La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) determinó que el Estado uruguayo deberá indemnizar a 50 de los ahorristas del Banco de Montevideo damnificados durante la crisis de 2002. En total, el Estado uruguayo deberá abonar casi tres millones de dólares.
Cada ahorrista podrá cobrar hasta 100.000 dólares en caso de que tuviera ese monto o un número mayor ahorrado, y en caso de que hubiese tenido una cifra menor se le abonará lo correspondiente, informó este jueves Telemundo.
Alicia Barbani, una de las denunciantes y representante de los damnificados, dijo a la diaria estar satisfecha con lo obtenido, porque se trata de una “lucha” que inció junto con María del Huerto, otra damnificada que no quedó entre los 50 ahorristas que podrán cobrar el dinero ahorrado, que lucharon “contra el poder y contra esta gran estafa que llevó el grupo Peirano”, a quienes calificó como unos “ladrones” que “desviaron los fondos para su provecho, que se enriquecieron con esto, que tienen toda la plata nuestra”.
Barbani, que es escribana, destacó que fueron a organismos internacionales, sin ser abogadas, y lucharon como pudieron, en una tarea “titánica” que duró 23 años, con más de 2.500 escritos presentados. “Es la satisfacción de haber entrado por la puerta grande y salido por la puerta grande, sin ningún tipo de ayuda”, recalcó.
Las peripecias de la denuncia
En 2002, muchos uruguayos perdieron sus ahorros tras la crisis bancaria y financiera que llevó a la liquidación de los bancos Montevideo, La Caja Obrera y Comercial. El Banco Montevideo, dirigido por la familia de Peirano, ofrecía a sus clientes instrumentos de inversión de emisores públicos y privados, entre ellos, “promovía participaciones en certificados de depósito del Trade & Commerce Bank, ubicado en las Islas Caimán, y que formaba parte del mismo grupo económico al que pertenecía el Banco de Montevideo”, se relata en la resolución de la Corte IDH de mayo de 2021.
El banco ofrecía los certificados de depósito con la condición de que el cliente podía retirar la totalidad del dinero cuando quisieran antes del vencimiento. El 25 de febrero de 2002, el gerente general del banco “instruyó a los funcionarios del banco a renovar automáticamente los depósitos e inversiones (incluyendo certificados de depósito del Trade & Commerce Bank), salvo que el cliente se comunicara directamente con el Banco de Montevideo indicando lo contrario y, también, se prohibió efectuar adelantos de depósitos e inversiones con vencimientos posteriores ‘sin excepciones’, debido a la situación que estaba atravesando el sistema financiero uruguayo”. Sin embargo, en junio de 2002, el Banco de Montevideo fue intervenido por el Banco Central y en diciembre de ese año se procedió a su liquidación.
En 2003, luego de agotar las vías judiciales en Uruguay, los damnificados presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que luego de analizar el caso durante siete años lo elevó a la corte. El 13 de octubre de 2011, la Corte Internacional declaró responsable al Estado por haber violado “garantías judiciales” en perjuicio de 593 víctimas.
El Estado uruguayo apeló la decisión y presentaron recursos, hasta que el 14 de mayo de 2021 la Corte hizo una supervisión de la sentencia y dispuso que se creara un tribunal ad hoc conformado por integrantes elegidos por los damnificados y el Poder Ejecutivo, que estudió caso por caso y aceptó el reclamo de 50 de las 344 denuncias presentadas.