La fiscal suplente de Delitos Sexuales de tercer turno, Isabel Ithurralde, presentó este miércoles su acusación contra el exsenador nacionalista Gustavo Penadés por 20 delitos sexuales, y Sebastián Mauvezín, quien contactaba a muchas de las víctimas, por siete delitos de contribución a la explotación sexual de menores.
En su acusación, la fiscal solicitó la pena máxima de penitenciaría contra el exsenador, que son 16 años, y tomó en cuenta las denuncias presentadas por 13 personas, diez de ellas menores de edad al momento de los hechos, que tenían entre 13 y 17 años. Además, la fiscal tuvo en cuenta que Penadés promovió la organización de un grupo que llevó adelante inteligencia ilegal, en el que participaron policías y otros funcionarios públicos, algunos de ellos condenados, como el exdirector del Comcar Carlos Taroco, para descubrir la identidad reservada de la mayoría de las víctimas.
Ithurralde solicitó como penas accesorias la reparación patrimonial para cinco víctimas por un monto equivalente a 12 ingresos mensuales del condenado, como se dispone en el artículo 80 de la Ley Integral contra la Violencia Basada en Género (19.580). También pidió que se lo incluya en el Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales y que se lo inhabilite a trabajar en cualquier actividad que implique “trato directo con niñas, niños o adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia por un plazo de diez años”. Para Mauvezín, que se desempeñaba como profesor de Historia previo a ser detenido, la fiscal pidió siete años de penitenciaría y las mismas penas accesorias. En su caso, la reparación económica se estableció para el caso de cuatro víctimas.
La fiscal sostuvo que Penadés “abusaba sexualmente de menores de edad, a quienes ofrecía y pagaba dinero o comida a cambio de sexo. Para su fin sexual, contactaba a los adolescentes de diversas formas, por redes sociales, o en la calle, u otros lugares como parques públicos, invitándolos a subir a su auto”. Por su parte, Mauvezín fue catalogado como un “intermediario”, quien “los captaba” y “se relacionaba con adolescentes en diversos lugares, o a través de redes sociales como Instagram o Whatsapp, invitándolos a tener un encuentro con Penadés a cambio de dinero, ofreciendo en algunos casos otros premios como formar parte de un campeonato de fútbol, que en realidad no existía”.
La fiscalía señala que Penadés “recogía a chicos menores de edad en la zona de 18 de Julio y del parque Batlle y hacían reuniones en Maldonado o en otros departamentos; algunos de estos chicos salían de lo que hoy es el INAU y no tenían dónde ir”. Penadés los llevaba a hoteles o a su casa, donde abusaba sexualmente de ellos. En varios casos se apunta que la forma de contacto con los adolescentes fue similar. Mauvezín se acercaba a adolescentes que estaban jugando al fútbol y les ofrecía jugar un campeonato de fútbol, pero para eso les decía que tenían que salir con Penadés y que él les pagaría.
“Para que los adolescentes aceptaran someterse a actos sexuales, el imputado Penadés se aprovechaba de sus vulnerabilidades, les ofrecía comida y dinero, dado que son adolescentes de recursos escasos”, se advierte en la acusación. Al ingresar a los hoteles, los hacía sentarse atrás o reclinar el asiento para que las cámaras de seguridad no los registrara, dado que eran menores de edad. Luego abusaba sexualmente de ellos y, si se negaban a continuar, les decía que debían presentar a un amigo, al que tenían que proponerle “un negocio por plata”. De esta forma, Penadés abusó sexualmente de cuatro amigos, de entre 13 y 17 años.
Entre los tres mayores de edad, dos de ellos denunciaron haber sido golpeados y abusados sexualmente por Penadés. El tercero, un policía que por entonces tenía 19 años, denunció que mientras patrullaba a pie Penadés le ofreció “hacer una changa” mientras se tocaba los genitales y, tras su negativa, lo comenzó a seguir con el auto.
La fiscal también busca que Penadés sea condenado por la investigación parapolicial que promovió para identificar a las víctimas. “Penadés conocía algunos datos de jóvenes con quienes se relacionaba, pero no recordaba el nombre completo de todos ellos, no conocía sus domicilios ni tenía forma de ubicarlos, razón por la cual inició esta investigación paralela. Es así que comenzó a intercambiar nombres y datos con alguno de sus secretarios, para luego hacérselos llegar a quienes armaban la investigación ilegal”, se advierte.
“De esta forma, se trató de localizar a estos jóvenes con la finalidad de amenazarlos u ofrecerles dinero para que no declararan o lo hicieran falsamente. Algunos de ellos se encontraban recluidos en el Instituto Nacional de Rehabilitación, donde fueron ‘apretados’ por funcionarios de la referida institución, como forma de entorpecer la investigación”, se advierte por parte de la fiscal.
Tras la presentación de la acusación fiscal, la defensa de Penadés y Mauvezín tiene un plazo de 30 días para responder. Luego comenzará la etapa de control de acusación en la que las partes debatirán sobre qué pruebas ingresarán al juicio y se reproducirán las declaraciones anticipadas tomadas a los denunciantes. Además, la fiscal propuso que se tome testimonio a 54 personas durante el juicio oral y público.