El exdirector del Observatorio de Criminalidad del Ministerio del Interior, Javier Donnángelo, analiza presentar su caso ante la Junta de Transparencia y Ética Pública mientras espera la resolución del recurso de revocación que presentó tras ser sancionado por el Ministerio del Interior, en febrero.
Donnángelo fue objeto de un sumario en julio de 2024 y luego sancionado con seis meses de separación del cargo sin goce de sueldo, luego de que hiciera declaraciones públicas cuestionando un informe financiado por el MI que concluyó que había una sobreestimación de los homicidios por narcotráfico.
El informe planteaba una nueva caracterización de los homicidios y señalaba que sólo el 1,9% estaban vinculados a enfrentamientos entre bandas criminales y que un 11% estaban vinculados al narcotráfico. Esto contrastaba con las cifras del Observatorio, que planteaba que la actividad del crimen organizado y el narcotráfico eran la causa de entre el 40% y el 50% de los homicidios.
En diálogo con la diaria, el abogado de Donnángelo, Rodrigo Rey, afirmó que la sanción que se le impuso “está completamente extralimitada y tiene flagrantes visos de ilegalidad porque está fundamentada como si Donnángelo tuviera algún tipo de prohibición en el discurso, o prohibición en la libertad de crítica, cuando él no es policía”. El abogado señaló que, en su carácter de civil, no corresponde aplicar el literal A del artículo 37 de la Ley 19.315, que plantea que el personal policial tiene prohibido “realizar manifestaciones que atenten contra el respeto a los poderes del Estado, sus autoridades o formulen críticas sobre la organización y estructura de la institución, gestión y políticas adoptadas por autoridades”.
El abogado también rechazó la acusación a Donnángelo de haber revelado un documento público. Señaló que no hay ninguna resolución que declare reservado el informe cuestionado por Donnángelo y destacó que el artículo 7 de la Ley Cristal (17.060) impone la libre circulación de documentos, en función de enriquecer el debate público sobre cuestiones técnicas.
“Acá lo que estamos discutiendo es cómo se desagrega la tasa de homicidio. Hay una lectura, que es la que termina ponderando [el exministro Nicolás] Martinelli en año electoral, que es minimizar completamente los homicidios precipitados por el crimen organizado, y hay otra lectura que los considera un fenómeno político-criminal relevante para el país. Ese es el debate técnico subyacente”, expresó Rey.
La defensa de Donnángelo señaló que los asesores actuales de Carlos Negro –en referencia al equipo integrado por Emiliano Rojido y Diego Sanjurjo– “son los que elaboraron el informe que le permitió a Martinelli sostener que la tasa de homicidios relacionados con el crimen organizado era del 1,9%”, y advirtió sobre la necesidad de que en la resolución del proceso administrativo “lo jurídico esté por encima de lo político”.
“Lo jurídico en este caso es la transparencia, el acceso a la información de la ciudadanía”, señaló, y adelantó que si la decisión no es revocada con todas sus consecuencias, elevarán el asunto al Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
En cuanto a la posibilidad de presentar el caso ante la Jutep, Rey destacó que el organismo, si bien no puede emitir un fallo vinculante “puede pronunciarse técnicamente y aportar un insumo relevante para la discusión”. Planteó que sería relevante un pronunciamiento de la Jutep sobre si Donnángelo incurrió en una revelación de secretos. “Acá hay un aspecto muy central de la política de seguridad en juego: para los técnicos que elaboraron el informe el crimen organizado no precipita homicidios en Uruguay de forma significativa”, subrayó.
Rey señaló que la Ley de Acceso a la Información Pública (18.381) y la Ley Cristal condenan el tipo de prácticas adoptadas por la jerarquía del MI contra Donnángelo, además de que “deja totalmente vulnerada la legitimidad de los datos oficiales”.