Este martes, la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de tercer turno, que encabeza Gilberto Rodríguez, acordó un nuevo proceso abreviado enmarcado en la causa que investiga maniobras para desviar dinero del Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción (Fosvoc). Así, la funcionaria Stella Rey fue condenada a una pena de dos años y cuatro meses de penitenciaría por ser la encargada de realizar 193 transferencias irregulares durante 2024, lo que se sumó a otras tres condenas por el mismo esquema a mediados de junio.
En ese contexto, este miércoles la diaria Radio recibió a Óscar López Goldaracena, abogado del Fosvoc. En primera instancia, el abogado se refirió a Rey y dijo que “era la encargada de realizar las transferencias bancarias para el pago de sueldos”, por lo que “tenía las claves para el manejo de las cuentas y era una persona de confianza”. A raíz de una licencia, sus suplentes detectaron “transferencias raras” que desencadenaron una auditoría y se constató que “a lo largo de 2024 había realizado más de 190 transferencias”, por lo que se optó por denunciar con el encuadre primario de “apropiación indebida, estafa y asociación para delinquir”.
Sin embargo, a pesar de que el monto es de “un millón de dólares aproximadamente”, Goldaracena advirtió que “hay más desvíos”. “No se trata de todo el dinero; hubo maniobras anteriores y en 2023 una de las personas condenadas lo que hacía era fraguar solicitudes de partidas y beneficios extraordinarios que en aquel momento estaban autorizadas por el Fosvoc en su propio beneficio”, afirmó, por lo que estimó que habría otro millón de dólares en desvíos previo.
El abogado reparó en la maniobra de Rey y la describió como un “círculo”. Dijo que “realizaba transferencias a diferentes cuentas de terceros”, que cuando recibían ese dinero “lo transferían a otra cuenta, la de uno de los autores intelectuales, que está preso”. Así, parte de ese dinero que salía ilegalmente eventualmente volvía a Rey, porque “el autor intelectual le transfería una especie de comisión por el servicio”. Se trata de un beneficio personal directo de cuatro millones de pesos entre abril y noviembre de 2024.
“Todavía no podemos dar por cerrada la causa. Las personas que recibieron las transferencias están todas indagadas, pero las investigaciones todavía no han sido formalizadas. Entiendo, de acuerdo con los avances que surgen de forma reservada, que hay elementos de convicción más que suficientes para que en las próximas semanas se proceda con formalizaciones y eventualmente juicios abreviados contra los participantes”, reafirmó. Su cifra, además de Rey y los tres condenados anteriores, según pronosticó, es de unos diez implicados “pendientes”, de los cuales, “con los elementos que uno maneja, hay cuatro o cinco personas que tendrían que ser formalizadas y eventualmente condenadas con mucha claridad”.
“Entiendo que la causa no se puede cerrar y estoy absolutamente convencido de que en las próximas semanas puede haber novedades, y seguramente va a haber novedades, porque los elementos que uno ha valorado concluyen que hay elementos de convicción más que suficientes para continuar”, reiteró al respecto.
Finalmente, el fiscal Gilberto Rodríguez dijo en su momento que la idea de que parte del dinero desviado iba para el financiamiento del Partido Comunista del Uruguay (PCU) y del Sunca apareció “de manera bastante sólida”. Sobre las derivaciones políticas del caso, Goldaracena aclaró que “no hay que descartar ninguna hipótesis de investigación”, pero “en materia judicial uno se tiene que manejar con la evidencia y no con los rumores”.
“Recuerdo el juicio, recuerdo las declaraciones del fiscal. Aquel, en realidad, fue un juicio abreviado y no hubo un juicio oral en donde el juez y todos los operadores puedan apreciar cuáles son las pruebas que se diligencian. En base a dichos que pudo haber manifestado una persona se pueden generar hipótesis, pero no afirmaciones”, cerró.
La ruta del dinero
Goldaracena cree que es necesario seguir la ruta del dinero para reparar al Fosvoc, que se nutre con aportes de trabajadores y empresarios del sector, pero “eso lo tiene que definir el fondo”. En su visión, “quien comete un daño tiene que repararlo”, y una de las formas es “ver a dónde fue el dinero”.
“Se trata de dinero aportado por los trabajadores en beneficio de los trabajadores que fue apropiado ilegítimamente. Lo que tenemos que buscar es que no sólo las personas responsables vayan presas, sino que se repare el daño, un elemental principio del derecho”, acotó.
Según reconstruyó, el día de ayer unos 300.000 pesos –lo que quedaba en la cuenta de Rey– fueron confiscados y “van a pasar, en virtud de la sentencia, a la Junta Nacional de Drogas”. Reiteró, sin embargo, que “dentro de los ítems” está “la prioridad de reparar a las víctimas”, por lo que “debe ser analizado si parte de ese dinero volverá al fondo”.
Consultado sobre por qué la maniobra logró mantenerse oculta de la dirigencia del Fosvoc y de otras autoridades, el abogado recordó que “el principal responsable es nada menos que quien era mandamás del fondo en ese momento”, en relación a Bruno Bertolio, exdirigente del Sunca y expresidente del Fosvoc, condenado en junio, que “ordenaba y manejaba toda la madeja delictiva”. También señaló que, durante el juicio de este martes, “la encargada [Stella Rey] admitió haber instruido que no se hicieran conciliaciones bancarias ni proporcionaba los datos para el balance o se demoraba en entregarlos a la contadora”.