La jueza de lo Contencioso Administrativo María Eugenia Ferrer condenó al Ministerio del Interior a que entregue un documento vinculado al terrorismo de Estado al proyecto Cruzar, de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República.
En concreto, el texto solicitado por el proyecto es del 31 de julio de 1975 y refiere al asesinato del militante comunista Álvaro Balbi. La magistrada expresó que la cartera tiene un plazo 72 horas para hacerlo, “salvo que se acredite en legal forma que el documento fue remitido a la Fiscalía de Lesa Humanidad”, se informó en un comunicado elaborado por el proyecto.
La decisión de la jueza llegó luego de una acción de acceso a la información pública que fue promovida por el proyecto en conjunto con el Centro de Archivos y Acceso a la Información (Cainfo) y de varias respuestas insatisfactorias por parte del Ministerio del Interior.
“La administración no es prolija en su actuación, en tanto en primer lugar alega que la información solicitada es clasificada reservada; luego que, si bien no es reservada, no la encuentran, y antes expresa que la misma debería ser peticionada a la Fiscalía de Lesa Humanidad”, argumentó la jueza en su fallo.
El proyecto Cruzar, que trabaja en la sistematización de información de archivos del pasado reciente, manifestó en el comunicado que la posibilidad de acceder a esta información constituye la “materia prima para la investigación”, ya que “los integrantes del proyecto leen y cruzan la información disponible en distintos conjuntos de documentos, por ejemplo, el archivo Berrutti, y cada vez que detectan un indicio sólido que indica la existencia de un material desconocido hasta el momento, apelan a la ley de acceso a la información pública para que la institución en poder del material lo brinde”.
Asimismo, señalaron que “el acceso a la información pública es una garantía para la vida democrática, y como tal forma parte de los derechos humanos fundamentales. En casos de crímenes de lesa humanidad, el acceso a documentación de los organismos represivos resulta indispensable para contribuir a la verdad, la memoria y la no repetición de estos hechos, y es una forma de aportar a la búsqueda de justicia y reparación para las víctimas y sus familiares”.