La jueza de Fray Bentos de tercer turno Selva Siri prorrogó las medidas cautelares contra los militares en la causa que investiga torturas en el Batallón de Infantería 9 de Fray Bentos contra 11 personas entre 1980 y 1984. El caso investiga torturas contra Aníbal Lapunov Velichcov, Hugo Ademar González Sierra y Ricardo Bozinski Schevzov en 1980, y contra Pires da Silva, Esteban Balachir Podchibiakin, Carlos Alberto Jacina Leiba (hoy fallecido), Pedro Marseñuk Romañuk, Juan Chimailov Robkin, Roman Klivsov Luchilin y Basilio Jacina Oljovsky en 1984.
En la audiencia de este lunes, la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad pidió la prórroga de las medidas dispuestas a los militares imputados, que consisten en cierre de fronteras, fijación de domicilio, presentación ante la seccional policial, prohibición de acercamiento a 500 metros de las víctimas y uso de tobillera electrónica, a excepción de dos imputados que esgrimieron razones de salud. Las medidas, que estaban vigentes hasta el 13 de abril, fueron prorrogadas por 120 días.
Durante su intervención, la Fiscalía señaló que, a su juicio, los riesgos procesales “se mantienen y son mayores” porque ya se está en la etapa de control de acusación, cerca del juicio, y los imputados conocen cuáles son las evidencias que la Fiscalía pretende llevar al juicio oral. “Existen elementos de convicción suficientes que permiten presumir que existe una sospecha grave del entorpecimiento de la investigación, de peligro de fuga y riesgo para la seguridad de las víctimas”, sostuvieron.
En cuanto al entorpecimiento de la investigación, la fiscalía señaló que se está en una etapa avanzada en la que las defensas de los imputados tienen conocimiento de quiénes son los testigos. “La mayoría de las víctimas y testigos viven en el poblado de San Javier, el cual es muy pequeño y todos se conocen. […] Los imputados podrían influir en la declaración de las víctimas y los testigos, ejerciendo violencia sobre ellos […] logrando que las víctimas se nieguen a declarar y de esa forma entorpecer la investigación”.
Además, consideró que existe peligro de fuga por el tipo de delitos que se les imputa y la pena pedida por la fiscalía en la acusación fiscal. “Los imputados son jubilados que perciben muy buenos ingresos y tienen medios para abandonar el país”, agregaron.
Sobre el riesgo de seguridad para las víctimas, argumentaron que “los imputados pueden atentar contra ellas en virtud del modus operandi que han ejercido, teniendo la Justicia el deber de proteger las mismas”.
Ante eso, las defensas de los militares decidieron no oponerse a la prórroga de las medidas, pese a no compartir los argumentos de la fiscalía. El abogado de Óscar Roca, Fernando Doti, expresó su discrepancia con lo expresado por la fiscalía en cuanto al vínculo entre la Justicia y las víctimas: “El deber de la Justicia no es proteger a las víctimas, es dar Justicia. No es menor el tema conceptual, nos posiciona de otra manera frente al proceso”, expresó.
Si bien los abogados de los militares no se opusieron a que las medidas cautelares se mantuvieran hasta que haya una sentencia ejecutoriada, tal como pidió la Fiscalía, la jueza se negó a decretar una medida cautelar sin un plazo específico, por lo que accedió a otorgar la prórroga de las medidas por otros 120 días. En su argumentación, la jueza dijo que las medidas son “idóneas y necesarias” para asegurar la comparecencia de los imputados, pero aclaró que no tiene “elementos concretos sobre la seguridad de las víctimas”. “Las medidas son proporcionales a efectos de la comparecencia en el tribunal”, expresó.
Por esta causa, la fiscalía pidió 15 años y seis meses de penitenciaría para los militares retirados Óscar Mario Roca, Ivo Morales y Abel Pérez como autores de reiterados delitos de privación de libertad, con reiterados delitos de abuso de autoridad contra los detenidos y reiterados delitos de lesiones graves, y para los militares retirados Héctor Caubarrère y Jorge Soloviy, la pena de 14 años y seis meses de penitenciaría por los mismos delitos. Para Daniel Castellá y Rodolfo Costas, Perciballe pidió una condena de 13 años y seis meses, también por privación de libertad, abuso de autoridad contra detenidos y lesiones graves. En el caso de Luis Estebenet, la fiscalía pidió una condena de 11 años y seis meses de penitenciaría por los mismos delitos, mientras que, para Eduardo Saiz, Perciballe pidió una condena de 13 años de penitenciaría.