La fiscal de Corte Mónica Ferrero definió el inicio de un procedimiento disciplinario contra la fiscal de Atlántida de 2° turno, Stella Alciaturi, por la filtración de la solicitud de formalización del proceso contra el intendente de Soriano, Guillermo Besozzi, según informó El Observador y confirmó la Fiscalía General de la Nación, advirtiendo que se trata de un proceso reservado.
“Los procedimientos administrativos de este tipo son instancias garantistas en las que las personas pueden articular una defensa y de ningún modo significa atribuir previamente responsabilidades administrativas”, señaló la Fiscalía en un comunicado.
La investigación también alcanza las publicaciones en redes sociales hechas por la fiscal Alciaturi entre 2016 y 2019, que incluyen publicaciones de memes a figuras del Partido Nacional. La ley orgánica de la Fiscalía impide a los fiscales militar orgánicamente o participar de movilizaciones político-partidarias, pero no existe una normativa que impida la publicación de contenido político, aunque sí recomendaciones de la Carta de los Principios Éticos de los Ministerios Públicos Iberoamericanos que llaman a utilizar con “prudencia” las redes sociales.
La decisión, que no implica la separación del cargo de la fiscal, surge de la investigación de urgencia ordenada por Ferrero a fines de marzo, luego de que se filtrara el documento con la investigación de la Fiscalía sobre el intendente Besozzi. El expediente cuenta también con la denuncia que efectuaron los dirigentes del Partido Nacional Sergio Botana, Álvaro Delgado, Javier García, Graciela Bianchi, Luis Alberto Heber, Sebastián da Silva, Carlos Camy, Nicolás Martinelli y Gloria Rodríguez, que acusaron a Alciaturi de agraviar al Partido Nacional.
A pedido de Alciaturi, la jueza Ximena Menchaca imputó con prisión domiciliaria a Besozzi por peculado, tráfico de influencias, concusión, cohecho, omisión de denunciar delitos, abuso de funciones y cohecho calificado, en la causa que investiga hechos de corrupción en la intendencia, que había sido iniciada en 2021 a raíz del incendio ocurrido en el teatro 28 de febrero, donde funcionaba la sede de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Soriano. Semanas después, la fiscal Alciaturi fue trasladada a Atlántida, concretando así un pedido que ella había hecho antes de pedir la imputación de Besozzi.