Un país convertido en prisión

Editar

Tras el golpe de Estado del 27 de junio de 1973, Uruguay se volvió el país con mayor porcentaje de presos políticos del mundo y vio partir al exilio, en 11 años y medio de dictadura, al 10 por ciento de su población.

Doce bandejas blancas sobre la tierra negra contienen los restos óseos que acaban de ser encontrados en el Batallón 14 de Infantería Paracaidista, en Toledo, a una veintena de quilómetros de Montevideo. Según el Equipo de Antropología Forense de la Institución Nacional de Derechos Humanos, corresponden a uno de los 197 desaparecidos uruguayos, en este caso una mujer asesinada en la tortura. Aún sin identificar, el esqueleto fue hallado a 30 centímetros de profundidad, bajo una loza y cubierto de cal, a las 10.13 de la mañana del 6 de junio de 2023, tres semanas antes de que el país recordara los 50 años del golpe de Estado.

Aquella madrugada del 27 de junio de 1973 el presidente constitucional Juan María Bordaberry disolvió el Parlamento, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, en un “autogolpe” que justificó en la lucha contra la guerrilla del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T). Sin embargo, en ese momento, el MLN-T ya se encontraba militarmente derrotado y con la mayor parte de sus integrantes en la cárcel o el exilio. Esta es una de las razones por las que, desde organismos de derechos humanos, se rebate la “teoría de los dos demonios” de la derecha uruguaya, propiciada en especial por Julio María Sanguinetti, figura clave de la actual coalición de gobierno y dos veces expresidente (1985-1990 y 1995-2000, por el Partido Colorado, el mismo de Juan María Bordaberry), pero retomada por actores del actual oficialismo, por ejemplo por el ministro de Defensa Javier García¹. Esta tesis, cuya masificación será importada de Argentina pero que había sido esbozada por Sanguinetti con anterioridad, carga la responsabilidad del quiebre institucional y las violaciones de los derechos humanos en “dos bandos”, la guerrilla y los militares². La postura general de la academia uruguaya es que ni siquiera durante la insurgencia tupamara puede hablarse de una “guerra” sino que las acciones represivas, que afectaron a todo el arco democrático -en particular y con mayor ensañamiento a los movimientos sociales y a la izquierda-, se corresponden con el concepto de “terrorismo de Estado”³.

El gran encierro

La principal característica de la dictadura uruguaya (1973-1985) no fue la desaparición de personas, como en el caso argentino (1976-1983), ni las ejecuciones sumarias, como en Chile (1973-1990). Según el historiador Álvaro Rico, “la metodología central de represión de la dictadura uruguaya fue la prisión política masiva y prolongada de detenidos jóvenes”⁴.

“Masiva”, porque Uruguay fue el país del mundo con mayor porcentaje de presos políticos según su población. Hubo 18 procesados por la Justicia Militar cada 10.000 habitantes, cifra que sube a 31 presos políticos cada 10.000 si se agregan las personas detenidas y recluidas sin proceso⁵. Estos números no incluyen a los detenidos en los llamados lugares “de depósito” (como el principal estadio de básquetbol de Montevideo, el Cilindro Municipal) ni a los menores de edad derivados a instituciones correccionales. Al momento se han detectado 51 lugares de reclusión “legales” (en su mayoría cuarteles del Ejército), nueve centros clandestinos de detención y desaparición de personas, y al menos tres centros clandestinos de enterramiento⁶.

La prisión política fue “prolongada”, debido a su propia esencia. Si el objetivo era acabar con el “enemigo” mediante su encierro, ese encierro debía ser duradero y utilizarse como arma de aniquilación alternativa⁷. Particularmente duras, en ese sentido, fueron las condiciones de reclusión de los llamados “rehenes”, nueve varones (entre ellos el futuro presidente de la República José Mujica) y 11 mujeres de la cúpula tupamara. Durante una década fueron trasladados de manera permanente entre unidades militares, encerrados por ciertos períodos en lugares tan estrechos como un antiguo aljibe, y bajo amenaza de ser ejecutados en caso de que hubiera nuevas acciones de la guerrilla.

La segunda oleada represiva, ocurrida entre 1974 y 1976, se centró en militantes de organizaciones que eran legales antes del golpe, en especial el Partido Comunista (PCU), y en otras que se estaban reorganizando en el exterior, como el Partido por la Victoria del Pueblo, al que pertenecen la mayoría de los desaparecidos. Esto no fue obstáculo para la aplicación sistemática de la tortura, a veces durante meses y siempre de manera generalizada⁸.

El gran escape

País de inmigración, sobre todo europea, hasta las tres primeras décadas del siglo XX, Uruguay se transformó en expulsor de población desde los años 1960, cuando entró en crisis un Estado de bienestar que se había ido construyendo desde comienzos de ese siglo. Se calcula en al menos 380.000 los uruguayos que abandonaron el país entre mediados de los 1960 y 1985 por distintos motivos⁹, la mayoría desde 1973.

Para los perseguidos políticos los primeros destinos fueron cercanos: el Chile donde aún gobernaba el socialista Salvador Allende, y en particular Argentina, que en mayo de 1973 vivía una “primavera” progresista. Los que apuntaban más lejos se iban hacia Venezuela o México. Pocos todavía hacia Europa. Chile no tardó en desaparecer como opción con el derrocamiento de Salvador Allende en setiembre de 1973. Y Argentina se convirtió desde 1975, con el copamiento de las estructuras del Estado por la extrema derecha, en una trampa mortal que se cerró de forma definitiva sobre miles de exiliados latinoamericanos con su golpe civil-militar de marzo de 1976. Plataforma operativa principal del Plan Cóndor de cooperación entre las dictaduras del Cono Sur americano, Argentina fue el país donde más uruguayos fueron secuestrados y luego desaparecidos (141 de los 197 registrados por la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos).

Europa occidental en muchos casos, Cuba o el bloque socialista en otros, y México en número más importante que en años anteriores, pasaron a ser desde 1975 los destinos principales de los emigrados políticos de la pequeña nación sudamericana. Los países nórdicos -en especial Suecia-, Francia, España, Italia -por proximidad cultural y raíces-, Suiza –por su condición de sede de organismos internacionales, lo que facilitaba la labor de denuncia- se convirtieron en los receptores preferidos en el oeste de Europa.

Un vasto estudio coordinado por la historiadora Silvia Dutrénit Bielous¹⁰ destaca cómo el exilio uruguayo difirió según los sitios de acogida: reglado, controlado, en el este europeo, adonde fueron a parar mayoritariamente integrantes del PCU, o Cuba, que recibió sobre todo a militantes del MLN-T y el PCU; ampliamente facilitado por subvenciones estatales en Suecia; con menor apoyo institucional en Francia y España, pero con mayores niveles de integración a la sociedad local y de orígenes políticos mucho más variados. El estudio deja ver que por lo general a los exiliados uruguayos les pasó, en un primer momento, lo que le sucede a la mayoría de la gente en su condición: pensar que su exilio sería corto y retraerse en sus vínculos personales y hasta “lingüísticos” con los nacionales del país de acogida. La prolongación de la dictadura condujo en muchos casos a un cambio de perspectiva, al igual que incidió el hecho de que fueron formando familias en el exterior y sus hijos –nacidos en otras tierras- tuvieron una aproximación muy distinta al país de origen.

En Francia los refugiados uruguayos llegaron a ser un máximo de 1.500-2.000 tras la segunda oleada de arribos, posterior a 1976. No eran demasiado numerosos, pero alcanzaron altos niveles de institucionalización. Concentrada en París e Île-de-France, esa comunidad casi “barrial”, según el sociólogo franco-uruguayo Denis Merklen¹¹, contó con diversas expresiones políticas y asociaciones, en particular el Comité de Defensa de los Presos Políticos en Uruguay (CDPPU), creado en 1972 por Alain Labrousse, un periodista y docente francés que había vivido en Montevideo como cooperante en la convulsionada década de 1960. El CDPPU fue muy activo en el vínculo con la dirigencia política francesa, en especial de izquierda. París fue también sede del Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en Uruguay, animado entre otros por los franceses Louis Joinet y Jean Louis Weil, que a fines de los 1970 condujeron una misión de investigación a Montevideo sobre la situación de los presos políticos, y de la primera asociación de familiares de desaparecidos (AFUDE).

Retorno democrático

En 2014, la cancillería uruguaya reconoció de manera oficial la importancia de las redes de solidaridad montadas en Francia durante la dictadura, que “abrieron puertas entre otros a compatriotas sin documentos y con historias complejas”, según dijo entonces Ricardo Ehrlich¹², exintendente de Montevideo y bioquímico de alto nivel que entre 1974 y 1985 estuvo exiliado en París. Las redes sobrevivieron a la dictadura, y la capital francesa devino luego en plataforma de otras solidaridades, por ejemplo, facilitando el regreso o la vinculación de científicos emigrados.

La sociedad uruguaya dio muestras de resistencia al golpe de Estado desde el mismo momento de su concreción; por ejemplo, con la huelga general de la central sindical del 27 de junio al 11 de julio de 1973, una de las tres de mayor duración del siglo pasado en todo el mundo¹³. Luego se sumó el No al plebiscito de reforma constitucional de 1980, el voto por las opciones menos comprometidas con el régimen en las elecciones internas de 1982 y las acciones de masas de 1983 (acto del 1º de Mayo, Semana de los Estudiantes en setiembre y acto multipartidario del Obelisco en noviembre). Ese rechazo, combinado con una nueva crisis económica y con el cambio en las condiciones internacionales, favoreció una transición política hacia la toma de mando del primer presidente posdictadura el 1º de marzo de 1985¹⁴. Aunque regresó la mayoría de los exiliados y salieron de las cárceles los presos políticos, la primavera democrática tuvo su amargo despertar con la Ley 15.848 de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que en diciembre de 1986 garantizó la impunidad de los militares. La llegada de la izquierda al gobierno en 2005 y la reinterpretación de un artículo de dicha ley permitió 82 procesamientos¹⁵.

Hoy, sólo un 17 por ciento de la población está de acuerdo con que el golpe se justificaba en su momento y contexto político¹⁶ y un 70 por ciento opina que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno (en 2020 eran un 74 por ciento)¹⁷. La dictadura como hipótesis tiene un apoyo bajo, pero consistente con el “núcleo duro” que la sostuvo en su momento y que hoy se expresa en el ala de ultraderecha de la coalición de gobierno (Cabildo Abierto). El oficialismo prefiere “pasar por alto” ese incómodo socio y ampararse en la foto del acto recordatorio de los 50 años del golpe que mostró a tres expresidentes (Julio María Sanguinetti, del Partido Colorado; Luis Lacalle Herrera, del Partido Nacional, padre del actual mandatario; y José Mujica, del Frente Amplio) unidos en el rechazo al quiebre institucional. Un gesto de “extremo centro” al que se le ha criticado su insuficiencia a la hora de llevar ante los tribunales de justicia a los responsables de las violaciones a los derechos humanos¹⁸.

Daniel Gatti y Roberto López Belloso, periodistas.