“El miércoles 6 de julio de 1984, el vuelo 919 de Varig, un Boeing 727, despegó de Carrasco con destino a Río de Janeiro. No llegó a esa ciudad. Una amenaza de bomba a bordo provocó un aterrizaje de emergencia en un punto intermedio, el aeropuerto Salgado Filho, de Porto Alegre. No se encontró bomba alguna, pero sí 18 maletas con 300 kilos de oro en lingotes y fajos de billetes en los intersticios que permitía la carga”, se puede leer en el inicio del capítulo 6 de Plata sucia, el último libro del periodista Andrés Alsina.
En el apartado —que lleva como título “Oro viajero”—, Alsina relata una operativa de tráfico de oro desde Sudáfrica a Uruguay, en la que estuvieron involucrados militares de la dictadura, diplomáticos, empresas de transporte de valores y hasta una regata oceánica Ciudad del Cabo-Punta del Este. El libro de Alsina, que se presenta este martes (ver recuadro), incluye crónicas de este tipo, pero también análisis, entrevistas, documentos y líneas cronológicas sobre el lavado de dinero en Uruguay, una práctica que “comienza antes de la dictadura, toma impulso y persiste hasta hoy”.
En la investigación se mencionan casos vinculados al blanqueo de capitales en el agro, la construcción, el negocio inmobiliario y los partidos políticos, producto de la evasión fiscal desde países vecinos y ganancias ilícitas obtenidas por el contrabando y el tráfico de drogas. Ansina encaró la investigación con la “convicción” de que el problema del lavado en Uruguay “es grave y avanza”, a pesar de los intentos por “disimularlo”. En particular, el autor advierte, a lo largo de 220 páginas, sobre el impacto que ocasiona este fenómeno en el sistema institucional uruguayo y en la actividad económica legal. La vocación divulgadora del trabajo queda clara desde la contratapa: “Para el ciudadano común, el lavado de activos es un asunto menor, suele no conocer el tema de fondo y mucho menos los males que les causa a la sociedad y a la economía”.
El caso del oro sudafricano
La historia de las 18 valijas con los lingotes de oro que los militares intentaron sacar del país la publicó el periodista Samuel Blixen en Brecha en marzo de 2025, con base en documentos de inteligencia militar que encontró en los archivos Berrutti.
Según el artículo de Blixen, el cargamento pertenecía a altos oficiales del Ejército uruguayo cuyas identidades fueron preservadas por los ejecutivos de la transportista de valores Juncadella y Musso y su colateral Prosegur, responsables de transportar el oro desde Ciudad Vieja hasta el aeropuerto de Carrasco. El metal precioso incautado en el avión de Varig viajaba con destino a Nueva York; la llamada anónima que desarticuló la operativa, reconstruyó Blixen, fue una maniobra para dejar al descubierto el trasiego militar de oro, en un contexto de negociaciones entre políticos y militares (el Pacto del Club Naval se firmó el 3 de agosto de 1984, un mes después de la incautación en el aeropuerto de Porto Alegre).
El libro de Alsina aporta elementos normativos para abordar este fenómeno, como un decreto que la dictadura emitió en octubre de 1979 para reglamentar “la comercialización y el tránsito de oro y otros metales”. Allí se fundamentó una política de gobierno orientada a “consagrar a la República como plaza financiera internacional”, en la que además se establecía “la libre importación y exportación de oro, así como de otros metales preciosos”.
La investigación de Alsina revela que esta importación de oro desde Sudáfrica a Uruguay se venía realizando al menos desde 1978. Entre otras cosas, el investigador cita diálogos entre el agregado de negocios uruguayo en Sudáfrica, José Luis Pombo, con el primer ministro de ese país, Pieter Willem Botha. A pesar del bloqueo de Naciones Unidas al apartheid, las autoridades de ambos países tenían buenas relaciones y coincidían en su anticomunismo. “No compartimos las políticas raciales de Sudáfrica, pero Uruguay es un gran defensor de los principios de no intervención y autodeterminación. Usted sabe que nunca intervenimos y ni siquiera opinamos acerca de los asuntos internos de Sudáfrica. La relación entre nuestros países es la más feliz posible”, dijo en una de las comunicaciones Pombo, que hasta hace unos meses era cónsul uruguayo en Suiza.
Con base en estos documentos, Alsina reconstruyó sucesos vinculados a una regata oceánica desde Ciudad del Cabo a Punta del Este, que estuvo llamativamente “rodeada de secretismo”. “Se negó acceso a la prensa a un evento supuestamente deportivo, la lista de tripulantes fue secreta hasta último momento, y se excluyó a 17 de los 32 yates que se anotaron. El viaje fue en 1979, y la travesía, de una distancia de 6.561 kilómetros, se llamó Vela Oceánica y fue custodiada por una nave de guerra, la Protea. A su llegada (a Uruguay) no fueron inspeccionados por Aduanas, así que, si traían oro, no se supo”, repasó Alsina.
Las empresas “cáscara” de Techint y el “gota a gota”
Otro capítulo relevante del libro es sobre las empresas “cáscara” que operan desde Uruguay en la compra y venta de productos en terceros países, sin que la mercadería pase por territorio nacional. Este mecanismo, aprovechado fundamentalmente por capitales argentinos, quedó habilitado con una resolución de 1997 y es “muy apto” para el lavado de activos, concluyó el autor.
Por ejemplo, el grupo argentino Techint tiene 14 empresas “cáscara” en Uruguay que en 2021 facturaron 7.500 millones de dólares y obtuvieron ganancias por 472 millones de dólares. Estos datos surgen de la investigación “Gasoducto al paraíso: la estructura offshore del grupo Techint en Uruguay”, de los argentinos Alejandro Gaggero y Gustavo García Zanotti.
Este esquema impositivo uruguayo, agregó Alsina, también habilitó la llegada al país de un pool de 13 empresas agroindustriales de Argentina, que desde el año 2000 vienen aprovechando esa ventaja. Monsanto, Dreyfus, Glencore, Bunge, Cargill, Adeocagro, Nidera Seeds y Syngenta son algunas de las empresas que aparecen mencionadas en esta detallada cronología. Además, el libro desarrolla aparte uno de los casos más emblemáticos de firmas ligadas al agronegocio: el grupo argentino Vicentin, actualmente con sede, entre otros países, en Uruguay.
En otro pasaje de Plata sucia hay entrevistas a dirigentes del sindicato bancario que manifiestan su preocupación por las organizaciones criminales que prestan dinero y lo cobran “gota a gota”, con tasas de interés muy por encima de las habilitadas. “Los usuarios del sistema financiero están absolutamente indefensos, pues no hay supervisión ni control permanente para evitar que esas malas prácticas crezcan y se expandan. Y, si no controlamos la práctica en sí, imaginate si podremos controlar el origen del dinero”, lamentó el sindicalista bancario Pablo Andrade.
El libro de Alsina también recopila casos de los últimos años que podrían tener alguna conexión, directa o indirecta, con los fenómenos investigados: la implementación de la ley de derribo, el pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset, las disputas empresariales en el puerto de Montevideo, el espionaje a los senadores Charles Carrera y Mario Bergara, el contenedor con alfajores Portezuelo que pasó por Zonamérica, las propiedades en Punta del Este del empresario Gonzalo Aguiar y la alteración de historias clínicas de narcotraficantes, entre otros casos de los últimos años.
Presentación en Montevideo
Plata sucia, que salió por Da Vinci Ediciones, se presentará este martes a las 18.30 en la Fundación Verde (18 de julio 2017 esquina Pablo de María). Además del autor, estarán el abogado y exprosecretario de Presidencia Leonardo Costa y el periodista de la diaria Lucas Silva.