La Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU) se declaró en conflicto ante la “insuficiencia presupuestal” prevista para el Poder Judicial. En un comunicado, la asociación puntualizó que “las asignaciones propuestas no cubren las necesidades mínimas para sostener el servicio jurisdiccional con estándares adecuados”.
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) había solicitado 44 millones de dólares para 2026 y, sin embargo, el Ejecutivo le destinó tres millones, 6,5% de lo solicitado. La negociación se trasladó al Senado, que a fines de noviembre deberá aprobar el proyecto presupuestal, y, por lo tanto, será la cámara encargada de reasignar partidas.
En ese contexto, los magistrados plantearon que “sin recursos suficientes no hay independencia y sin independencia no hay justicia”. La jueza María Helena Mainard, que preside AMU, precisó, en diálogo con la diaria, que el reclamo del Poder Judicial es para brindar un “buen servicio” a la ciudadanía y, en ese sentido, añadió que “todo país democrático necesita una justicia fuerte”.
El pedido presupuestal del Poder Judicial contemplaba la creación de 24 juzgados especializados en violencia basada en género, así como recursos para la contratación de nuevos magistrados, defensores públicos y equipos técnicos especializados y la instalación de juzgados letrados en Ciudad del Plata.
Sin embargo, el Poder Ejecutivo asignó partidas solamente para la creación de dos juzgados especializados en violencia hacia las mujeres basada en género, para lo que se disponen unos 78 millones de pesos a partir de enero de 2027.
Mainard señaló que hace más de 30 años que el Poder Judicial mantiene prácticamente el mismo presupuesto mientras que “el trabajo aumenta día a día”. Señaló que, si bien el trabajo más visible es en materia penal, los juzgados “funcionan en las materias de penal, laboral, civil, concurso, crimen organizado”. “Hay un montón de especialidades dentro de lo que es el Poder Judicial que se vienen manejando con un presupuesto que está previsto para el siglo pasado”, sentenció.
La presidenta de AMU afirmó que lo que pidió la SCJ es lo “esencial para poder seguir funcionando y brindar un buen servicio”. En ese sentido, señaló que la violencia en materia de género ha aumentado significativamente en los últimos años y los juzgados especializados no dan abasto, ya que hay solamente ocho a lo largo del país.
En el interior, por ejemplo, los juzgados acumulan todas las competencias, y en Montevideo no hay juzgados de violencia de género y los casos son liderados por los juzgados de Familia Especializados, que atienden situaciones de urgencia en materia de geńero y violencia doméstica.
“La materia que vemos más complicada es la de [violencia de] género y de menores en situación de riesgo, que también es competencia de esos juzgados. Entonces, no se pidió caprichosamente 24 juzgados especializados en violencia de género, es lo mínimo que se necesita para brindar el servicio que corresponde”, apuntó.
Otro tema fundamental para los jueces es la seguridad en las audiencias, que hoy “no existe, es nula”. Mainard señaló que, por ejemplo, en la Oficina Penal Centralizada en Montevideo, donde funcionan la mayoría de los juzgados penales, no hay policías. “Estamos expuestos, ninguna persona va a un juzgado feliz. No han pasado grandes cosas, pero han pasado cosas, quizás no tan graves para que se les preste atención”, señaló.
Al respecto, la AMU propuso a los integrantes de la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda del Senado que un determinado porcentaje de la tasa que se cobra en el registro de testamentos se destine a la seguridad de los jueces, pero la respuesta fue negativa.
Por otra parte, la asociación se volverá a reunir en asamblea el 15 de noviembre y analizarán si toman otras medidas, además de declararse en conflicto.