El exsenador frenteamplista Charles Carrera presentó una denuncia ante el Ministerio del Interior (MI) para que se investigue el accionar del equipo de jurídica y de la Dirección de Asuntos Internos, en el marco de la causa judicial que lo investiga por un presunto abuso de funciones cuando era director general de Secretaría de la cartera.
En la denuncia dirigida al ministro Carlos Negro, a la que accedió la diaria, el exlegislador planteó que una vez que tuvo conocimiento de que estaba siendo investigado por la fiscal especializada de Delitos Económicos de segundo turno, Silvia Porteiro, solicitó acceder a la totalidad de las actuaciones que realizaron las autoridades del MI previo a presentar la denuncia en su contra, en agosto de 2022.
Según Carrera, luego de recibir los antecedentes judiciales y administrativos, pudo advertir “una evidente animosidad” que llevó a los funcionarios a “brindar información incompleta y falsa” con el objetivo de perjudicarlo, y la violación de “las exigencias mínimas de buena fe procesal planteando posturas incompatibles en diferentes procesos”.
En primer lugar, el exsenador cuestionó la diferente postura que tuvo el Departamento Contencioso del MI durante el juicio civil que promovieron Víctor Hernández y su familia contra el MI en 2016, y la denuncia penal que presentó la cartera en 2022. “Lo llamativo es que los escritos presentados en una sede y en la otra contienen manifestaciones no ya disímiles, sino directamente incompatibles sobre los mismos puntos”, advierte Carrera. El exsenador sostuvo que no es “consecuencia” de que hayan actuado distintos funcionarios en las dos instancias, sino que “increíblemente” el equipo jurídico a cargo es el mismo.
Durante el juicio civil promovido por Hernández, quien fue víctima de una bala perdida, presuntamente disparada desde la casa de un funcionario policial en La Paloma en noviembre de 2012, el equipo jurídico del MI argumentó que la entrega de 20.000 pesos en tickets alimentación y la asistencia médica brindada en el Hospital Policial se basaron “en razones pura y exclusivamente humanitarias”, que de ninguna manera implicaron el “reconocimiento de responsabilidad”. Se agrega, además, que se trató de una “conducta garantista, munida de buena fe”, que se desarrolló mientras se llevaron a cabo las investigaciones tanto penales como administrativas.
En cambio, en la denuncia presentada en 2022, cuando estaba Luis Alberto Heber al frente del MI, el equipo jurídico argumentó que con ese accionar Carrera había “cometido un delito, que entre otras cosas exige el dolo de perjudicar a la administración o a los particulares”. “¿Cómo es posible que la institución denunciante sostenga, concomitantemente, versiones tan incompatibles?”, señala el exsenador.
El segundo planteo en el que se centra la denuncia de Carrera es el accionar de la Dirección de Asuntos Internos. El exsenador relata que, una vez que tomó conocimiento de la denuncia en su contra, pudo advertir que Asuntos Internos era la dirección que había trabajado en la investigación previa para la realización de la denuncia penal y al mismo tiempo se había desempeñado como auxiliar de la fiscal Porteiro.
“A mi juicio, en este caso, la fiscalía no puede tener como auxiliar principal de la investigación a esa unidad, ya que de esa forma sólo podría reforzarse un sesgo persecutorio, contrario a la exigencia de objetividad”, sostiene Carrera.
El exlegislador remarcó que la actuación de Asuntos Internos estuvo “viciada” y puso como ejemplo que la dirección informó a la fiscalía que no había norma o reglamento que habilite a civiles a ser atendidos en el Hospital Policial y, si bien informó que existen excepciones, mencionó un “elenco cerrado” de situaciones, cuando la defensa de Carrera maneja que se atienden 150 casos por año.