicial liderado por el exdirector del Comcar Carlos Taroco y el exfuncionario del Parlasur Diego Cuiñas, por lo que ya fueron condenadas seis personas.
Por otro lado, la defensa de las víctimas insistió durante la audiencia de extensión de las medidas cautelares en el hecho de que parte de la investigación sobre la que resta profundizar es el involucramiento de los secretarios de Penadés, Portillo, Horacio Tejera y la funcionaria de la Corte Electoral Graciela del Vecchio. Hasta el momento, la Fiscalía convocó a declarar a Portillo en calidad de testigo, mientras que Del Vecchio y Tejera primero fueron convocados como testigos, pero luego la Fiscalía planteó que fueran investigados en la causa, lo que generó la suspensión de la audiencia.