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Alejandro Berrutti y María José Argenti, el 4 de diciembre, en el Juzgado de Juan Carlos Gómez.

Foto: Rodrigo Viera Amaral

Dispusieron medidas limitativas contra socios de Portfolio Capital

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El fiscal Gilberto Rodríguez planteó que hubo movimientos de dinero al exterior días después de haber informado a sus accionistas que no podían cumplir con las obligaciones.

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l juez especializado en Crimen Organizado de primer turno, Fernando Islas, dispuso medidas limitativas para los socios fundadores de Portfolio Capital, Alejandro Berrutti y María José Argenti, a pedido del fiscal de Delitos Económicos Gilberto Rodríguez, según informaron a la diaria fuentes allegadas al caso.

Isla dispuso la fijación de domicilio, cierre de fronteras y retención del pasaporte para Berrutti y Argenti, mientras continúa la investigación. La audiencia había comenzado el martes, pero fue suspendida porque los abogados de la pareja, Gonzalo Fernández y Marcelo Domínguez, advirtieron que no habían tenido un adecuado acceso a la carpeta de investigación.

Durante su intervención, el fiscal Rodríguez planteó la existencia de movimientos bancarios en mayo, días después de haber informado a sus accionistas que no podían cumplir con las obligaciones, debido a “presiones” sobre el sector y el hecho de que casi no se registraron renovaciones por parte de los inversionistas, tras la caída de Conexión Ganadera en diciembre de 2024.

Según información publicada por el periodista Eduardo Preve y confirmada por el fiscal Rodríguez, la investigación penal determinó que la pareja vendió la casa donde vivía en Carrasco y giró al exterior parte del dinero.

A nivel concursal, a mediados de julio el juez letrado de Concurso de 1° Turno, Leonardo Méndez, decretó el concurso necesario de Oro Rojo SA y Reina Vaca SA, ambas empresas que integran el grupo económico de Porfolio Capital, que tiene un pasivo estimado en 15 millones de dólares.

Según dijeron fuentes vinculadas al caso a la diaria, la sindicatura que sustituyó la administración de las empresas tiene como plazo hasta el 22 de diciembre para expedirse sobre la verificación de créditos de los acreedores y, por lo tanto, determinar cuántos damnificados reclamaron ante el juzgado. También existe la posibilidad de que se pida una prórroga.

En mayo de este año, la empresa informó a sus inversores —que se estima que son 400— que no podía hacer frente a los pagos correspondientes. Los acreedores compraban acciones a la empresa y, en su mayoría, tenían contratos a cinco años. Ese dinero se invertía en ganado y se pagaba entre un 6% y un 9% de interés anual.

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