Claves
• Los fiscales paraguayos encargados de investigar el crimen organizado y los asesinatos de periodistas ignoraron o demoraron reiteradamente las solicitudes urgentes de cooperación por parte de países vecinos.
• Las autoridades de Brasil y Paraguay firmaron un acuerdo de investigación conjunta sobre el caso del narcotraficante Minotauro, presuntamente vinculado al asesinato del periodista Lourenço Léo Veras. Pero Paraguay bloqueó el avance de la causa y llevó a las autoridades brasileñas a considerar abandonar la colaboración.
• La República del Paraguay respondió únicamente al 12% de las solicitudes de asistencia jurídica internacional enviadas por Brasil e ignoró varios casos clave en materia de extradición.
El calor comenzaba finalmente a ceder en aquel día de verano cuando el periodista de sucesos Lourenço Léo Veras se sentó a la mesa para cenar con su esposa, su hijo y su suegro, en la ciudad de Pedro Juan Caballero. Pero los momentos en familia no están exentos de la violencia que rodea al húmedo distrito de Amambay, en la frontera con Brasil.
La comida apenas había comenzado cuando dos hombres armados irrumpieron en el comedor, persiguieron a Veras por el interior de la vivienda y terminaron disparándole un total de 12 veces, causándole una muerte instantánea. Acto seguido, se dieron a la fuga en una camioneta Jeep Renegade blanca. Al volante, un cómplice del crimen.
Cintia González, viuda de Veras, nunca olvidará aquel 12 de febrero de 2020. Más de cinco años después se sigue emocionando cuando habla de su difunto marido y de la impunidad que rodea a su asesinato, del cual aún no se han declarados culpables.
Veras, un brasileño afincado en Paraguay, tenía poco más de 50 años cuando fue asesinado. Con su cabello rizado y su barba grisácea, era fácil distinguirlo cuando llegaba a la escena del crimen. En las difíciles condiciones de seguridad que enfrentan quienes cubren la información criminal en Pedro Juan Caballero, Veras era uno de los pocos periodistas locales que se atrevían a publicar sobre el crimen organizado y las redes de narcotráfico, a través de breves noticias en su portal web Porã News, fundado por él mismo.
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Su muerte hizo sonar todas las alarmas y puso en evidencia no sólo el frágil estado de la libertad de prensa en Paraguay, sino también las fallas del sistema de justicia encargado precisamente de resolver estos crímenes. “Siempre se supo de dónde vino la muerte de Léo [...] Todo el mundo se tapó los ojos”, dijo González a Forbidden Stories. “No sé si en otros lugares ocurre lo que ocurre en Paraguay [refiriéndose a la falta de acción del sistema judicial]”.
En poco más de un lustro sólo se ha realizado una detención relacionada con el caso. El único sospechoso, además, fue absuelto por falta de pruebas. La Fiscalía también incurrió en demoras significativas a la hora de citar a los testigos a declarar. Según González, transcurrió casi un año antes de que ella misma fuera convocada. Afirma que nunca se le asignó un abogado y que, aunque contó con protección policial temporal frente a su domicilio, finalmente tuvo que abandonar el país por temor a represalias.
El cuestionable trato de la investigación sobre el asesinato de Veras no es una excepción. Al contrario, Paraguay parece haberse convertido en un “agujero negro” para la Justicia, como revela nuestra investigación, la Alianza Paraguay, coordinada por Forbidden Stories junto con Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
Imágenes tomadas en Pedro Juan Caballero en 2024. Fuente: Phineas Rueckert, Forbidden Stories.
Según documentos internos a los que tuvo acceso el equipo de investigación, las autoridades paraguayas incurrieron de manera sistemática en negligencias a la hora de investigar el crimen organizado, ignorando solicitudes de cooperación de países vecinos y obstaculizando investigaciones clave en materia de corrupción. Incluso parece que habrían entorpecido una investigación de las autoridades brasileñas sobre el señalado como autor intelectual del asesinato de Veras: un narcotraficante conocido como “Minotauro”.
“No digo que todos los fiscales sean corruptos, ni todos los jueces, pero hay una gran mayoría que sí lo es”, declaró a Forbidden Stories Marta Ferrara, directora de la organización civil paraguaya sin fines de lucro Semillas para la Democracia.
“Hay crimen organizado, y hay gente del crimen organizado que infiltra tanto a la Policía como a la Fiscalía”, explicó a Forbidden Stories el doctor Juan Martens, experto en crimen organizado en Paraguay, profesor en la Universidad Nacional de Pilar y director ejecutivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales. “Hay personas que quieren hacer bien su trabajo, mucha gente [...] Pero tienen más poder aquellos que están al servicio del crimen organizado”. Según Martens, se trataría de un caso de “utilización consciente del poder del Estado para garantizar la impunidad”.
La Fiscalía General de la República del Paraguay no respondió a nuestras preguntas específicas. La institución proporcionó una declaración general en la que señalaron que “esta dependencia carece de atribución para solicitar datos sensibles respecto de causas penales abiertas”. La Policía Nacional y los fiscales y exfiscales mencionados en este artículo no respondieron a nuestras solicitudes para expresar su versión de los hechos.
Esta impunidad ha convertido a Paraguay en uno de los países con los índices de criminalidad más altos de América Latina, una situación de peligro en la que los periodistas se encuentran en primera línea. El caso de Veras es uno entre los 21 periodistas asesinados desde 1991 –19 en Paraguay y dos en ciudades fronterizas–, de los cuales casi la mitad fueron ejecutados a lo largo de los 1.365 kilómetros de frontera que el país comparte con Brasil.
La mayoría de estos asesinatos sigue impune. Sin embargo, el trabajo de los periodistas que fueron silenciados es hoy más crucial que nunca en un país que ocupa el cuarto lugar en el mundo en el índice global de crimen organizado, sólo superado por Myanmar, Colombia y México.
El “minotauro” de la frontera
Una simple carretera, la Avenida Internacional Doctor Francia, separa Pedro Juan Caballero (o simplemente Pedro Juan) de su ciudad hermana brasileña, Ponta Porã. Los vehículos cruzan la frontera con la misma facilidad con la que los habitantes alternan en sus conversaciones el español, el portugués y la lengua indígena guaraní (oficial junto con el español, y que tiene el mismo tratamiento a efectos legales.)
Es precisamente esta interconexión la que dota a la ciudad de la sensación de “centro internacional”. Pedro Juan Caballero cuenta con un centro comercial financiado desde Dubái, un tránsito constante de camiones con mercancías y matrículas de distintos países, además de varios hoteles de gran altura. No obstante, pese al comercio y a la cercanía que esta porosa frontera ha generado entre ambos países, no todo ha sido positivo.
Pedro Juan es un punto clave de tránsito para el tráfico ilegal de todo tipo: desde drogas, pasando por armas, productos falsificados e incluso seres humanos. Esto se traduce en una verdadera “bonanza económica” para los líderes del crimen organizado en la región, como el Primeiro Comando da Capital (PCC), la mayor red criminal de narcotraficantes de Sudamérica, fundada en 1993 y cuyos miembros se cuentan hoy por decenas de miles. Estas bandas han traído consigo una ola de violencia que se intensificó tras el asesinato en 2016 del empresario y narcotraficante Jorge Rafaat Toumani, alias Sadam. En 2020, Pedro Juan representaba menos del 2% de la población paraguaya, pero concentraba aproximadamente un tercio de los homicidios del país.
En este contexto, el peligro es extremo para los periodistas que buscan exponer a los criminales y reclamar justicia para las familias de las víctimas de homicidio. “Ejercer la libertad de expresión y ejercer el periodismo es una actividad de riesgo, sobre todo en la zona fronteriza con Brasil”, declaró a Forbidden Stories José Pepe Costa, director de la Mesa para la Seguridad de Periodistas, un organismo defensor de la libertad de prensa con sede en Asunción.
Según Costa, desde 1991 se han registrado más de 400 ataques contra la prensa en Paraguay, la mayoría de ellos a manos de grupos del crimen organizado como el PCC. Precisamente, se cree que es este grupo fue el responsable del asesinato de Veras.
La viuda de Veras, González, cree que lo que puso a Veras en el punto de mira de estas bandas fue su labor periodística sobre el crimen organizado en la región, así como su trabajo para desenmascarar a importantes traficantes del PCC. En una ocasión, el periodista brasileño habría informado a la policía sobre la verdadera identidad de uno de los miembros del grupo, que había sido detenido en un control rutinario de tránsito con un documento de identidad brasileño.
Aunque el PCC cuenta con una organización relativamente horizontal, se sospecha que uno de sus líderes, Sergio de Arruda Quintiliano Neto, alias “Minotauro”, ordenó el asesinato de Veras desde prisión.
Fuentes legales consultadas por Forbidden Stories revelan la magnitud y estructura del imperio criminal de Minotauro. Según un documento brasileño compartido con fiscales paraguayos, Minotauro era responsable de “transacciones multimillonarias de cocaína, incluyendo envíos a Europa”, además de asesinatos selectivos, construcción de pistas clandestinas y compra de explosivos como el C4 (una variedad común de explosivo plástico de uso bélico).
Sergio de Arruda Quintiliano Neto, alias "Minotauro", tenía dos cédulas de identidad falsas. Fuente: Gentileza de ABC Color.
Pedro Juan era el terreno de juego de Minotauro y el centro de su estructura de poder, pero su alcance se extendía mucho más allá de la frontera. En 2019, el narcotraficante fue detenido en Brasil y, al año siguiente, condenado a 40 años de prisión. Aún así, desde el centro de detención de alta seguridad, la Penitenciária Federal en Brasilia, intentó ampliar su influencia sobre las investigaciones del crimen organizado en Paraguay.
Presuntamente, Minotauro habría sobornado a dos fiscales, Hugo Volpe Mazo y Armando Cantero, llegando incluso a entregarles lujosos obsequios. Según diferentes investigaciones periodísticas publicadas entre 2020 y 2022, estos incluirían una pluma Montblanc bañada en oro de 18 quilates, así como una primera edición de El principito y 10.000 dólares en efectivo. Estos “incentivos” habrían convencido a los fiscales para archivar las investigaciones contra el narcotraficante. Forbidden Stories intentó, sin éxito, ponerse en contacto con Cantero; Volpe Mazo no respondió a nuestra solicitud de derecho a réplica.
Justicia tardía, justicia negada
El caso de los fiscales corruptos sacudió al país y expuso a Paraguay en la escena internacional. Según documentos a los que tuvo acceso Forbidden Stories, sobre el papel, el sistema judicial se comprometió a investigar el imperio de Minotauro y a enfrentar el soborno a altos funcionarios. Pero, en la práctica, estos compromisos quedaron en papel mojado.
En 2020, las autoridades paraguayas y brasileñas iniciaron el proceso de renovación de un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) para indagar casos relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado, y abrieron un expediente especial para el “caso Minotauro”.
Sin embargo, durante la negociación del acuerdo, los fiscales paraguayos parecieron presionar a los investigadores brasileños para que “suavizaran” ciertos temas, incitando particularmente a sus homólogos a eliminar “ciertas referencias… que serían políticamente inapropiadas” de un borrador enviado en octubre de 2020. “No hay cambios radicales, sino expresiones más genéricas que hacen referencia a autoridades y exautoridades de mi país”, dijo entonces el fiscal jefe de la Dirección de Asuntos Internacionales del Ministerio Público del Paraguay, Manuel Nicolás Doldán Breuer, a un miembro de la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía General de la República de Brasil, según documentos a los que tuvo acceso nuestro consorcio.
A finales de ese mismo mes, ambas partes firmaron finalmente el ECI. Pero, a menos de un año del inicio de la colaboración, los fiscales brasileños constataron que la cooperación por parte de Paraguay era insuficiente.
En agosto de 2021, el vice procurador general de Brasil, Hindemburgo Chateaubriand Filho, solicitó a las autoridades paraguayas información sobre el avance de la investigación del caso Minotauro. Cuestionó también el interés de continuar con el ECI, dado que no habían recibido respuesta alguna de sus homólogos. “Los intentos del coordinador brasileño del ECI por obtener pruebas e información de las autoridades paraguayas han resultado infructuosos, incluso después de múltiples solicitudes”, sentenció entonces Filho.
Varios meses después, Alexandre Aparizi, el principal fiscal brasileño del caso, expresó su preocupación sobre el hecho de que Paraguay no había actuado con decisión ante la información proporcionada por Brasil en el caso de los fiscales corruptos. Se refirió a un documento que él mismo había solicitado en agosto de 2021, y que en octubre Brasil aún no había recibido. (En un correo electrónico dirigido a Forbidden Stories, Aparizi nos remitió a la oficina de prensa del Ministerio Público de Brasil. En el momento en el que se está escribiendo este artículo, no hemos recibido respuesta).
Forbidden Stories pudo conversar con una fuente brasileña de alto nivel, familiarizada con el caso, que por razones de seguridad pidió no ser identificada y que confirmó las complicaciones a la hora de colaborar con Paraguay. Según esta fuente, el caso Minotauro fue difícil. Sentimiento compartido por un exfiscal del lado paraguayo, quien sostuvo que “todos los casos que salen a la luz relacionados con la lucha contra el crimen organizado, que, en este momento, son muy pocos, son el resultado de una gran presión”.
No obstante, a principios de 2022, todo indica que los fiscales paraguayos habían comenzado a cooperar con sus homólogos brasileños, y se llegó incluso a planear una reunión presencial para tratar el caso Minotauro. Nuestro consorcio no pudo verificar de manera independiente si dicha reunión llegó a producirse. Pocos meses después, en mayo, el fiscal paraguayo al frente del caso, Marcelo Pecci, fue asesinado en una ejecución de estilo militar mientras pasaba su luna de miel con su esposa en la isla colombiana de Barú, cerca de Cartagena de Indias.
El “caso Minotauro” ilustra un patrón mucho más amplio en el que las autoridades paraguayas obstaculizan sistemáticamente las investigaciones sobre el crimen organizado. Datos obtenidos por el consorcio de Forbidden Stories a través de una solicitud de acceso a la información revelan que sólo el 12% de las solicitudes de cooperación jurídica internacional que Brasil envió a Paraguay entre 2014 y 2024 recibieron algún tipo de respuesta, y apenas alrededor del 7% fueron atendidas de manera adecuada. La Fiscalía de la República del Paraguay no respondió a nuestras preguntas específicas.
Nuestros socios de OCCRP descubrieron que otros países también experimentaron dificultades a la hora de obtener información de la Fiscalía paraguaya en casos judiciales clave; entre ellos, un grupo de fiscales de Argentina que intentaron alertar a Paraguay sobre las actividades de un narcotraficante de nacionalidad boliviana con vínculos con un cartel argentino.
Esta dificultad a la hora de mostrar avances en casos judiciales se extiende también a las investigaciones sobre los asesinatos de periodistas, de las cuales sólo unas pocas se han resuelto hasta la fecha. Desde el asesinato del fiscal especializado contra el Crimen Organizado Marcelo Pecci, Cintia González casi ha perdido la esperanza de que la Fiscalía avance en el caso de su esposo, Lourenço Léo Veras. “Nadie investiga, es así”, afirmó.
Alianza Paraguay es el resultado de una coordinación de Forbidden Stories y del OCCRP; en colaboración con Cuestión Pública (Argentina), Revista Piauí (Brasil), La Nación (Argentina), la diaria (Uruguay), IrpiMedia (Italia); y con DDosecrets. El grupo ABC Color (Paraguay) colabora como socio en la republicación de los reportajes.
COMANDO: El policía paraguayo que rastreó e intentó asesinar a Minotauro
Tras el arresto de Minotauro en Brasil, y mientras su investigación en Paraguay enfrentaba múltiples obstáculos, un documento de la Fiscalía brasileña, obtenido en exclusiva por Forbidden Stories y sus socios, sugiere que un policía paraguayo habría intentado con anterioridad tomarse la justicia por su cuenta.
Con fecha de 2019, el documento revela cómo un individuo con el nombre clave “Comando”, identificado simplemente como “agente paraguayo de seguridad pública”, utilizó un sofisticado sistema de vigilancia para localizar con precisión la red de Minotauro. El objetivo final era asesinar al capo del narcotráfico.
Según el documento, Comando, cuya identidad Forbidden Stories y sus socios no pudieron verificar de forma independiente, accedió a información y herramientas de inteligencia “restringidas” de la policía federal brasileña, y compartió dicha información con Jonathan Giménez Grance, sobrino del notorio narcotraficante Jarvis Chimenes Pavão. Ambos buscaron también “revelar públicamente” la red de narcotráfico de Minotauro en Bolivia, incluyendo fincas y pistas de aterrizaje utilizadas para narcoaviones, y estaban dispuestos a pagar por la captura de otros narcotraficantes en la región, incluidos miembros del grupo guerrillero Ejército del Pueblo Paraguayo (conocido por las siglas EPP).
Durante varias semanas a finales de 2018, el misterioso Comando y Grance vigilaron de cerca a los allegados de Minotauro. El plan era sencillo: Grance enviaba a Comando números telefónicos, perfiles de redes sociales y otra información relacionada con los asociados de Minotauro; Comando, por su parte, monitoreaba sus ubicaciones utilizando herramientas de interceptación.
Hasta hoy, el abuso de autoridad de este policía paraguayo no se había dado a conocer públicamente. La Policía Nacional de Paraguay no respondió a nuestras solicitudes de derecho a réplica.
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