Este lunes se realizó una nueva sesión de la audiencia de control de acusación del caso que investiga los asesinatos de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw, la desaparición de Manuel Liberoff y Washington Barrios y decenas de crímenes cometidos por militares uruguayos en Argentina, en el marco del Plan Cóndor.
La causa también investiga otras decenas de violaciones a los derechos humanos perpetradas por represores uruguayos en Buenos Aires, entre ellas, la privación de libertad de Gabriela Schroeder, Victoria Barredo y Máximo Barredo y la supresión de estado civil de Macarena Gelman y Mariana Zaffaroni.
En la audiencia, luego de que la Fiscalía culminó de leer la acusación, la defensa de las víctimas, que lleva adelante el abogado Pablo Chargoñia, destacó el cumplimiento del derecho de las víctimas a la Justicia. “La acusación que se está realizando en esta audiencia es una forma de satisfacción del derecho humano de la víctima, como la indagatoria de la Fiscalía General de la Nación. Somos conscientes todos de que es una satisfacción tardía, por varias circunstancias de orden político ya conocidas”.
“Cada una de estas acciones responsabilidad del Estado autoritario de la época, particularmente en los años 74 a 76, estuvo rodeada de un discurso falso, de esos que suelen llamarse inteligencia militar, en una descripción de hechos que no se correspondía con la verdad material de los hechos y la verdad material histórica también es un derecho de las víctimas y es un derecho de la sociedad en su conjunto”, afirmó Chargoñia.
En tanto los abogados de los militares plantearon varios recursos, uno de “cosa juzgada” por entender que los hechos ya fueron investigados por la Justicia durante la causa que condenó a Juan Carlos Blanco y Juan María Bordaberry por el asesinato de Zelmar Michelini y Gutiérrez Ruiz, donde los mandos militares y policiales fueron excluidos por la vigencia de la Ley de Caducidad.
Además, presentaron un recurso de oscuro libelo, que refiere a deficiencias en el planteo de los hechos que se investigan y en la falta de claridad en la descripción de los hechos que se imputan a los acusados. En diálogo con la diaria, el abogado del Centro Militar, Emilio Mikolic, señaló que la Fiscalía “no fue clara” en la descripción de los hechos y agregó que no corresponde unir todos los hechos que se investigan en una misma causa. “Entendemos que este juicio debió ser fraccionado en tres o cuatro procesos distintos”, expresó.
La audiencia fue presenciada telemáticamente por los acusados, Jorge Pajarito Silveira y Ricaro Conejo Medina desde la Unidad 8 de Domingo Arena y de José Turco Arab desde su casa, donde cumple arresto domiciliario.
Perciballe pidió una condena de 30 años para Arab, por 12 delitos de homicidio, dos delitos de desaparición forzada, dos delitos de sustracción de menores, dos delitos de supresión y suposición de estado civil, cuatro delitos de rapiña y reiterados delitos de privación de libertad, abuso de autoridad contra los detenidos y lesiones graves.
También pidió la condena a 22 años de penitenciaría de Silveira por dos delitos de homicidio, dos delitos de sustracción de menores, dos delitos de supresión y suposición de estado civil, reiterados delitos de privación de libertad y abuso de autoridad contra los detenidos y lesiones graves.
Por último, solicitó la condena de Medina a diez años y seis meses de penitenciaría por dos delitos de sustracción de menores, dos delitos de supresión y suposición de estado civil, un delito de rapiña, nueve delitos de privación de libertad, dos delitos de abuso de autoridad contra los detenidos y dos delitos de lesiones graves.
La próxima sesión de la audiencia de control de acusación será el próximo 24 de febrero y se estima que el proceso de control de acusación, que es la etapa previa al juicio y en la que se define el objeto del juicio y qué evidencias documentales y testimoniales se aceptarán como prueba en el juicio oral, se extienda al menos hasta abril.