La fiscal de Flagrancia de 6° turno, Andrea Mastroianni, investiga el caso del joven Lucas Olivera Mochi, de 23 años, quien perdió una vista luego de que un efectivo policial le disparara en la cara con munición no letal, según informó El Observador y confirmó la diaria con fuentes judiciales.
El hecho ocurrió en la noche del sábado 19 de julio, cuando la Policía irrumpió en un cumpleaños que se estaba celebrando en el salón comunitario San Antonio, en el barrio Lavalleja, en la zona de José Batlle y Ordóñez e Instrucciones.
En la denuncia policial, a la que accedió la diaria, el padre del joven señala que los policías que participaron en el operativo ingresaron sin una orden de allanamiento al salón, y pide al Ministerio del Interior que identifique al agresor de su hijo. En el operativo participaron miembros de la Guardia Republicana y de la Unidad de Respuesta de Patrullaje Metropolitano, quienes dispararon balas de goma y gas lacrimógeno al ingresar al salón.
“Mi hijo sale al exterior y allí le disparan con la munición de goma, es alcanzado por dos balas de goma, una en la zona de los ojos y otra en la zona de la ingle [...] en ese momento, lo levantan y lo colocan en la caja trasera de una pick-up de la Guardia Republicana”, señala la denuncia, en la que se reclama que se incorporen a la causa los videos del operativo de las cámaras Go Pro de los efectivos que participaron, así como el testimonio de varios testigos.
El abogado de la víctima, Nicolás Pereyra, planteó que se trata de un caso de presunto delito de lesiones gravísimas y agregó que también se pide que subsidiariamente se investigue un homicidio en grado de tentativa. Olivera señaló que en el operativo se violaron 15 artículos de la Ley de Procedimiento Policial (18.315), entre ellos el 3, que plantea una actuación progresiva del accionar policial, previendo la “observación, la prevención, la disuasión” como etapas previas a la represión.
Además, señala que se violó el artículo 123 de la Ley 18.315, que establece que “entre la salida y la puesta del sol solamente se podrá ingresar a una morada con orden escrita del juez competente”. Por otra parte, los denunciantes sostienen que la detención de la víctima, sin una orden judicial, no se enmarca en ninguna de las situaciones previstas en el artículo 47 de la Ley de Procedimiento Policial.
Por este caso, el Ministerio del Interior inició una investigación administrativa para identificar a los responsables del hecho.