Las y los defensores públicos están en conflicto en reclamo de que no haya más vacantes en la Defensoría Pública. Piden “independencia ya” y entienden que “la Suprema Corte de Justicia (SCJ) no prioriza el acceso a la justicia”. En este sentido, cuestiona: “¿Justicia igual para todas y todos?”, y proclama que el acceso a la justicia es “responsabilidad del Estado”.
A partir de este conflicto, emitieron un comunicado en el que informan que se celebró una asamblea extraordinaria de la Asociación de Defensores de Oficio del Uruguay (Adepu), que fue convocada para evaluar las medidas a tomar “debido a las graves situaciones que padece la Defensoría Pública, en especial la existencia de cargos vacantes en todo el país”.
Plantearon que, “como es de público conocimiento, por Rendición de Cuentas del año 2022 –y por gestión de Adepu– se logró la atribución de 18 nuevos cargos de defensores públicos (por primera vez desde el año 2017 y sin que estos fueran solicitados por la Corte en su mensaje), lo que se implementaría de la siguiente manera: nueve cargos en el año 2023 y nueve cargos en el año 2024”. Según señalaron, “a raíz de las demoras en la ejecución de los mismos, en el año 2023 se adoptaron medidas gremiales, siendo una de ellas la declaración en conflicto en el mes de febrero, es así que se comienzan a designar a los primeros nueve defensores”.
Para evitar que este año suceda lo mismo, “desde el mes de mayo del año pasado la Comisión Directiva realiza gestiones tendientes a asegurar los cargos 2024”. La Adepu “da cuenta de la inexistencia de concursos suficientes que garanticen el nombramiento”.
Sin embargo, “si bien la SCJ en el mes de diciembre 2023 dispuso a qué ciudades del territorio nacional irían los nueve cargos, siendo 13 de junio, los mismos no se han cubierto”. “A esto debemos sumar la existencia de otras vacantes (por jubilaciones, renuncias y demás) que tampoco han sido cubiertas, ascendiendo en la actualidad a 20 vacantes aproximadamente”, acotaron.
Sugieren que todo esto está “aunado a la grave situación de sobrecarga de trabajo que padecemos en todas las defensorías del país, tenemos cargos que pueden ocuparse, pero no se hace por una falta de previsión: no existe concurso finalizado”.
Para la Adepu, “esta situación es producto directo de una mala o inexistente gestión, y de la desatención del servicio por parte de nuestras jerarquías”. “Luego de innumerables reuniones, en las que propusimos soluciones tendientes a resolver los problemas, que no han sido atendidos o han sido atendidos tardíamente, consideramos que se vieron agotadas las instancias de diálogo”, indicaron.
En este sentido, la Adepu tomó varias medidas. La primera es declararse en conflicto. La segunda es “llamar a la SCJ a audiencia de negociación ante el Ministerio de Trabajo para articular todas las reivindicaciones planteadas por Adepu”. La tercera es “no realizar subrogaciones fuera de la oficina (concretamente, en otras ciudades distintas a las que hemos sido asignados”. La cuarta es “no realizar tareas de colaboración con el servicio de abogacía de la SCJ” y la quinta es “autorizar a la directiva a tomar todas las medidas necesarias en el devenir del presente conflicto, declarándose ADEPU en estado de asamblea permanente”.