La Fiscalía General de la Nación determinó el inicio de un sumario a una funcionaria de la Fiscalía de Atlántida, en el marco de la investigación administrativa sobre la “desaparición” del audio en el que Sebastián Marset declaró ante la fiscalía sobre el homicidio de Alfredo Rondán, ocurrido en la rambla de Las Toscas el 14 de agosto de 2018, según informaron a la diaria fuentes allegadas al caso.
La decisión fue tomada por el fiscal sumariante Federico Oyhanarte luego de 11 meses de investigación interna, en la que declararon todos los abogados, fiscales y funcionarios que intervinieron en el caso. Marset fue absuelto en ese caso debido a sucesivos errores y omisiones que dejaron casi vacío el expediente, por lo que la fiscalía, luego de transcurridos dos años desde que se iniciara la investigación del homicidio, no tenía elementos para acusarlo.
La investigación sobre la actuación de los fiscales se inició a raíz de un pedido de acceso a la información realizado por la diaria en setiembre de 2023, en el que se pudo constatar que faltaba el archivo que contenía la declaración de Marset en la carpeta de investigación.
Marset declaró en agosto de 2018 ante la fiscal Darviña Viera por más de una hora. A pedido de la defensa de Marset, que llevaba adelante el abogado Iván Almeida, la declaración fue calificada de reservada y nunca fue entregada a la defensa de la víctima, que insistió varias veces en tener acceso a ella, pero siempre se le negó.
Fuentes allegadas al caso señalaron a la diaria que en esa declaración Marset pidió protección de las autoridades y mencionó algunos vínculos que tenía con la Brigada de Narcóticos, además de mencionar a dos personas vinculadas a Rondán que luego fueron asesinadas en un homicidio ocurrido en marzo de 2019 en Tres Ombúes, en Montevideo.
El teléfono de Marset fue quitado de las pericias y las imágenes de las cámaras, borradas
La “desaparición” del audio de Marset no fue el único obstáculo que encontró la investigación. Cuando la Fiscalía pidió la información sobre la ubicación de las antenas de todos los celulares involucrados en el caso, recibió una pericia en la que se había quitado el rastreo del número de Marset y se le atribuía al narcotraficante un número telefónico que en realidad correspondía a un testigo.
También fueron borradas las imágenes de las cámaras de seguridad de la casa de la víctima, que fueron ofrecidas por la familia de Rondán. La Policía concluyó que habían sido borradas en forma remota. Como consecuencia de ello, no fue posible obtener ninguna imagen del entorno del lugar de crimen, salvo la de una estación de servicio que beneficiaba la defensa de Marset.
Marset y la Brigada de Narcóticos
“Se me avisó ayer por la tarde que me arrimara a la Brigada de Narcóticos y me dijeron que había ocurrido eso [el homicidio de su amigo]. Me dijeron si quería ir a declarar, no fue que me detuvieron”, aclaró Marset ante el juez Enrique Falco durante la audiencia de control de detención.
Un documento reservado del Sistema de Gestión de la Seguridad Pública (SGSP) del Ministerio del Interior, que forma parte del expediente judicial, dejó constancia de que Marset se habría presentado el 15 de agosto ante la Brigada Antinarcóticos por supuestos “trámites de su interés” y que en ese momento fue notificado, tras una consulta en el SGSP, de que figuraba como requerido por el Departamento de Homicidios de la Jefatura de Policía de Canelones.
Por otra parte, uno de los investigadores del caso reconoció ante la fiscalía tener vínculos sociales con Marset, por lo que debió ser apartado del caso.
La fiscal Cristina Falcomer dejó constancia de la situación en el documento de archivo de la causa: “Todas las evidencias que en el inicio de la instrucción indicaban que Sebastián Enrique Marset Cabrera era el autor del homicidio de Alfredo Simón Rondán, existiendo semiplena prueba, con el transcurso del tiempo se fueron desvaneciendo”.