El juicio contra Alberto Iglesias llegó a su instancia final este viernes. En la audiencia de alegatos de cierre, la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejo de tercer turno, liderada por el fiscal Gilberto Rodríguez, buscó acreditar que el expresidente de Casa de Galicia cometió los delitos de apropiación indebida y de insolvencia fraudulenta societaria, y su defensa, a cargo de Gonzalo Fernández y Marcelo Domínguez, presentó sus argumentos con el objetivo de demostrar que Iglesias es inocente.
Uno de los debates jurídicos centrales de los alegatos se centró en el delito de insolvencia societaria fraudulenta, dado que es un delito muy poco explorado en Uruguay, por el que casi no existe jurisprudencia. El delito establece que el “que para procurarse un provecho injusto, para sí o para otro, ocultara, disimulara o hiciese desaparecer, parcial o totalmente, el patrimonio de una empresa en perjuicio de un tercero, será castigado con pena de doce meses de prisión a diez años de penitenciaría”.
En otras palabras, la insolvencia societaria fraudulenta se suele dar a partir de estafas de empresas y, a pesar de regir desde 1972, ha sido muy poco utilizada en Uruguay. Este hecho atípico hizo que la audiencia fuese concurrida y que, por ejemplo, el fiscal especializado en Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, que investiga la causa de Conexión Ganadera, participara como oyente.
Al término de la audiencia, la jueza Olivera anunció que hará uso del plazo legal que le da el Código de Proceso Penal para fallar 15 días después del juicio, por lo que convocó a audiencia para el 19 de setiembre.
Luego de culminada la audiencia, la fiscalía consultó a la jueza sobre la posibilidad de que el exministro Daniel Salinas, el expresidente de la Junta Nacional de Salud González Machado y el contador Alberto Yagoda presenciaran la audiencia, a lo que Iglesias señaló que si se trata de una audiencia pública, él convocaría a funcionarios de la salud, médicos e integrantes de la colectividad gallega.
Los argumentos de la fiscalía: “No podía aprovecharse de su cargo para llevarse dinero”
Iglesias fue acusado por la fiscalía de haberse apropiado indebidamente de 180.000 dólares de una operación cambiaria vinculada a la compra de un inmueble en Centenario y Luis Alberto de Herrera. La fiscalía puntualizó que Iglesias nunca negó haberse llevado la plata y de hecho llegó a decir en una de las audiencias del juicio: “Desde el primer día dije que me lo llevé”.
El expresidente de Casa de Galicia argumentó en el juicio que había prestado al centro de salud 200.000 dólares para pagar adeudos y, cuando tuvo la oportunidad, retiró el dinero. Sin embargo, la fiscal adscripta Gabriela Gómez sostuvo que no pudo ser probado durante el juicio que prestó dinero porque no existió ningún registro contable que determinara que fue acreedor, y de hecho figura como deudor de Casa de Galicia al cierre de la actividad de la empresa.
No obstante, más allá de la justificación de Iglesias, la fiscalía entendió que “no existe prueba para la fiscalía de que Iglesias prestara dinero a Casa de Galicia y, aun en ese escenario, no podía aprovecharse de su cargo, ni de la confianza, ni de la función que desempeñaba para llevarse dinero sin pasar por los debidos controles, canales y disposición de la propia institución”.
Asimismo, la fiscalía explicó que, a pedido de Iglesias, los 180.000 dólares fueron transferidos a Cambistar, que posteriormente se los entregó. El titular de ese cambio fue uno de los acreedores beneficiados por Iglesias previo al concurso de Casa de Galicia, lo que, a juicio de fiscalía, implica el delito de insolvencia societaria fraudulenta.
La fiscalía entiende que ese delito habría ocurrido en los días previos al concurso del 15 de octubre de 2021. Dos días antes del concurso, Iglesias ordenó a un fideicomiso que se les pague a seis acreedores y, de esta manera, según la fiscalía, buscó privilegiarlos frente a los demás que participaban de la masa concursal.
La fiscalía puntualizó que, al momento del dictado de las instrucciones, Iglesias ya sabía que se iba a presentar al concurso y mencionó una serie de reuniones que mantuvo previo al 15 de octubre con ese propósito. Por ejemplo, una semana antes, Iglesias convocó a una reunión para presentar la solicitud concursal de la institución y les pidió a dos contadores que empezaran a sistematizar la información contable que exige la norma para presentarse al concurso voluntario.
Sin embargo, dos días antes dictó las seis órdenes, que totalizaron 3,5 millones de dólares, y, con ese accionar, “afectó el patrimonio de Casa de Galicia”, ya que una cláusula del contrato del fideicomiso establecía que “todo lo que no se afectara del fideicomiso automáticamente volvía al patrimonio de Casa de Galicia”.
“En definitiva, este beneficio a estos acreedores frustró derechos de los restantes acreedores por esta misma suma, perjudicó el patrimonio disponible de giro, violó el principio de paridad y justicia de acreedores a la masa concursal y generó un anticipo de pago selectivo, quebrantamiento de la igualdad y un desvío patrimonial no autorizado en la antesala del concurso”, señaló la fiscal. También destacó que existía un orden de prelación de los acreedores y precisó que había un total de 109 acreedores esperando por cobrar.
A lo largo de su alegato, la fiscalía buscó probar que Casa de Galicia funcionaba como una empresa –por más de que en realidad es una asociación civil sin fines de lucro–, que existió insolvencia de la institución y que Iglesias cometió fraude e hizo desaparecer el patrimonio de Casa de Galicia, como establece el delito.
Los argumentos de la defensa: “No queda la menor duda de que Iglesias le prestó dinero a Casa de Galicia”
“La verdad es que yo escucho la exposición de la fiscalía y me viene a la cabeza un concepto que escribió [Domenico] Giuriati en el libro los errores judiciales”, comenzó señalando el abogado Fernández, que agregó que la fiscalía “cuanto mayor es el error en el que incurre, con más insistencia lo defiende”.
Fernández dijo que discrepa “de cabo a rabo” con la imputación del delito de insolvencia societaria fraudulenta y dijo que la ley que lo tipifica, la 14.095 en su artículo 5, “está llena de delitos ad hoc que jamás se han aplicado”, y agregó que de insolvencia societaria fraudulenta no habrá más que dos casos en la jurisprudencia.
Tras comentar el origen de la tipificación, Fernández dijo que la conducta nuclear es “insolventarse” y los verbos “ocultar”, “disimular”, o “hacer desaparecer” que figuran en la definición del delito son modos de concretar la insolvencia.
“En la imputación que ha hecho la Fiscalía hay dos graves errores”, apuntó, y señaló que no puede imputar apropiación indebida, porque queda absorbida por la imputación de insolvencia.
Fernández dijo que para incurrir en el delito es necesario provocar la insolvencia y resaltó que Casa de Galicia decidió reestructurar su deuda en acuerdo con los acreedores, por lo que la institución buscó evitar la insolvencia.
Además, señaló que es “casi de conocimiento público” que Casa de Galicia, al igual que otras instituciones médicas, “están fundidas y sobreviven gracias a la ayuda del Estado”. Destacó también que no puede plantearse que una institución que, según los síndicos, tenía un endeudamiento de 75 millones de dólares, vaya a caer en insolvencia por la instrucción del cobro de 150.000 dólares –en referencia a uno de los acreedores a los que se intentó pagar–, y agregó que, finalmente, ese acreedor ingresó al concurso y su crédito está verificado.
“Cuando yo escucho los argumentos de la Fiscalía, de lo que me doy cuenta es de que tiene una ensalada entre el fraude, concursar y la insolvencia que es paradigmática”, agregó.
Por su parte, el abogado Domínguez presentó los argumentos de la defensa en cuanto a la tipificación de apropiación indebida por el retiro de 180.000 dólares que había prestado a la institución. “No queda la menor duda de que Iglesias le prestó dinero a Casa de Galicia, no queda la menor duda de que el 18 de mayo de 2020 entregó en su domicilio al gerente financiero de Casa de Galicia la suma de 200.000 dólares”, afirmó.
Domínguez dijo que es “absolutamente relevante” saber en qué se utilizó el dinero y detalló que se destinó a culminar la compra del 51% del paquete accionario de la Clínica Leborgne y que corría riesgo de perder lo pagado y pagar una multa de 500.000 dólares.
El abogado dijo que la fiscalía pretende “darle relevancia penal a alguna desprolijidad desde el punto de vista contable”, y agregó que en su argumentación la fiscalía señala que el dinero que retiró Iglesias para cobrar lo que había prestado no era de él, porque no estaba documentado. En esa misma línea planteó que si Iglesias pensaba que era suyo, es la propia fiscalía la que excluye el dolo de su teoría del caso.
Los abogados pidieron la “absolución de Iglesias” e hicieron un “pedido subsidiario contra la voluntad” de Iglesias, además de que se considere el atenuante por primariedad absoluta y se cumpla la condena en régimen de libertad a prueba.
La declaración de Iglesias: “Apropiación indebida de mi propia plata, no lo puedo entender”
Antes de culminar la audiencia, Iglesias usó su derecho a hablar y realizó un raconto de toda su actuación en Casa de Galicia, señalando que cuando ingresó como presidente a pedido de la colectividad gallega, le ocultaron que la institución tenía una deuda de ocho millones de dólares que vencía en 35 días.
Iglesias apuntó a la anterior administración de la institución y rechazó dichos de la fiscalía sobre que había desnaturalizado la función del presidente, que tenía que ser política. “Al razonamiento del señor fiscal, yo tenía que ser el gordito presidente de la institución que firmase los cheques, firmase los vales, asumiese los compromisos, aguantase todo, pero no controlar el manejo que se hacía de los dineros de Casa de Galicia”, cuestionó.
Asimismo, dijo que fue “tonto” al haber prestado dos veces su dinero, y explicó que luego de haber retirado los 180.000 dólares, volvió a ingresar dinero suyo a la institución para adquirir una empresa de emergencias móviles.
“Esto que estoy viviendo es una película de terror. ¿Cuál es la apropiación indebida? Esto no es por la verdad, esto que escuché acá es armar un relato con las personas [a las] que yo corrí por falta de confianza y con los interventores que vinieron a justificar una decisión política que tomó el Poder Ejecutivo [...] apropiación indebida de mi propia plata, no lo puedo entender”, afirmó.