La Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU) expresó su rechazo a la decisión de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de iniciar un sumario contra la jueza penal de segundo turno de San José, María Elbia Merlo, quien el 1° de junio de 2023 condenó a los militares retirados Francisco Macalusso y Rubens Francia por torturas en San José, ocurridas en el ex Batallón de Infantería 6 de San José, entre 1975 y 1978, contra 20 militantes de la Unión de la Juventud Comunista.
Pablo Macalusso, hijo del militar retirado, presentó una denuncia ante la SCJ contra la jueza Merlo, a la que le adjudica parcialidad en su accionar por intereses políticos a partir de una investigación que realizó sobre sus redes sociales.
Según supo la diaria, Macalusso presentó una ampliación de esa denuncia en la que menciona a la madre, dos hermanos, el hijo y tres sobrinos de la magistrada aportando fotografías y publicaciones en sus redes sociales con alusiones a favor de los expresidentes José Mujica y Hugo Chávez, el senador Óscar Andrade y la organización Madres de Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos.
Para Macalusso, eso deja en evidencia “la ideología que profesa su núcleo familiar más íntimo”, y señala que si bien está dentro de la “libertad de pensamiento de todas las personas”, eso “no puede confrontar con la independencia que debe tener todo juez”.
Consultado por la diaria, el abogado de Macalusso, Rafael Ravera, coincidió con la parcialidad de la sentencia, pero tomó distancia de la decisión de presentar la denuncia ante la SCJ, por entender que “no corresponde” la denuncia por basarse en datos obtenidos de las redes sociales de la magistrada y su entorno.
Al ser consultado sobre por qué no recusó a la jueza, Ravera dijo que, si bien piensa que la sentencia de primera instancia es “un disparate jurídico” y tiene la convicción de su parcialidad, no tenía ninguna prueba contra la jueza que justificara pedir su recusación. “Si la hubiera pedido, estaría haciendo lo mismo que ellos”, acotó.
El presidente interino de la AMU, Javier Gandini, dijo a la diaria que la decisión de la corte “es un hecho grave”, dado que se genera a partir de una investigación por parte de la familia del militar, que ingresó al perfil de la red social de la jueza –cuya cuenta estaba bajo pseudónimo y no era pública– a través de otra jueza que era amiga suya en Facebook. “La colega no tiene ninguna manifestación política en su Facebook y no hizo nada público. Nosotros tenemos prohibición de tener actividad política, pero no nuestra familia”, señaló Gandini.
“Lo grave es que no sabemos si no hubo otro tipo de investigación, no lo podemos asegurar”, afirmó y destacó la afección que significa para la jueza que sus familiares hayan sido investigados y tener que defenderse en un proceso administrativo.
“Una cosa es que nos investigue la Justicia, pero acá nos están investigando delincuentes condenados. Nos hacen una investigación sobre nuestra vida privada, y la familia y la corte le da trámite”, lamentó. La presidente de la SCJ, María Elena Martínez, fue la única que votó en contra del inicio del sumario.
La sentencia de la jueza Merlo fue ratificada por el Tribunal de Apelaciones en lo penal de primer turno en febrero de 2024, en una sentencia que modificó la tipificación de primera instancia coincidiendo con lo pedido por la fiscalía especializada en Crímenes de Lesa Humanidad y definiendo una condena a 12 años de penitenciaría.
Desde la SCJ, aclararon a la diaria que el sumario fue iniciado a raíz de la denuncia que hizo Macalusso referida a la actuación de la jueza en redes sociales, en noviembre de 2023, y que la información referida a los familiares de la jueza en redes sociales fue aportada en una ampliación de la denuncia, que Macalusso realizó el 14 de marzo.
*En una versión anterior de esta nota, decía que el sumario había sido iniciado a partir de la información contra los familiares de la jueza, cuando esa información fue aportada en la ampliación de la denuncia.