El convencional colorado Esequiel Ibarra denunció penalmente al senador colorado Andrés Ojeda por sus dichos en el programa Arriba Gente de Canal 10 y en Radio Sarandí, en los que el senador dijo que Ibarra había sido sumariado por denuncias falsas contra el entonces presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, y por casos de acoso contra sus compañeros y apertura de correspondencia. Las declaraciones fueron realizadas en diciembre de 2025, en el marco de la discusión sobre la compatibilidad del cargo de Ojeda como senador y el ejercicio de su profesión, que había sido denunciado como inconstitucional por Ibarra ante las autoridades partidarias.

Según confirmaron a la diaria fuentes allegadas a la investigación, la causa está en manos del fiscal especializado en Delitos Económicos de primer turno, Alejandro Machado, y también incluye denuncias por abuso de funciones contra el diputado colorado Gabriel Gurméndez y el exsenador Pablo Lanz, quienes en el período pasado ejercieron respectivamente como presidente y vicepresidente de Antel, donde Ibarra es funcionario.

La carpeta de investigación incorporó un audio de una conversación con el exvicepresidente Pablo Lanz, que fue certificada por escribano, en la que Lanz le advierte el peso de lo político sobre las resoluciones de jurídica del organismo y le plantea que mejor no continúe con las denuncias a la interna del ente. Además, afirma que el entonces presidente de Antel, Gurméndez, quería “linchar” a Ibarra y él frenó los procesos en su contra. Por otra parte, habla de los acuerdos políticos que sustentan el orden del organismo y le aconseja.

Entre las denuncias realizadas por Ibarra ante el ente, se encuentra el cobro de comisiones de los vendedores y sus superiores sobre las ventas vía web, cuando la normativa solo preveía el cobro de comisión para compras presenciales. Esa situación, luego de que fuera denunciada por Ibarra, fue transparentada en diciembre de 2022 con una resolución que habilita el cobro de comisiones por ventas web.

Tras las denuncias realizadas, Ibarra fue denunciado y sumariado cuatro veces y sancionado a cinco meses sin goce de sueldo, algo entendido por el convencional colorado como un caso de persecución laboral y política.

La denuncia que investiga Machado también hace referencia a otro tipo de maniobras en la empresa estatal vinculada a la venta de celulares y el ingreso de colorados en el ente; además, menciona casos en los que el corporativismo y las decisiones de los jerarcas fueron priorizadas sobre las definiciones del departamento de Jurídica.

La denuncia contra Andrés Ojeda por incompatibilidad con su cargo de senador

En noviembre de 2025, la fiscal Silvia Lovesio advirtió sobre la presentación de un escrito de 75 páginas presentado ante la Fiscalía por Ojeda en su rol de abogado para pedir la reapertura de una causa y su eventual violación al artículo 124 de la Constitución, el cual prohíbe a los senadores “tramitar o dirigir asuntos de terceros ante la Administración Central, Gobiernos departamentales, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados”.

En diciembre, Ibarra presentó una denuncia ante la Secretaría General y la Comisión de Ética del Partido Colorado. Además, llevó el caso a la Comisión de Constitución y Legislación del Senado. El caso fue planteado por el propio Ojeda ante la Dirección Jurídica de la Comisión Administrativa del Parlamento, quien recomendó no dar trámite a la denuncia, dado que el denunciante “carece de legitimación activa” para promover un proceso de destitución.

En marzo, la fiscal Silvia Lovesio se opuso al pedido de reapertura señalando que la Constitución prohíbe la actuación de legisladores ante servicios descentralizados para “prevenir conflictos de intereses y garantizar la independencia de los poderes del Estado”.

La fiscal señaló que la doctrina uruguaya es “unánime en entender que el artículo 124 de la Constitución no es una simple regla de conducta, sino un mandato constitucional riguroso que protege la integridad del Poder Legislativo, y busca la máxima probidad y el total desinterés en la gestión de asuntos privados que puedan entrar en conflicto con la función pública”.