Una de las mujeres imputadas por el caso que investiga el túnel realizado desde un local alquilado en la calle Colón hasta la puerta de la sucursal de Ciudad Vieja del BBVA alcanzó un acuerdo abreviado con la fiscal del caso Angelito Romano, que fue ratificado por la jueza especializada en Crimen Organizado de segundo turno, Gabriela Azpiroz.
En la resolución judicial, a la que accedió la diaria la mujer fue condenada por un delito de narcotráfico en modalidad de suministro oneroso y un delito de tráfico interno de armas y municiones a la pena de dos años y seis meses de penitenciaría. La condenada fue sobreseída sobre el delito de porte y tenencia de armas de fuego con identificación suprimida, dado que la fiscalía no encontró evidencia para acusarla por ese delito, por el que anteriormente había sido imputada.
Las fuentes señalaron que hay otros imputados que avanzan en la negociación de un acuerdo abreviado por asociación para delinquir y tentativa de hurto que podría concretarse en los próximos meses.
En diálogo con la diaria el abogado Rodrigo Rey señaló que se trata de una causa “compleja y desafiante” y destacó el trabajo de la fiscalía en la recolección de evidencia y profundidad de la investigación.
“En el caso de nuestra defendida, era muy clara su desconexión con la hipótesis del túnel, su construcción y custodia. En función de la evidencia recaudada y teniéndose presente que es una investigación reservada, hemos decidido arribar a un acuerdo abreviado que permita redimir pena”, señaló Rey, quien comparte la defensa con el abogado Marcelo Frioni.
Rey destacó que la pena acordada es “prácticamente en el guarismo mínimo”, y planteó que la evidencia “respaldar en un juicio diligencias sólidamente orientadas a una acusación por distintas figuras” previstas en el decreto ley sobre narcotráfico.
La condenada fue vinculada a la boca ubicada en Neptunia, en donde se encontraron evidencias que condujeron a la investigación que culminó con el descubrimiento del túnel, ocurrido el 3 de febrero en Colón y 25 de mayo, que la organización criminal tenía alquilado desde julio de 2025.
En la causa hay otras diez personas imputadas, ocho hombres y dos mujeres, en su mayoría por los delitos de asociación para delinquir y hurto en grado de tentativa.
La casa de Neptunia fue investigada a partir de una denuncia anónima que llegó a la policía en setiembre de 2025 y permitió conectar con los movimientos en la casa de El Pinar, donde se alojaban los integrantes extranjeros de la organización, cinco brasileños y dos paraguayos.
La investigación logró determinar que el uruguayo Jorge Fulco los llevaba todos los días hasta la zona del dique Mauá para que desde allí caminaran hasta el local desde donde se inició el túnel que alcanzó los 200 metros al utilizar la infraestructura de los canales pluviales de la época colonial.
Uno de los imputados tenía alquilados cofres en esa sucursal del BBVA y las cámaras de la Ciudad Vieja lo registraron varias veces en la zona estudiando los movimientos del banco. Además, están pendientes varias pericias de celulares de los detenidos, que podrían servir para identificar a los autores intelectuales del atraco que estarían vinculados a la organización de Sebastián Marset.
Entre los imputados se encuentran dos miembros del PCC con varios antecedentes penales. Se trata de Raimundo de Souza Pereira, de 61 años, quien fue condenado por el intento de robo al banco Banrisul, en Porto Alegre, en 2006, que implicó la construcción de un túnel en el centro histórico de la ciudad, y por el asalto al Banco Central de Fortaleza en agosto de 2005, que se concretó tras la excavación de un túnel de 80 metros hasta la zona de cofres de la institución.
De Souza había sido detenido en abril de 2017 por la construcción de un túnel de dos kilómetros de largo y cuatro metros de profundidad en la Barra da Funda, en San Pablo. El otro integrante del PCC que figura entre los imputados es Eduardo Félix Farias, quien participó en el asalto de un banco en San Pablo en 1996 y en el atraco del Banco do Brasil en 2001.
También se investiga a una mujer, propietaria de una inmobiliaria que alquiló a la banda un apartamento en la zona de Aidy Grill, de Punta del Este, por unos 3.500 dólares. Ese apartamento había sido alquilado por la banda mexicana que en 2018 asaltó la joyería Sensation du Temps, en el Conrad.