Todos desiguales frente a la inflación

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Durante mucho tiempo los poderes públicos protegieron a los asalariados de la inflación a través de un mecanismo de indexación de las remuneraciones. El gobierno francés estima que proceder así equivaldría hoy por hoy a tirar nafta sobre el aumento de los precios, lo cual contradice un reciente estudio del Fondo Monetario Internacional (FMI). La regla dictada por París no vale, no obstante, para todos.

La inflación, imagen de Leviatán moderno para las economías occidentales, preocupa desde hace algunos meses. La pandemia de covid-19 y luego la guerra en Ucrania provocaron un aumento de los precios que parece haber hecho desaparecer las demás preocupaciones de los bancos centrales. Helos aquí que planean sumergir la economía mundial en una recesión como manera de contenerla. Así, el 21 de setiembre, durante una conferencia de prensa, el presidente de la Reserva Federal estadounidense (FED) Jerome Powell proclamaba: “Necesitamos un aumento del desempleo para luchar contra la inflación”.

Ante esta “plaga”, el Estado francés adopta dos actitudes diametralmente opuestas para dos segmentos de población. Del lado de los asalariados, el gobierno excluye introducir mecanismos de reajuste automático. “No somos una economía administrada, ¡no es el Estado quien decide los salarios!”, justificó el presidente Emmanuel Macron durante una entrevista en France 2, el 26 de octubre. Además, una indexación de las remuneraciones equivaldría, según él, a poner la economía bajo control político, provocaría nuevos aumentos de precios, imponiendo a su vez una revalorización de los salarios: una “espiral inflacionista sin fin en la cual, de manera responsable, rechazamos entrar, ya que perderíamos en todos los indicadores”, explica el ministro de Economía, Bruno Le Maire.¹

Sin embargo, el Estado administra en plazos regulares el nivel de ingresos de los inversores. Mientras que uno de los más importantes economistas del siglo XIX, el británico John Maynard Keynes, estimaba que el aumento de los precios brindaba un medio eficaz para “eutanasiar a los rentistas” –actores económicos cuyo rol parasitario denunciaba– y borrar el costo real de la deuda por la inflación, el Tesoro francés les propone el equivalente financiero del baño de la eterna juventud: las obligaciones asimilables indexadas por inflación francesa (OATI) o europea (OAT€I), productos que los inmunizan contra cualquier depreciación de sus inversiones relacionada con el aumento de los precios. Estos títulos representan cerca de un décimo del conjunto de las emisiones del Tesoro francés, un cuarto de la totalidad de emisiones en Reino Unido (22 por ciento), ocho por ciento en Estados Unidos y menos de cinco por ciento en Alemania. El Ministerio de Finanzas, desde su sede en el barrio parisino de Bercy, anticipa que en 2022 estas OATI tendrán un costo adicional de 15 mil millones de euros para el Estado francés, debido a las constantes variaciones de los precios.²

Es raro que dos razonamientos opuestos puedan explicarse con los mismos argumentos. La amenaza de un bucle precios-salarios –la famosa “espiral inflacionaria”– que marca el ritmo de los discursos oficiales cuando se trata de indexación de los ingresos del trabajo, desaparece, sin embargo, en los que evocan la remuneración del capital por medio de las OATI. Y la indexación que supuestamente debería atizar el alza de los precios en el primer caso concreto es reclutada en la lucha contra el incendio en el segundo... ¿Cómo explicar que se trastoquen hasta ese punto los principios básicos de la lógica desde las más altas esferas del Estado?

La escala móvil de los salarios –que consiste en aumentar los sueldos en función del aumento de los precios– fue introducida en Francia por una ley de 1950, seguida de otro texto en julio de 1952 que imponía la revalorización automática del salario mínimo interprofesional garantizado (SMIG) si el índice de los precios superaba el cinco por ciento. Producto del paisaje político de la segunda posguerra, la mecánica de la indexación supone un cálculo del índice de precios independiente del poder político y de las fuerzas sociales efectuado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Estudios Económicos (INSEE), organización creada en la misma época.

Giro ideológico

Treinta años después, el gobierno de Pierre Mauroy suprime la indexación, conforme con el deseo del ministro de Economía y Finanzas del momento, Jacques Delors. En el marco del “giro del rigor” del presidente François Mitterrand, la medida deja a los trabajadores desprotegidos frente a la inflación, que supera el 11 por ciento en ese entonces. Ese trompo ideológico se acompaña de la aceleración del financiamiento del Estado por los mercados (y ya no por los circuitos públicos de posguerra, criticados por su “dirigismo”). Así, la nueva severidad respecto de los asalariados se acompaña de esfuerzos que buscan ganarse a los inversores, de los que se espera que compren títulos de la deuda. Esta diferencia entre dos categorías de población igualmente golpeadas por la inflación se convierte en una constante de las políticas públicas, tanto en Francia como en otros países.

Sin embargo, si las obligaciones indexadas sobre la inflación ahora son activos banales para los mercados de capitales, su introducción desencadenó, tanto en París como en Londres, una guerra palaciega. En Reino Unido, por ejemplo, las primeras emisiones de esos títulos, que pronto serán apodados linkers, tuvieron lugar a inicios de los años 1980, mientras Margaret Thatcher reinaba en el número 10 de Downing Street [sede del gobierno]. El secretario de Finanzas del Tesoro del momento, Nigel Lawson, recuerda que la primera ministra al inicio “se oponía a la indexación, que, de cierta manera, validaba la inflación”.³ Temía “que la indexación financiera se propagara a otras formas de indexación mucho menos deseables, en particular los gastos públicos y los salarios”.

Pero los promotores de los linkers anticipaban que estos contratos de préstamo facilitarían el financiamiento del déficit. En efecto, los acreedores que suscribirán los títulos aceptarán a cambio una prima de riesgo reducida y tasas de interés más bajas. Si la inflación se mantiene limitada, resultarán menos onerosos para el Estado. Thatcher ve en esta promesa de reducción de la carga de la deuda, al menos a corto plazo, una manera de poner en marcha la reducción de impuestos que prometió. También se deja convencer de que estos nuevos productos materializan el compromiso del gobierno de reducir la inflación, representando todo aumento de los precios un costo adicional, incluso un castigo, para el Estado. Sólo algunas voces denuncian en 1980 un “efecto tijera”: “¿Cómo el gobierno puede justificar la indexación de los pagos a sus acreedores y no a sus empleados?”, pregunta el secretario de Estado de Comercio, John Nott.⁴ No obstante, prevaleció la lógica desigual que caracteriza a los linkers: la continuación de la desindexación de los salarios y la indexación de las obligaciones financieras constituirán, de ahí en más, objetivos políticos simultáneos...

“Si vos ganás, yo gano”

En Francia, las cosas suceden más tarde. A fines de los años 1990 se constituye un pequeño grupo de tecnócratas en torno a François Villeroy de Galhau, el actual director del Banco de Francia, en ese entonces jefe de gabinete del ministro de Economía, Finanzas e Industria, Dominique Strauss-Kahn. Anuncian su ruptura con los “ex”, como Jean-Claude Trichet, quien entonces oficia como director del Banco de Francia. Para la joven guardia de los cuarentones del Tesoro, la lucha contra la inflación triunfó: ya no se trata más que de un recuerdo lejano. Al contrario, la llamada generación de la “desinflación competitiva”, que ocupa cargos a mediados de los años 1980, a la que pertenecía Trichet, sigue sufriendo del “trauma de los años 1970 y de la hiperinflación: una enfermedad de la que verdaderamente no te podés deshacer”, como nos explica sin miedo de exagerar un alto funcionario del Tesoro que desea conservar el anonimato. El término de hiperinflación se usa designando una superación del umbral de 50 por ciento.

Los jóvenes “tesoreros” defenderán que la indexación de las obligaciones, lejos de atizar el alza de los precios, consagra la primacía del combate contra la inflación. En otros términos, al concederles a los inversores una protección contra la erosión del valor de su cartera de inversiones, el Tesoro apuesta la plata de la República al rigor de una política monetaria de allí en más en manos de un banco central independiente.

Sube el tono entre los emprendedores del Tesoro y el Banco de Francia. Cuando Trichet se entera del inminente anuncio público de esta innovación, se pone furioso. Sylvain de Forges, exresponsable de la célula de gestión de la deuda, recuerda la reacción hostil del director del Banco de Francia, que califica de “pavloviana”.

Nos cuenta su conversación telefónica con Trichet: “En lugar de decirme que te serrucho el piso, mirá la realidad –le explica a su interlocutor–. Apuesto a que vas a lograr [contener la inflación] y mi plata depende de ello. Si vos ganás, yo gano; si perdés, yo pierdo. Pero yo no puedo hacer nada. Soy el francés que mayor confianza deposita en vos, porque soy el único que apuesta su plata a tu éxito”. El halagador argumento da en el blanco; Trichet cede.

La primera OATI se emite el 15 de setiembre de 1998. La inflación parece quedar en el retrovisor, la independencia del Banco de Francia ya no se cuestiona, un franco fuerte y el acoplamiento al marco de la futura zona euro son “datos” del espacio político. A fines de los años 1990, el arbitraje entre clases sociales, que privilegia a los ahorristas en detrimento de los asalariados, ya no alza cuestionamientos: se da por descontado que los contratos de los tenedores de obligaciones de la deuda soberana gozan de un estatus particular, superior, que no podría ser objeto de solicitudes de equivalencia por parte de otras categorías sociales. Mejor, esta asimetría, en el más alto nivel del Estado, es entendida como un instrumento del mantenimiento del orden social ya que refuerza las presiones que contribuyen a la disciplina monetaria y presupuestaria.

Ampliar el control financiero

Hasta hace poco, la baja inflación había permitido que este deslizamiento fuera discreto. Sin embargo, desde hace algún tiempo, las decisiones políticas que organizan la respuesta al mal inflacionario surgen de nuevo a la vista de todos. El 25 de julio, mientras que la Asamblea Nacional francesa examina los gastos vinculados al servicio de la deuda, algunos parlamentarios denuncian una desigualdad de trato: ¿por qué proteger a ciertos inversores financieros a expensas del contribuyente?

A pesar de que su grupo rechazó la tasación de los mayores beneficios y la recuperación del salario mínimo de crecimiento (SMIC), el diputado Jean-Philippe Tanguy, de Rassemblement National (RN) [Agrupación Nacional, partido de extrema derecha liderado por Marine Le Pen] interpeló al ministro de Economía y Finanzas presentando a las obligaciones indexadas como “dignas de los peores buitres de Wall Street”. Respuesta del ministro: “Señor Tanguy, usted carga contra los títulos indexados por inflación, que serían la presa de los ‘peores buitres de Wall Street’, para retomar su expresión. El diez por ciento de los títulos de deuda del Estado indexados por inflación responden a un pedido muy preciso de los aseguradores y de los gestores de seguros de vida, de cajas de ahorros y de cajas de ahorro populares que no son precisamente los ‘peores buitres de Wall Street’ –(aplausos en varias bancas del grupo Renaissance)–. Imagino que, como muchos otros parlamentarios y como muchos franceses que nos escuchan, usted tiene un seguro de vida: para que continúe rindiendo, hay que indexarlo por inflación. Por eso los inversores franceses piden que una parte de la deuda francesa sea indexada por inflación”.⁵ A pesar de que sólo 40 por ciento de los hogares franceses posee un seguro de vida y de que el ahorro se concentra fuertemente en la cima de la jerarquía social, el ministro vincula los intereses de la población general a los de las finanzas.

La inquietud de unir a Main Street (hombres y mujeres de a pie) con Wall Street podría brindar una de las explicaciones del proyecto de reforma de las jubilaciones. El empobrecimiento del régimen público de las pensiones por repartición ya está incitando a suscribirse a jubilaciones complementarias privadas. Este empobrecimiento amplía el segmento de mercado dispuesto a que los fondos de pensión gestionen los activos.⁶ Cuando el conjunto de la población dependa de las finanzas para garantizar el valor de su jubilación, todo francés podrá ser considerado como perteneciente al “grupo de los inversores”. A partir de ese entonces, la lógica conducente a consentir a los especuladores en detrimento de los asalariados ya no parecerá lo que realmente es: la manifestación de una política desigual.

Benjamin Lemoine, investigador del Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS) y del Centro Maurice-Halbwachs, École Normale Supérieure de París (ENS-PSL). Traducción: Micaela Houston.