Eternas injerencias

Editar

Ante una solicitud del polémico gobierno haitiano surgido del asesinato de su presidente, Estados Unidos y Canadá están considerando una misión de “intervención humanitaria”. Esta nota recuerda que más que un “Estado fallido”, Haití podría ser considerado un “Estado asistido”, cuyos males se derivan de décadas sin controlar su propio destino.

A priori, todo separa a Haití de Afganistán, comenzando por varios océanos. Sin embargo, la plaga de las intervenciones extranjeras transformó a estas dos naciones en gemelas. El 7 de julio de 2021, temprano en la mañana, el presidente de la República de Haití, Jovenel Moïse, fue asesinado por un comando probablemente compuesto por exoficiales del ejército colombiano. Tras varios meses de investigaciones y el encarcelamiento de unas 40 personas, los cerebros de la operación todavía no fueron identificados. El último asesinato de un jefe de Estado haitiano se remonta a 1915. En consecuencia, en aquella oportunidad los marines estadounidenses invadieron el país y se mantuvieron allí por 19 años. Tras la muerte de Moïse, el exprimer ministro interino Claude Joseph solicitó el regreso de Estados Unidos, mientras que un editorial de The Washington Post subrayaba la urgencia de desplegar en Haití una fuerza de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas “con el fin de evitar una situación de caos que podría tener consecuencias terribles” (7 de julio de 2021).

Un mes más tarde, el 14 de agosto de 2021, un sismo de magnitud 7,2 devastó la Península de Tiburón, en el suroeste de la isla. A la mañana siguiente, la capital afgana caía en manos de los talibanes. Si la duración de la presencia estadounidense llevó a ciertos observadores a establecer un paralelismo entre los dos países –Afganistán acaba de reemplazar a Haití como el país que sufrió la ocupación más duradera de la historia de Estados Unidos–, las similitudes son aún más profundas de lo que podría pensarse a primera vista.

“Estado asistido”

Los ataques del 11 de setiembre de 2001 le ofrecieron al presidente estadounidense del momento, George W Bush, y a su camarilla de neoconservadores la oportunidad con la que soñaban. Lanzadas bajo el estandarte de la lucha contra el terrorismo, las incursiones del ejército estadounidense en Irak y en Afganistán fueron ejemplos clásicos de nation building, la construcción de una nación desde el extranjero. Sin embargo, la administración Bush no se detuvo en esa buena senda. El 29 de febrero de 2004, un golpe de Estado apoyado por Washington, París y Ottawa forzó al presidente haitiano Jean-Bertand Aristide a renunciar. Había sido elegido cuatro años antes por una aplastante mayoría (y con una tasa de participación de cerca del 70 por ciento). Aunque Francia había decidido en ese entonces cortar toda cooperación militar con Estados Unidos para protestar contra la invasión de Irak, colaboró con Washington en Haití. Una vez que Aristide fue apartado y forzado a exiliarse en la República Centroafricana, fuerzas francesas desembarcaron junto con los marines estadounidenses antes de cederles el lugar a varios miles de cascos azules en el marco de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah), un nuevo proyecto de nation building [misión de la que participó con un rol protagónico Brasil, pero también Argentina y Uruguay].

De modo oficial, la operación tenía como meta reformar las instituciones, construir un sistema judicial funcional, establecer una fuerza de policía, supervisar las elecciones y garantizar la estabilidad política. Sin embargo, se trató, de hecho, de una misión militar. Durante años, las unidades de la Minustah multiplicaron las incursiones contra sectores de la capital conocidos por su apoyo al presidente Aristide, con el objetivo de aplastar la resistencia al golpe de Estado de 2004. Durante un raid contra la comuna de Cité Soleil en febrero de 2007, los soldados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dispararon más de 20.000 municiones, matando a varios civiles. Y no se trató de un episodio aislado.

Algunos comentaristas sugieren que la doble crisis haitiana del verano de 2021 justifica calificar a Haití como “Estado fallido” (failed state), al igual que a Afganistán. Sin embargo, es ante todo un “Estado asistido”: moldeado por intervenciones extranjeras que a través de “la ayuda” perpetúan una forma de ocupación. Como en Afganistán a partir de 2001 –cuando Estados Unidos gastó miles de millones de dólares para mantener a dirigentes afganos impopulares–, todos los escrutinios haitianos desde 2004 están puestos bajo el control de potencias extranjeras, comenzando por Washington, la ONU y la Organización de los Estados Americanos (OEA). Luego del violento sismo del 12 de enero de 2010, por ejemplo, el gobierno haitiano decidió posponer las elecciones generales, en inicio previstas para febrero y marzo de ese año. Sin embargo, los países donantes no tardaron en ejercer presión para que se llevasen a cabo en ese noviembre, cuando un millón de personas seguían sin tener cobijo. La primera vuelta se llevó a cabo en condiciones catastróficas. En lugar de preconizar un informe esperando que la situación mejorara, o incluso un recuento de los votos, una misión de la OEA conducida por expertos estadounidenses, franceses y canadienses recomendó modificar los resultados oficiales, sin justificación, con el fin de calificar para la segunda vuelta al cantante Michel Martelly, etiquetado de derecha. Como la administración de Barack Obama amenazaba con suspender la ayuda humanitaria que el país necesitaba de forma desesperada, las autoridades haitianas cedieron y aceptaron la “recomendación”.

Inaugurado en febrero de 2017, el mandato del presidente Moïse resultó ser igual de frágil. Si bien ganó la votación del otoño de 2016 (organizada tras la anulación de la elección presidencial de 2015, sospechada de estar viciada por un fraude masivo), la participación no alcanzó el 20 por ciento: el nuevo jefe de Estado recibió 590.000 votos sobre cerca de seis millones de votantes (el país cuenta con 11 millones de habitantes). Tras el anuncio de los resultados, se sucedieron manifestaciones y llamados a la renuncia del mandatario electo, acompañados por denuncias de corrupción en la cima del Estado. Sin sorpresas, el nuevo hombre fuerte del país encontró una fuerte resistencia.

A diferencia del régimen afgano apoyado por Washington, el presidente haitiano sobrevivió de hecho a la salida de las tropas extranjeras al final del mandato de la Minustah, en octubre de 2017. En Haití no existen movimientos de oposición de la envergadura de los talibanes. Cuando llegó el día de inicio de su mandato, el 7 de febrero de 2021 (fecha fijada por la Constitución para la investidura de los presidentes electos), Moïse podía contar con el apoyo del trío Estados Unidos-Naciones Unidas-OEA para mantenerse en el poder. El episodio reforzó la convicción, ya bien anclada en la población, de que son los donantes, y no los haitianos, los que eligen a los dirigentes del país.

Ahora bien, tras el sismo de 2010, las donaciones llovieron desde el mundo entero, superando los 10.000 millones de dólares (el equivalente al Producto Interno Bruto haitiano en ese momento). El número de Cascos Azules estacionados en el país pasó en ese entonces de poco menos de 7.000, en 2004, a 12.000. Al estimar los decisores estadounidenses que un Estado moderno no se construye sólo sobre la fuerza militar, se movilizó la ayuda humanitaria para intentar “reconstruir” Haití... Para las organizaciones no gubernamentales (ONG), los industriales del desarrollo y las agencias internacionales que llegaron en masa tras la catástrofe, sólo los “expertos” formados en Occidente poseen los conocimientos y los recursos necesarios para “reconstruir, en una versión mejorada” un país percibido como inestable y atrasado...

Así, a lo largo de los diez años transcurridos desde el sismo, menos del tres por ciento de la ayuda extranjera estadounidense fue a parar a organizaciones haitianas; más de la mitad a un puñado de empresas que gravitan en la órbita del Estado Federal, entre Washington, Maryland y Virginia. De manera que miles de occidentales viven en la actualidad de una “ayuda” de la cual el país que debería beneficiarse no siempre percibe. Sea que los proyectos tengan éxito o fracasen, el dinero continúa brotando.

Al apartar a las organizaciones locales, la ayuda internacional termina debilitando al Estado que se supone debe contribuir a “construir”. En Haití, cerca del 80 por ciento de los servicios públicos básicos, como la salud o la educación, son brindados por ONG, asociaciones religiosas o empresas privadas. En cuanto a las industrias nacionales, padecen la dependencia del sector humanitario a las importaciones. En el área agrícola, los beneficiarios de los fondos estadounidenses no tienen permiso para comprar productos locales. Dicho de otra manera, el dinero que el Congreso destina a la ayuda humanitaria sirve para subvencionar a productores estadounidenses. Tras 20 años de nation building, la mitad de los haitianos sigue en situación de inseguridad alimentaria; tantos como antes del inicio del proceso. ¿Cómo asombrarse de que sean tantos los que intentan huir de su país en busca de una vida mejor?

Resistencias

Cuando, en setiembre de 2021, más de 10.000 haitianos llegaron a la frontera sur de Estados Unidos con la esperanza de solicitar un pedido de asilo, sin dudas esperaban gozar del mismo estatus de refugiados que el presidente Joseph Biden les otorgó a 37.000 afganos tras la debacle relacionada con la retirada de las tropas estadounidenses de Kabul. Un error. Algunas imágenes mostraron a agentes de la policía montada fronteriza arremetiendo contra las familias que acababan de cruzar el Río Grande, algunos de ellos alzando sus riendas a modo de látigos, como en tiempos de la esclavitud. Al cabo de una semana, la administración Biden dio lugar a una de las más amplias operaciones de expulsión de solicitantes de asilo de las últimas décadas, reenviando a su país a más de 4.000 haitianos.

Daniel Foote, el enviado especial de Estados Unidos en Haití, reaccionó renunciando a sus funciones, sólo dos meses después de su nominación. “Me rehúso a ser asociado con la decisión inhumana y contraproductiva del gobierno estadounidense de expulsar a miles de refugiados haitianos”, escribió en su carta de renuncia.¹ No resulta casual que Foote, como muchos diplomáticos que desembarcaron en Puerto Príncipe, también haya pasado por la embajada estadounidense en Kabul, en donde supervisaba la distribución de la ayuda civil extranjera. La analogía entre los dos países, a veces invisible a los ojos del público, rara vez se les escapa a los funcionarios extranjeros.

Foote no protestaba sólo contra las expulsiones. Lamentando que sus recomendaciones hayan sido ignoradas o deformadas, establecía una relación directa entre los miles de solicitantes de asilo haitianos y la política de Washington en la isla: “Pienso que Haití no conocerá jamás la estabilidad mientras sus ciudadanos no sean considerados dignos de elegir a sus dirigentes con toda equidad y honestidad”. Hacía también un llamado a dejar de considerar al país como una “marioneta en manos de actores internacionales”. “No queda más que sentirse estupefacto por esta ilusión de omnipotencia que nos convence que nos tocaría a nosotros, una vez más, designar al ganador”, concluía.

El enviado estadounidense hacía alusión a la última injerencia extranjera a la fecha en los asuntos políticos haitianos. Enseguida después del asesinato del presidente Moïse, Claude Joseph lo sucedió en calidad de primer ministro. Sin embargo, había renunciado dos días antes, ya que el presidente había anunciado su decisión de reemplazarlo por el doctor Ariel Henry, quien no había asumido oficialmente aún. En la medida en que la legitimidad del mismo Moïse era dudosa, estos dos pretendientes no podían ser más que controvertidos. Lo cierto es que Washington y las Naciones Unidas decidieron por los haitianos, brindando su apoyo a Henry.

Hace más de doscientos años, una población de esclavos logró echar a los colonizadores franceses y establecer una nación haitiana. Desde entonces, las potencias extranjeras aliadas a una pequeña élite local no han cesado de buscar controlar el país; una voluntad cuyos últimos 20 años y el “Estado asistido” al que dieron nacimiento no son más que la manifestación más reciente. Sin embargo, esos esfuerzos siempre encontraron una viva resistencia, que se tradujo primero en la Revolución Haitiana a fines del siglo XVIII. En 1915, cuando los soldados estadounidenses llegaron para ocupar el país, se toparon con una milicia campesina, los Cacos. Tras el golpe de Estado de 2004 y el consiguiente despliegue de los Cascos Azules, grupos civiles armados condujeron una guerrilla urbana en la capital para luchar contra el invasor. Estados Unidos, la ONU, la Unión Europea perdieron toda credibilidad ante sus ojos. En la actualidad, incluso aquellos que apoyaban la intervención estadounidense en 2004 denuncian las injerencias y reclaman una solución decidida por los haitianos. Mientras que las naciones donantes se precipitaban para apoyar a Henry, centenares de organizaciones representantes de las fuerzas vivas del país –desde el campesinado hasta las asociaciones barriales, pasando por el sector privado– se unían alrededor de un programa común para enfrentarse al poder de los actores internacionales y rechazar la perpetuación del Estado asistido. La batalla de Haití no ha terminado.

Jake Johnston, investigador del Center for Economic and Policy Research (CEPR), Washington, DC. Una versión de este artículo fue publicada originalmente en Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, en diciembre de 2021. Traducción: Micaela Houston.