¿Cómo fue el camino que llevó al plebiscito del domingo 4 de setiembre en Chile? ¿Y qué consagraba, en sus principales aspectos, la propuesta rechazada? Entre ambas preguntas este artículo plantea, también, un resultado electoral intermedio: el que conformó la convención constituyente que se encargó de preparar el cuestionado proyecto.
En la mañana del 11 de octubre de 2019, una joven estudiante de enseñanza media saltó el molinete de acceso al subterráneo de Santiago. Le siguieron decenas y luego centenares de estudiantes en las estaciones de la capital chilena. Las oleadas estudiantiles protestaban contra el alza de los pasajes del transporte público, adoptada por un grupo de tecnócratas, que debía regir desde hacía cinco días.
Era la chispa que faltaba para provocar el estallido. El 18 de octubre, en la cuna del neoliberalismo, se desató una revuelta popular que se extendió por todo el país y duró varios meses, para culminar en dos victorias: un proceso constituyente para buscar modificar las relaciones de fuerzas en la sociedad chilena y la llegada al poder de un gobierno de cambio social liderado por el joven presidente Gabriel Boric, elegido el 19 de diciembre de 2021.
¿Cómo explicar estos logros? Ocurre que ni los cambios en el gabinete del anterior presidente Sebastián Piñera (2018-2022) ni la represión pudieron quebrar las masivas movilizaciones contra las abismales desigualdades provocadas por el modelo económico implantado durante la dictadura militar del general Augusto Pinochet (1973-1990). Los manifestantes denunciaban la privatización de la mayoría de los bienes públicos –la educación, la salud, el agua–, la creciente precariedad de los empleos y la rigidez de un sistema político heredado de una Constitución elaborada e impuesta por el régimen militar.
El despertar
El 13 de noviembre de 2019, tres semanas después de iniciada la revuelta popular, Piñera convocó a un acuerdo “por la paz y el cambio constitucional”. Un día antes, el país se había paralizado con el llamado a una huelga general de decenas de organizaciones sociales, que derivó en fuertes choques entre manifestantes y fuerzas del orden. La institucionalidad parecía resquebrajarse y el gobierno se mostraba debilitado y aislado.
La búsqueda de un acuerdo que facilitara una salida política a la crisis se trasladó entonces al Congreso. Las negociaciones desembocaron en la madrugada del 15 de noviembre en una convocatoria a un plebiscito para abril del año siguiente para elegir entre la redacción de una nueva Constitución o el mantenimiento de la vigente, elaborada por la dictadura. Se opusieron el Partido Comunista y un sector del Frente Amplio (coalición de partidos de izquierda, extrema izquierda, socialdemócratas e “independientes”), al considerar que apuntaba a debilitar las movilizaciones sociales que seguían en curso.
El proyecto también propuso definir el tipo de mecanismo a poner en marcha para redactar la nueva Ley Fundamental. ¿Convención Constitucional o Asamblea Constituyente? Según el senador socialdemócrata Jaime Quintana, el término “Convención” fue acordado tras una petición del entonces presidente del partido de derecha Renovación Nacional, Mario Desbordes, quien consideró que el término “Asamblea” sería rechazado por su sector.
Debido a la pandemia de coronavirus, que en Chile se diseminó a partir de marzo de 2020, el referéndum se postergó al 25 de octubre. En paralelo, los impactos de la revuelta social comenzaron a reflejarse en las cifras económicas: contracción del producto interno bruto (PIB) en un 2,1 por ciento en el último trimestre de 2019, aumento del desempleo hasta llegar al 7,4 por ciento, y una economía apática (que creció apenas 1,1 por ciento en 2019). Pese a las restricciones sanitarias, las cuarentenas y la menor movilidad, miles de activistas se lanzaron a la campaña por conseguir el “Apruebo” al cambio constitucional y por entregar esa tarea a una convención elegida en su totalidad por voto popular, con paridad de género (pese a un número de escaños impar), representación de los pueblos originarios e igualdad de condiciones para todos los candidatos, sean miembros de partidos o independientes.
La derecha oficialista se dividió y hasta el propio gabinete ministerial de Piñera padeció el quiebre. Los partidarios del “Rechazo” optaban por delegar la elaboración de la nueva Carta Magna al Congreso, una institución que cuenta con los más bajos índices de popularidad. Buscaban limitar las modificaciones a la Constitución de Pinochet, elaborada durante siete años por nueve juristas, supervisados por los cuatro generales que integraban la Junta Militar y sometida a plebiscito en 1980, sin registros electorales, con los partidos políticos prohibidos, la prensa amordazada y sin oposición, en un acto que los pocos observadores internacionales que llegaron a Chile calificaron de “fraude”. Pese a sus más de 200 enmiendas, la Constitución de la dictadura había mantenido su esencia autoritaria y guiado el rumbo neoliberal del país. La última gran reforma la impulsó el presidente socialdemócrata Ricardo Lagos, que eliminó a los senadores “vitalicios”, como lo fue el propio Pinochet por un tiempo, suprimió atribuciones del Consejo de Seguridad Nacional, y otorgó a los presidentes la facultad de nombrar y remover a los jefes militares, entre otras materias.
El plebiscito de octubre de 2020 arrojó resultados contundentes: 78 por ciento de los votantes estuvieron a favor de elaborar una nueva Constitución y 80 por ciento indicaron preferir una Convención Constitucional electa sin intervención del Congreso. La tensión social acumulada comenzó a encauzarse hacia el proceso que se abrió entonces, al tiempo que se derrumbaba la legitimidad política de los legisladores y del gobierno de Piñera, cuyos índices de popularidad se hundieron en las encuestas.
Casi 1.400 candidatos se presentaron a las elecciones de delegados convencionales para 155 escaños que, por resguardo sanitario, se realizaron el 15 y 16 de mayo de 2021. De las siete listas que se presentaron, que incluyeron a partidos, independientes y postulantes de los pueblos originarios, ninguna obtuvo la mayoría, ni logró una cifra que le permitiera alcanzar los dos tercios de la Convención, cifra clave impuesta por la derecha para bloquear o aprobar las nuevas normas constitucionales. Fue una fuerte derrota para los grupos conservadores. La alianza de derecha sólo obtuvo 37 escaños contra 28 para el Frente Amplio y los comunistas, y 25 para los socialdemócratas, que gobernaron el país durante casi 20 años. El resto quedó en manos de independientes, al tiempo que la mayor derrota la sufrió la Democracia Cristiana –que gobernó Chile en los años 1990 y era uno de los partidos con más afiliados– y que sólo obtuvo asiento.
En la mañana del 4 de julio de 2021, los 155 delegados constitucionales se reunieron para elegir a su mesa directiva. Luego de intensas negociaciones y de sucesivas votaciones la presidencia de la Convención recayó en Elisa Loncon, mujer mapuche con estudios doctorales en Lingüística, y en el joven abogado constitucionalista Jaime Bassa. La emoción se hizo sentir cuando Loncon, en su primer discurso, saludó en mapudungun, su lengua materna, dando cuenta del nuevo Chile que nacía, representado por una asamblea compuesta casi en partes iguales por hombres y mujeres y con 17 representantes indígenas que vestían sus coloridas ropas y hablaban en sus propias lenguas.
“Por mucho tiempo las fuerzas del olvido quisieron reinar, y habitamos por décadas una ilusión, un oasis: un país de pujante y unificado andar. Un buen día ese espejismo acabó estallando, y por todos los territorios se comenzó a escuchar ¡Chile despertó! Ese despertar nos tiene acá, imaginando los contornos del nuevo país que vamos gestando”, proclamó Elisa Loncon, la primera presidenta de la Convención Constitucional.
Con un promedio de edad de 44 años, entre los 155 delegados hubo 59 abogados, 20 profesores, nueve ingenieros, seis exparlamentarios, cinco periodistas, un estudiante, un exalmirante e incluso una “machi” (médica indígena), entre otros. Se abocaron durante dos meses y medio a elaborar el reglamento de la instancia, que se tradujo en cinco documentos o capítulos: ética, asignaciones, participación popular, consulta y participación indígena, y el reglamento base.
Amplio catálogo de derechos
Organizados en siete grandes grupos de trabajo, los delegados convencionales estuvieron permanentemente bajo el asedio de los sectores conservadores que, desde el inicio de las deliberaciones, buscaron mellar la legitimidad de la instancia. Por su parte, un sector de la izquierda vinculada a movimientos sociales inició una fuerte ofensiva para conseguir objetivos “máximos” en la nueva Carta Fundamental, como la disolución de todos los poderes del Estado o la expropiación de todas las riquezas minerales. Si bien las propuestas no prosperaron, la derecha aprovechó las tensiones para instalar un discurso radical de desinformación, propagando falsedades tales como que el país sería dividido en muchos territorios para entregar tierras a los pueblos indígenas, que serían cambiados la bandera, el himno y el escudo nacional, que las casas no serían heredables o que el aborto sería libre hasta los “nueve meses de gestación”. Los grandes empresarios y sus medios de comunicación se lanzaron en esta verdadera campaña del terror para defender sus privilegios, a la que se sumaron incluso sectores de la ex Concertación de Partidos por la Democracia [alianza de centroizquierda que gobernó desde 1990 hasta 2010], entre ellos figuras de la Democracia Cristiana, es decir, las élites, o lo que en Chile se llama “el partido del orden”.
Agustín Squella, jurista, periodista y filósofo, elegido para la Convención en una lista de independientes, afirma que la nueva Constitución surgida de la convención asumía “un compromiso real con la democracia como forma de gobierno, a la democracia representativa se le suman ahora formas de participación directa a través de plebiscitos, referéndums, iniciativas populares de ley” y, además, un compromiso fuerte con un amplio catálogo de derechos como nunca antes contuvo una Carta Magna en Chile. En efecto, el texto que fue plebiscitado el 4 de setiembre se caracterizaba por un fuerte catálogo de derechos sociales, principalmente en cuanto a garantizar a los trabajadores y trabajadoras salarios justos, equitativos y suficientes, el derecho a huelga y a la organización sindical. Establecía además un sistema de salud público fortalecido de acceso universal, un sistema de educación pública de calidad, gratuito y no sexista. Reconocía también el derecho de padres y tutores a elegir el tipo de educación para sus hijos y la libertad de cátedra para los docentes, tanto en las escuelas como en las universidades.
El texto propuesto consagraba otros derechos, como el acceso a la vivienda digna, a la memoria, a una comunicación democrática y a la información plural y de calidad. Contenía además el reconocimiento de derechos a las diversidades sexuales, así como los neuroderechos a personas neurodivergentes. Y recuperaba una de las reivindicaciones populares más importantes, en particular en las regiones: el derecho al agua, que ya no era considerada una mercancía, como bien de uso público y con acceso prioritario para las comunidades y las personas. En cuanto al sistema político, Chile pasaba de un hiperpresidencialismo a un régimen presidencial moderado, con un sistema legislativo bicameral asimétrico, que conservaba la Cámara de Diputados y Diputadas, y reemplazaba al actual Senado con la creación de una Cámara de las Regiones.
El texto también preveía que el Estado tuviera un rol rector en la economía para, por ejemplo, diversificar la producción y fortalecer la economía social y solidaria.
La propuesta definía la corrupción como un delito que atentaba contra la democracia, por lo que ninguna persona condenada por estos ilícitos podría acceder a cargos públicos ni de elección popular. Lo mismo regía para las violaciones a los derechos humanos, las condenas por delitos sexuales o por violencia intrafamiliar. El texto proponía la creación de un sistema de seguridad social para garantizar pensiones justas, “fundado en principios de universalidad, solidaridad, suficiencia, sostenibilidad, entre otros”. Iba a ser la primera Constitución del mundo en reconocer la existencia de una crisis climática y ecológica, y en mandatar al Estado a tomar medidas de prevención, adaptación y mitigación de los daños provocados por esta.
“Nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta Constitución, acordada en un proceso participativo, paritario y democrático”, se escribió en el preámbulo del texto oficial entregado el 4 de julio al presidente Gabriel Boric en una ceremonia en la antigua sede parlamentaria de la capital chilena, que fue acompañada por una movilización ciudadana de apoyo al trabajo constitucional.
En su último discurso como vicepresidente de la Convención –disuelta el mismo día que entregó su propuesta al presidente Boric– Gaspar Domínguez, declaró: “Este es uno de los procesos más asombrosos y transformadores que ha tenido Chile en su historia democrática. Un proceso que surgió de forma inesperada, como una luz en medio de la incertidumbre y la angustia. [...] Chile decidió encauzar la profunda crisis política a través de un proceso democrático, inédito, sin recetas. Y aquí estamos, enfrentando el desafío, cumpliendo en forma y tiempo, mostrando al mundo que somos una República y una democracia madura”. La ceremonia fue el puntapié inicial de la campaña para el referéndum del 4 de setiembre, en el que los chilenos debieron decidir si aprobaban o rechazaban la nueva Constitución.
Si hubiera ganado el “Apruebo” se hubiera iniciado un largo período de implementación de la nueva Constitución, desde los ajustes al sistema político hasta las leyes que reglamenten y apliquen los nuevos derechos sociales. Al ganar el “Rechazo”, sigue vigente la Constitución de Pinochet, aunque las distintas fuerzas políticas, incluyendo las de derecha, se han comprometido a reformarla en el Parlamento. El presidente Gabriel Boric había señalado que de ganar el rechazo debía comenzar un nuevo proceso constituyente. Para esa afirmación se basó en que una mayoría de chilenos y chilenas, en el plebiscito del 25 de octubre de 2020, que tuvo la mayor participación electoral de la historia de Chile, había señalado querer una nueva Constitución. Sin establecer un límite temporal...
Víctor de la Fuente y Libio Pérez, respectivamente, director y editor general de la edición chilena de Le Monde diplomatique.