La jueza en lo penal de Crimen Organizado de segundo turno, Diovanet Olivera, amplió la imputación contra la socia fundadora de Conexión Ganadera Ana Iewdiukow, por un delito de lavado de activos en la modalidad de conversión y transferencia, y dispuso su prisión preventiva hasta el 10 de febrero.
Olivera tomó esa decisión tras cinco horas de audiencia en las que fue determinante la presentación por parte del fiscal especializado en Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, de dos nuevos elementos en la investigación penal: el hallazgo de un apartamento en Madrid a nombre de Pablo Carrasco y Ana Iewdiukow y la detección, por parte de una de las agencias de inteligencia española, de la apertura de una cuenta en el Open Bank, un banco 100% online del Grupo Santander, que fue abierta y cerrada el 29 de agosto de este año.
Los dos elementos fueron puestos en conocimiento de la defensa de Iewdiukow un día antes de la audiencia, cuando el fiscal Rodríguez presentó ante la jueza Olivera una solicitud de ampliación de un exhorto a España para profundizar en la información sobre esos elementos aportados a la fiscalía en el marco de la cooperación internacional.
Lo primero que se discutió en la audiencia fue la pertinencia de la ampliación de la formalización por estafa que pesa sobre Iewdiukow desde julio de este año por un delito de lavado de activos en la modalidad de conversión y transferencia.
La jueza coincidió con el fiscal Rodríguez en que los 13 giros enviados a España desde la cuenta de Carrasco constituyen evidencia suficiente para comenzar una investigación por el delito de lavado de activos. Rechazó, además, los argumentos de la defensa de Iewdiukow –que llevan adelante Jorge Barrera, Marianella Melgar y Joaquín Toyos–, que se centró en plantear que la imputada utilizó el dinero por creerlo legítimo y en señalar que los balances de la empresa eran positivos cuando se realizaron los giros.
La defensa señaló que seis de los 13 giros fueron realizados a otras cuentas a España y no a la de Iewdiukow. El fiscal Rodríguez rechazó esta afirmación al considerar que Iewdiukow hizo usufructo del dinero transferido y que ese dinero procede de Conexión Ganadera, de “inversores que, confiados y engañados, seguían entregando su capital”.
Los giros fueron transferidos entre el 28 de junio de 2022 y el 26 de febrero de 2024 desde la cuenta de Carrasco a una de Iewdiukow en el banco BBVA en España y a otras de terceros en España. En total fueron girados 2.357.376 euros. La fiscalía tenía la información, aportada por la defensa de Iewdiukow, de que habían comprado un apartamento en Madrid por 1.182.713 euros, por lo que la convocó a declarar el 6 de octubre ante el fiscal Rodríguez para explicar el destino de los 1.174.662 euros restantes, que fueron detectados en dos informes de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay de junio y agosto de este año.
La discusión sobre la prisión preventiva, un nuevo apartamento y la apertura de una cuenta en España
Durante la argumentación a favor de la prisión preventiva para Iewdiukow, el fiscal Rodríguez señaló que en las últimas horas se envió la ampliación de un exhorto a España porque Inteligencia detectó la existencia de otro inmueble en Madrid, que habría sido adquirido por el matrimonio Carrasco, además de la apertura de una cuenta bancaria que fue abierta y cerrada el mismo día.
Fueron varias las discusiones jurídicas durante el debate. Una de ellas giró en torno a si, tal como argumentó la fiscalía, al omitir información sobre la existencia de los giros a España y el nuevo apartamento, Iewdiukow incurría en una forma de entorpecimiento de la investigación, o si esto formaba parte del derecho del imputado a no autoincriminarse, posición que sostuvieron la jueza y la defensa encabezada por Barrera.
“La sede a partir de lo que escuchó en esta audiencia entendió que corresponde hacer lugar a la cautela”, le dijo la jueza Olivera a Iewdiukow, quien permaneció casi sin moverse durante toda la audiencia y hasta la definición de su prisión preventiva, cuando comenzó a intercambiar comentarios con el abogado Toyos.
Olivera argumentó que ni la omisión de información ni la existencia de otro apartamento en Madrid configura un potencial entorpecimiento de la investigación, pero sí lo es la apertura de la cuenta bancaria. “Usted tiene el derecho a guardar silencio; ese derecho no podemos violentarlo, no podemos basar el peligro de entorpecimiento de la investigación en su omisión de decirle al fiscal que eventualmente habría adquirido un apartamento o abierto una cuenta en este banco”, señaló. En cuanto al apartamento, Olivera explicó que no ve cómo podría, estando en arresto domiciliario, intentar vender el apartamento sobre el que hay un pedido de embargo. “Pero cuando llegamos a lo de la apertura de la cuenta, ahí sí”, dijo, y explicó que esto se detectó “con posterioridad a haberse adoptado la medida” de prisión domiciliaria, lo que, según la jueza, “quiere decir que la medida menos gravosa no fue suficiente”.
“Lo que se pretende salvaguardar es un proceso con el que se arribe a un juicio justo”, señaló la jueza. “No era lo que pensaba primariamente cuando entré a la audiencia [...] pero, ante los hechos que el fiscal anunció en esta audiencia, están dados los elementos para imponer la medida cautelar”, afirmó.
Durante la solicitud de revisión de la decisión de la jueza, Barrera reclamó que se mantuviera la prisión domiciliaria mientras se confirma la existencia de esa cuenta y señaló que se trata de un error de la fiscalía. “Si esa cuenta se abrió el 29 de agosto, cuando llegue el exhorto me voy a allanar a prisión preventiva”, ofreció, pero sus consideraciones no fueron tomadas en cuenta por la jueza, ante lo cual el abogado anunció que apelará la decisión, tanto en lo referente a la formalización por lavado de activos como a la prisión preventiva.