Dos bancos privados que operan en Uruguay aportaron datos a investigaciones penales por estafa luego de recibir intimaciones judiciales por eventuales delitos de desacato. Un caso se registró hace un mes y el otro hace una semana; en ambos estuvo involucrada la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de primer turno, a cargo del doctor Alejandro Machado, según pudo saber la diaria.
En el marco de investigaciones por presuntos delitos de estafa, la Fiscalía de Delitos Económicos pidió el levantamiento del secreto bancario ante dos juzgados penales diferentes. A pesar de contar con el aval de esas sedes judiciales, los dos bancos privados involucrados se negaron a aportar la información ya que, a su entender, no se encontraban “debidamente relevados del secreto bancario”. Luego la Fiscalía solicitó, ante los mismos juzgados penales, que se intimara a las instituciones financieras “bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desacato por obstaculizar la investigación”.
Los jueces aceptaron el requerimiento y notificaron de la intimación a los bancos, que finalmente enviaron la información solicitada por la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de primer turno, que tiene bajo su responsabilidad varios casos de estafas, entre ellos el del fondo ganadero de Jairo Larrarte.
Las idas y vueltas entre la Fiscalía, los juzgados penales y los bancos privados causaron “sorpresa y malestar” entre algunos operadores judiciales. “Cuando un juez pide levantar el secreto bancario, no incluye todos los argumentos de la Fiscalía. Toda la vida funcionó así, es la forma de preservar las investigaciones. Y los bancos siempre acataban lo que pedía la Justicia, sin necesidad de llegar a una intimación por desacato”, resumió una fuente judicial.
Para fundamentar la negativa de levantar el secreto bancario, los estudios jurídicos que trabajan para las entidades privadas se amparan en un artículo de la Ley de Intermediación Financiera (15.322) que establece que los pedidos de la Justicia deben estar “fundados”. “La norma efectivamente establece que el pedido tiene que estar fundado y por eso los fiscales tienen que convencer a los jueces, con fundamentos, de por qué sería útil acceder a esa información. Pero las investigaciones son reservadas, el detalle de la investigación no tiene que llegar al banco y menos aún a sus clientes”, comentó una fuente de la Fiscalía.
La postura de los bancos privados, alegan los informantes, ha causado “malestar” porque implica “perder tiempo y recursos” en casos que deberían tramitarse con mayor agilidad, para beneficiar a las personas que han sido víctimas por las estafas. El decreto de ley que citan los bancos para alegar que los pedidos no están “debidamente fundados” se aprobó en 1982. “Llama la atención que una norma que está vigente desde esa fecha se reinterprete recién ahora, cuando hay tanta cantidad de casos de estafas”, añadió una de las fuentes consultadas.