La fiscal Alicia Ghione pidió licencia médica hasta el 25 de agosto, pero es probable que no vuelva a ocupar su lugar. Su salida se dio en el marco de la causa que investiga al exsenador Gustavo Penadés por múltiples delitos de explotación sexual de menores y que tiene como fecha final para presentar la acusación el 10 de octubre y comenzar la etapa preparatoria del juicio, que quedaría en manos de la fiscal suplente Isabel Ithurralde.
Ghione, a su vez, enfrenta una denuncia penal por el delito de omisión de denunciar delitos, que fue iniciada por los abogados de Penadés, Homero Guerrero y Laura Robatto, por entender que había omitido denunciar material pornográfico con menores de edad que estaban en el celular de Jonathan Mastropierro. También enfrenta un sumario administrativo por otra causa de delitos sexuales, en la que los abogados de la víctima, Rodrigo Martínez y Diego Camaño, denunciaron a la fiscal por archivar el caso sin dar mayores explicaciones, poco tiempo después de anunciarles que iba a pedir la formalización.
Las causas marcadas por los cambios de fiscal
El caso de Ghione no es el primero. En los últimos años varias fiscales han abandonado o sido apartadas de causas grandes, que en algunos casos investigaban al poder político.
La primera fue Darviña Viera, fiscal de Delitos Sexuales de 5° turno, que había comenzado a investigar en noviembre de 2019 el caso más grande de explotación sexual en Uruguay y dejó su cargo en octubre de 2021, tras cuestionamientos sobre la forma en la que se estructuró el caso y las garantías dadas a las partes.
Viera inició una investigación contra 37 personas e identificó a 21 víctimas. Llegado el plazo de la acusación, presentada por la fiscal Mariana Alfaro, la fiscal no encontró evidencia para acusar a 17 de los indagados y fueron ocho las víctimas que ingresaron al juicio.
Viera fue certificada por motivos de salud y fue trasladada a la fiscalía de Delitos Sexuales de 6° turno, donde estuvo hasta su jubilación. En conferencia de prensa, Juan Gómez, por entonces fiscal de Corte, dijo que la investigación de Operación Océano llevaba “un año y medio” y eso “melló en su estado de salud; es una situación comprensible y humana, por el propio estado de exigencia que requiere este tipo de procedimientos”. En el caso de Viera, la decisión fue tomada en acuerdo con la Fiscalía de Corte.
Una fiscal que fue desplazada de su cargo fue Gabriela Fossati, quien era fiscal de Flagrancia de 12° turno y tuvo la causa de Alejandro Astesiano, exjefe de seguridad presidencial de Luis Lacalle Pou. Fossati lideró el caso desde setiembre de 2021 hasta marzo de 2023, cuando el fiscal de Corte, Juan Gómez, por discrepancias con su actuación, la trasladó a la fiscalía de 16° turno.
Fossati se había certificado previo a la decisión de Gómez, luego de que trascendiera un audio de una conversación que mantuvo con el periodista Carlos Peláez, en la que decía que la investigación del caso no iba “a poder llegar a su fin porque las piedras son permanentes, las filtraciones de información son de todos los ministerios, de Presidencia y de Fiscalía”.
“Al mismo tiempo, me quieren atar a mí con la investigación, cuando ponen piedras; lo que están pretendiendo es que precisamente la investigación fracase y que haya un nombre, una cara responsable, que sea yo. Entonces, la verdad, acá la justicia no le importa a nadie, a ninguno de los dos lados. Unos quieren tapar todo; fijate que quienes están mencionados siguen siendo los que dirigen a quienes me tienen que auxiliar”, dijo Fossati en los audios que se hicieron públicos. Meses después, en agosto de 2023, presentó su renuncia a la función pública y se retiró de la fiscalía.
Otro de los casos sonados fue el reciente traslado de la fiscal de Delitos Económicos y Complejos de 2° turno, Silvia Porteiro, que, según pudo confirmar la diaria y a diferencia de lo trascendido en un primer momento, pidió a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, apartarse del caso que investigaba al senador frenteamplista Charles Carrera por el pago de tickets alimentación y la autorización para utilizar el Hospital Policial a Víctor Hernández, quien fue víctima de una bala perdida, presuntamente disparada desde la casa de un funcionario policial en La Paloma en noviembre de 2012.
Sin embargo, Porteiro fue trasladada a una fiscalía de Flagrancia y en su lugar ingresó la fiscal Sandra Fleitas, quien pidió la imputación de Carrera por delitos de fraude, falsificación ideológica de documento público y utilización indebida de información privilegiada, mientras que la investigación inicial fue por abuso de funciones. Antes de solicitar el traslado, Porteiro había sido recusada por la defensa de Carrera por haber pedido el desafuero del senador y, pasados ocho meses, no avanzar en la imputación que se le planteó al Parlamento.
Las condiciones de trabajo y el respaldo institucional
“Somos la cuerda más fina”, dijo un fiscal sobre las condiciones de trabajo que luego se reflejan en salidas antes de tiempo de causas importantes. Varios fiscales consultados por la diaria coinciden en que el volumen de trabajo ha aumentado desde el cambio del Código del Proceso Penal, pero los recursos son menos y, cuando les llega una causa grande, no la pueden priorizar o no deberían, porque todos los casos son graves y urgentes.
Otro de los problemas que identifican es que no tienen respaldo institucional. Eso se traduce en falta de apoyo técnico para causas complejas, de respaldo ante denuncias injustificadas, de apoyo psicológico y de recursos económicos. Además, remarcan que el trabajo no es el mismo que hace 20 años y tienen una mayor exposición. “La violencia es extrema, y si sos mujer es doble el castigo”, resumió una fiscal.
A diferencia de lo que se puede pensar, hay muchos fiscales que no quieren que les toquen casos grandes porque saben que estarán expuestos a las críticas y a la mediatización. Sin embargo, varias fuentes consultadas coinciden en que en el caso de las mujeres es incluso peor. Por ejemplo, se menciona que en el caso de Ghione un programa de televisión habló sobre su hijo sin tener ningún tipo de conexión con el caso.
También entienden que las defensas no tienen un código que controle su comportamiento y en muchos casos se está dando que presentan notas escritas ante fiscalía por presuntas irregularidades para “enchastrar”. La Fiscalía de Corte inicia a menudo un expediente y una investigación, y eso, a su entender, los afecta porque los distrae de las causas, cuando podrían recurrir al proceso para pedir lo que consideran más justo.
La mirada de las defensas de las víctimas
La abogada Soledad Suárez, que ha representado a víctimas en las causas de Operación Océano y Penadés, dijo a la diaria que es sumamente importante que el fiscal que inició la investigación se mantenga hasta el final, porque es quien tiene “todos los insumos, los conoce y los buscó”.
“Ahora, cuando hay imponderables, que puede ocurrir, tiene que haber un sistema que responda a la altura de las circunstancias. No puede ser que en causas de esta altísima gravedad venga alguien con poca experiencia o sin un respaldo en un equipo más grande o reforzado”, apuntó.
No obstante, para Suárez lo más preocupante es cuando los y las fiscales terminan teniendo que retirarse de causas importantes, no sólo por “el desafío que implican en cantidad de víctimas y delitos, sino también por lo que implica enfrentarse al poder; al poder considerado desde una mirada lo más objetiva posible, es decir, gente que ocupa cargos políticos, que ocupó cargos políticos, que tiene poder económico, que tiene muchísimas influencias”, señaló.
La abogada dijo que en el caso de Operación Océano y de la causa de Penadés las fiscales “fueron afectadas en su imagen y expuestas a desprestigios constantes en el ámbito público sin tener el respaldo y la fuerza institucional para soportar esos ataques, que pudieran mantenerlas con entereza ante estas situaciones”. A su entender, se trata de “fiscales que se atrevieron a investigar a poderosos, que terminan denunciadas sistemáticamente, desprestigiadas públicamente, debilitados sus equipos o, por lo menos, no reforzados”, apuntó.
Suárez precisó que eso es “extremadamente grave” porque “se pasa un mensaje a las otras fiscales tácitamente” de que cualquiera que “quiera o se encuentre frente a un caso en que exista la posibilidad de investigar situaciones de alta complejidad, en que haya intereses que puedan verse afectados y poderosos”, puede terminar igual. También se les da un mensaje a las víctimas, ya que “hasta qué punto van a animarse a denunciar cuando ven que sistemáticamente ocurre esto”.
La abogada dijo que estos casos muestran que “parece ser una situación que se repite y muestra una postura institucional. ¿Qué hacemos ante estas situaciones? Porque no es la primera vez que ocurre y siempre los resultados son los mismos: la fiscal tiene que pedir licencia porque emocionalmente queda afectada, se le abren 150.000 denuncias administrativas o las que sean, son cuestionadas, no hay un respaldo institucional”, señaló.
Otro elemento que entra en consideración es que la Fiscalía de Corte está siendo liderada por una fiscal subrogante, en este caso Mónica Ferrero, que “no es la persona que puede planear una política más a largo plazo porque está circunstancialmente ahí” y, en paralelo, es una institución que está “debilitada en términos económicos”. Por ejemplo, señaló que en casos grandes se podría reforzar los equipos o incorporar equipos ya especializados de apoyo.
La incidencia jerárquica, la exposición mediática y la personalización de las causas
En diálogo con la diaria, el presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, Willian Rosa, dijo que si bien cada caso de los mencionados tiene sus particularidades, hay “patrones comunes”. “Son causas sumamente complejas que generan un estrés al equipo fiscal y sobre todo al fiscal titular, que muchas veces queda al borde del burnout”, comentó.
Rosa señaló que en ese tipo de causas “tenés que lidiar con su complejidad” y el peso de las decisiones estratégicas que el fiscal toma, que determinan el mejor camino o el peor camino para la causa, además del vínculo con los auxiliares, administrativos o la Policía, que cuando no es fluido incrementa el nivel de estrés.
“Si las causas son mediáticas, se complica más, porque estás todo el tiempo en un tormento, ya sea porque hay filtraciones o porque surge una noticia o porque alguien dice una cosa y te empiezan a llegar mensajes y te dicen ‘che, mirá que lo que dijeron acá’, y los abogados de los imputados y de las víctimas o los denunciantes también juegan su partido”, agregó.
Otro punto señalado por Rosa es que en este tipo de causas hay una incidencia de la jerarquía, “ya sea por omisión –que es que cuando te están atacando el jerarca de la institución no defiende el trabajo de la fiscalía, o pedís determinados insumos y no te los aporta–, ya sea por acción –cuando, por ejemplo, los abogados defensores te presentan una denuncia y la Fiscalía la instruye y se te genera un nuevo factor de estrés, tenés que estar respondiendo informaciones de urgencia o sumarios o investigaciones administrativas–. Eso que parece tan simple en los papeles termina siendo un calvario”. Rosa estimó que “cualquier fiscal se siente menos condicionado en una causa de narcotráfico y crimen organizado que una de estas causas mediáticas, en las que se investiga a gente del sistema político”.
Consultado sobre la incidencia de la impronta con la que el fiscal enfrente el litigio, Rosa respondió: “A veces nos equivocamos en los procedimientos por los que queremos llegar a convencer al juez, creo que hay un aprendizaje para hacer, y a veces se va la moto a un lugar a donde no debería ir, y tal vez eso afecta el éxito del caso”.
En cuanto a la decisión de apartarse de un caso y lo que implica para la causa, los recursos utilizados en determinada estrategia y la condición que genera para el fiscal que toma el caso, Rosa señaló que en cualquier momento del proceso puede ocurrir un apartamiento del fiscal. Al respecto, les quitó relevancia a los efectos de un cambio de estrategia porque entiende que los insumos no se pierden, pero señaló que es distinto cuando está corriendo un plazo que determina el tiempo del fiscal que asume.
“El problema más grande se presenta cuando la causa queda estancada porque se da ese cambio de fiscal o porque el nuevo fiscal tiene que tener un tiempo prudencial para ponerse a tono”, agregó. Consultado sobre el caso Penadés, cuya nueva fiscal deberá presentar la acusación en octubre, Rosa señaló que existen “varias bibliotecas” respecto de ese plazo, pero planteó que es “complicadísimo” asumir en esa situación. “Vos tenés tres meses para armar una acusación de un caso en el que la investigación llevó un año y medio. No sólo tenés que ponerte en el caso, primero tenés que ver cada una de las piezas y después armar el rompecabezas. Es un problema gigante”.
Rosa opinó que uno de los factores que pueden contribuir a mejorar el ámbito laboral y el nivel de estrés en este tipo de causas es la despersonalización de las causas y el trabajo en equipo: “A veces estas carreras como de fiscal y de juez son carreras muy de egos, y uno no llega a dimensionar que compartiendo responsabilidad lo que hace es diluir los focos de ataque”. “En Uruguay no va a haber 20 casos grandes, va a haber tres casos grandes, entonces, ahí la fiscalía podría tener una fuerza de respaldo. Tenés al fiscal dirigiendo la investigación, pero tenés más gente trabajando en eso, y siempre lo transmitís desde el equipo, no lo personalizás; deberíamos ensayar mucho más esas estrategias de protección” afirmó.