Al reducir de forma drástica la delincuencia, antes endémica, el presidente de El Salvador se jacta de lograr lo que sus predecesores no pudieron. En realidad, los resultados de la movilización del ejército en operaciones de seguridad pública siguen siendo moderados.
“El año 2021 ha sido el más seguro que se haya registrado en El Salvador”, celebró el presidente Nayib Bukele el 16 de diciembre de 20211. Con una sonrisa radiante, una gorra en la cabeza, una barba finamente recortada y los brazos abiertos, el hombre que se presenta en las redes sociales como el “CEO de El Salvador” despliega una postura carismática frente a su auditorio: una cohorte de jóvenes a punto de incorporarse a las Fuerzas Armadas en el plan nacional de lucha contra las pandillas.
En efecto, El Salvador puede presumir de un descenso histórico de la violencia: el país cerró el año 2021 con “sólo” 1.140 homicidios, es decir, un índice de 17,6 homicidios por cada 100.000 habitantes, el más bajo desde el fin del conflicto armado en 1992. En 2020, fuentes oficiales ya habían anunciado un descenso del 45 por ciento de los homicidios –en su mayoría atribuidos a las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18–. Es un anuncio bien recibido en una región considerada el epicentro mundial de la violencia. Estas cifras eran aún inimaginables en 2015, cuando los homicidios superaron los 108 por cada 100.000 habitantes.
Pero es posible que el milagro salvadoreño no sea más que un espejismo. El presidente atribuye estos espectaculares resultados a su “Plan de Control Territorial”, lanzado en 2019 tras su elección y basado en la ocupación militar de los barrios en manos de las maras (pandillas). Una investigación del medio de comunicación salvadoreño El Faro reveló que, en realidad, el gobierno había negociado en secreto una tregua con las bandas para mantener bajos los índices de homicidios2, en vista de las elecciones legislativas, a cambio de mejoras en las condiciones carcelarias de los líderes.
Para resumir la situación, Oscar Martínez, director de El Faro, opta por la retórica. “¿Cuál es el problema? –nos pregunta–. Cuando los políticos acaban traicionando los acuerdos con las pandillas, ya sea porque el pacto es descubierto o porque se acercan las elecciones, las bandas responden con su único capital político: los cadáveres.” Esta estrategia de acuerdo soterrado con las maras ya había sido empleada en 2012 por el gobierno de izquierda del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). “En 2015, cuando el FMLN suspendió la tregua, tuvimos el año más violento de la historia del país”, agrega Martínez.
Como las mismas causas producen los mismos efectos, las maras recordaron al gobierno sus promesas cometiendo 47 homicidios en noviembre de 2021 y 87 en apenas tres días de marzo de 2022. En respuesta, el presidente Bukele declaró la “guerra a las pandillas” y decretó el estado de emergencia, ordenando el arresto y la encarcelación sin juicio previo de decenas de miles de personas consideradas “terroristas”. Todas las organizaciones civiles e internacionales, incluidas Amnistía Internacional y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, han denunciado detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos en los centros de detención. Al menos 21 personas murieron durante su detención.
El Plan de Control Territorial es la medida estrella del nuevo partido presidencial bautizado Nuevas Ideas, creado con miras a las elecciones legislativas de febrero de 2021, y es una continuación de los planes de militarización de las tareas de seguridad pública en América Central. “Es más un plan propagandístico que una verdadera política pública –afirma Martínez–. Todos los gobiernos que han ganado elecciones desde el fin de los conflictos armados han prometido controlar los homicidios, y han vendido la presencia de los militares como parte de su estrategia.” Los estudios de confianza muestran que el Ejército es una de las instituciones más populares, después de la Iglesia. Sin embargo, “ninguna estadística permite concluir que la participación de los militares en tareas de seguridad pública haya aportado beneficios a largo plazo en la lucha contra los homicidios”.
Desde hace 20 años, los militares se han ido incorporando cada vez más a las operaciones de seguridad pública en América Central. Mientras que los acuerdos de paz firmados en 1992 exigían su retirada de las calles de El Salvador, la tendencia se ha invertido y Bukele prometió duplicar el número de militares en las calles hasta alcanzar los 40.000 efectivos. La atención internacional que atrajeron las olas de violencia que empañan su historial parece haber irritado al gobierno de Bukele, que modificó la publicación de las cifras de homicidios para excluir los cuerpos hallados en las fosas comunes. El número de personas desaparecidas (1.828 en 2021),3 que no ha dejado de aumentar en los últimos cinco años, supera el número de homicidios4. Esto sugiere que la disminución real de los asesinatos puede ser significativamente menor de lo que muestran las cifras oficiales. “La reducción de los homicidios viene acompañada de un aumento de las desapariciones forzadas en tiempos de negociación”, analiza Aguilar. “De hecho, el 60 por ciento de las desapariciones denunciadas y el 37 por ciento de los homicidios registrados tuvieron lugar en los 22 municipios prioritarios del Plan de Control Territorial. Sin cuerpo no hay delito y, así, los índices de homicidios no aumentan”.
Benjamin Fernández, periodista. Traducción: Emilia Fernández Tasende.
Del archivo
En el tercer número de Le Monde diplomatique, edición Uruguay, ya se analizaba la situación salvadoreña como parte de la cobertura de portada sobre la crisis de las democracias centroamericanas (“Cruje”, marzo de 2022). Se ponía el foco en las peculiaridades y paradojas de Nayib Bukele quien, con una campaña innovadora, favorecida por sus habilidades publicitarias y sus nexos empresariales, se había convertido, en junio de 2019, en el presidente más joven de la historia del país, con 38 años. “Desde ese momento no ha dejado de sorprender. Se acercó y alejó alternativamente de Estados Unidos, golpeó a las élites plutocráticas y se benefició de los efectos de esos golpes, usó la comunicación, pero amordazó a los medios críticos, hizo gala de un diálogo directo con el dios cristiano como llave para abrir bloqueos parlamentarios y abrazó las criptomonedas”.