Motosierra contra la educación

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Con la eliminación del programa destinado a mejorar el salario de los docentes y un duro ajuste sobre las universidades, el gobierno argentino revela su mirada sobre la educación pública. Los datos del Presupuesto 2025 anticipan una profundización de la desigualdad, tanto entre provincias como entre diferentes sectores sociales.

La primera decisión del gobierno de Javier Milei en materia educativa fue rebajar la jerarquía del Ministerio de Educación para transformarlo en una Secretaría del Ministerio de Capital Humano, junto a otros ex “ministerios sociales”. Durante el último siglo de historia argentina, la educación siempre había tenido rango de ministerio (con una excepción puntual durante el régimen de facto de Juan Carlos Onganía). Esta innovación significa una mengua en la medida en que reduce la jerarquía institucional de una función de gobierno estratégica. Sin embargo, busca cumplir con la promesa electoral de aplicar la motosierra mediante el remanido gesto de fusionar organismos públicos, al mismo tiempo que refuerza la idea de que estamos ante un gobierno sin lazos con el pasado, refundacional.

La segunda medida fue la designación de las autoridades de la cartera: el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. El nombramiento del secretario llegó después de que se barajaran otros nombres, que incluyeron a Eleonora Urrutia, esposa de un exministro de [el dictador chileno] Augusto Pinochet y a quien Milei había designado para coordinar la transición educativa. Pero el elegido finalmente fue Torrendell, profesor e investigador en educación de la Universidad Católica Argentina. Este perfil funcionarial habilitó una alianza con los sectores católicos y privados de la educación, un vínculo que dio sus primeros frutos en la política de los vouchers destinados a los alumnos de escuelas privadas.

Al mismo tiempo, el estilo dialoguista de Torrendell le permitió al gobierno mantener activa la conversación con los actores gremiales y universitarios en un contexto de ajuste de los salarios y los presupuestos del sector. Lo contrario sucedió con el subsecretario de Políticas Universitarias, quien, al confrontar con el bloque completo de las universidades, catalizó una de las movilizaciones más masivas y transversales de la historia de la educación argentina.

La tercera medida fue la eliminación del Fonid (Fondo Nacional de Incentivo Docente), una línea presupuestaria vigente desde 1998, establecido como consecuencia del reclamo gremial y ciudadano de la Carpa Blanca. El Fonid era una contribución directa del Estado nacional al salario de los docentes de todo el país. Establecía un monto igual para todas las provincias, completado por una suma variable por provincia, que buscaba generar una mayor equidad fortaleciendo el aporte en las provincias del Norte Grande.

El Fonid representaba cerca del diez por ciento del sueldo de los docentes, con variaciones según provincias y jerarquías. Su eliminación implicó una pérdida salarial para los docentes, más allá de que algunas provincias buscaran alternativas para compensar de manera temporal esa caída. Alejandro Morduchowicz estimó, con base en datos oficiales, que el salario docente cayó 26 por ciento en términos reales entre junio de 2023 y junio de 2024, con disminuciones más marcadas en Jujuy, Santiago del Estero y Formosa¹.

Las universidades públicas

En Argentina el sistema educativo depende, en lo principal, de las provincias; sólo las universidades nacionales permanecen bajo la órbita del gobierno nacional. Por eso, aproximadamente el 80 por ciento de la inversión pública en educación la realizan las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que la nación ejecuta el 20 por ciento restante. De ese porcentaje, alrededor de dos tercios se destina a las universidades, un financiamiento que se ha incrementado en las últimas décadas –aunque no tanto como la cantidad de estudiantes, que se multiplicaron por cinco desde el retorno de la democracia–.

Las universidades públicas son uno de los blancos predilectos de la motosierra de Milei. Análisis conservadores, como los del exministro de Mauricio Macri (2015-2019), Guillermo Dietrich, señalan que la caída del gasto en universidades fue del 28 por ciento². Por su parte, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), integrado por los rectores de universidades públicas, estimó la caída del salario real universitario en 33 por ciento hacia el mes de agosto, una pauta similar a la del gasto universitario en general. La elección de las universidades como uno de los adversarios principales del gobierno cumple con la función simbólica de posicionar al presidente contra un sector al que le atribuye ser parte de los distintos “colectivos del mal”: los kirchneristas, los progres/woke, los zurdos, “los radicales de Alfonsín”.

El presupuesto educativo

El presupuesto actual de la Secretaría de Educación es de 4,3 billones de pesos argentinos al mes en setiembre de 2024, y representa el 4,5 por ciento del presupuesto de la Administración Pública Nacional (APN). Esto implica dos puntos menos que la participación de 2023 (cuando representaba 6,4 por ciento) y menor también que en 2022 (5,3 por ciento). Además, se debe tener en cuenta que el presupuesto total de la APN actual es menor que el de años anteriores debido al ajuste –el producto interno bruto, recesión mediante, también lo es–. En otras palabras, se achicó la porción de la educación, se achicó la torta del presupuesto general y también la bandeja en la que esta se encuentra: un tobogán triple.

En la ejecución presupuestaria educativa de 2024 se destacan dos rubros de transferencias, que en ambos casos son personales: las becas Progresar y los vouchers. En el caso de las becas, el monto mensual por estudiante fue de 20.000 pesos argentinos hasta setiembre, y fue actualizado a 35.000 para los últimos meses del año. En 2024, las becas Progresar se volvieron más restrictivas ya que incorporaron como requisito para la renovación haber aprobado el 50 por ciento de las materias el año anterior. Esta modificación meritocrática impactará en la reducción del número de beneficiarios en 2024, en un contexto en el que la pobreza crecerá unos diez puntos porcentuales.

El caso de los vouchers es el más sintomático de la política educativa actual, no por lo que significan en términos presupuestarios sino por lo que expresan en términos conceptuales. Recordemos que sus destinatarios son estudiantes de escuelas privadas con alto porcentaje de subvención estatal (un indicador de bajos ingresos de sus estudiantes) y que pueden percibirlos las familias con ingresos totales inferiores a siete salarios mínimos (1,8 millones de pesos argentinos). El voucher lo recibe la familia mediante una transferencia, y su monto puede equivaler hasta la mitad de la cuota que cobra la escuela. En su origen, el programa tenía un plazo de duración de tres meses, pero se prorrogó hasta fin de año y seguramente se extienda el año que viene, dado que el proyecto de Presupuesto 2025 contempla llegar a dos millones de vouchers. El informe presentado en setiembre por la Jefatura de Gabinete ante el Congreso indica que se otorgaron vouchers a 833.000 estudiantes por un monto promedio mensual de 14.000 pesos argentinos, una cifra que representa un tercio de los 2,4 millones de estudiantes de escuelas privadas y, se estima, alrededor de dos tercios de los estudiantes de escuelas privadas con alto nivel de subvención³.

Los vouchers fueron la promesa educativa llamativa de Milei durante su campaña y la que le permitió transmitir de modo eficaz su perspectiva sobre la educación, más allá de que el modelo de implementación tenga poco que ver con la idea de vouchers de Milton Friedman⁴. El voucher, como símbolo más que como realidad, expresa el proyecto libertario para la educación, que anticipa posibles futuras embestidas privatistas y la introducción de lógicas de mercado en el funcionamiento del sistema educativo. En términos materiales, consolida la alianza con los actores corporativos de la educación privada en general y católica en particular (las altas subvenciones son más frecuentes entre las escuelas confesionales, en su mayoría católicas, que entre las laicas), además de significar una ayuda económica para familias de sectores medios y medio-bajos que se hundieron en la pobreza en estos últimos meses.

El Plan Nacional de Alfabetización

El gobierno impulsa desde el inicio de su mandato una iniciativa destinada a mejorar el aprendizaje de la lectura en los primeros años del nivel primario. En mayo, los ministros de Educación de las diferentes provincias acordaron el Compromiso Federal por la Alfabetización; en julio, el presidente firmó el Decreto 579 relativo al Plan Nacional de Alfabetización. Esta política se propone un trabajo en varios ejes, entre los que se destacan la alfabetización en los primeros años de la escolaridad, la formación docente y el involucramiento de la comunidad. Los recursos presupuestarios afectados han sido hasta ahora limitados, pero el proyecto de Presupuesto 2025 incluye una partida destinada a este fin cercana a los 700.000 millones de pesos argentinos. El Plan de Alfabetización contiene algunos aspectos interesantes para comprender algo de la lógica educativa de la actual gestión. En primer lugar, esta iniciativa, que en los hechos sería la principal política educativa del gobierno, no fue un tópico presente entre las propuestas de campaña de Milei. En todo caso, no deja de sorprender que un gobierno con una visión tan economicista de la vida social enfoque su política educativa en el aprendizaje de la lectura en el nivel primario, en lugar de apuntar a las competencias más directamente vinculadas a lo que se concibe como las “demandas del mercado”, es decir, a la formación de capital humano. Por eso, la iniciativa aparece como el resultado combinado de la influencia de fundaciones educativas en la gestión y el propio perfil del secretario a cargo del área.

Otro aspecto significativo es el desplazamiento de sentido del término “alfabetización” que hace el gobierno en su comunicación pública, para asociarlo con “analfabetismo”. Más allá de la polisemia de la palabra, su utilización lleva a pensar que el analfabetismo es un problema en Argentina, tal como señaló Milei en un discurso en San Juan. “El analfabetismo es a la educación lo que la inflación es a la economía”, señaló en esa oportunidad. Cabe aclarar, sin embargo, que el analfabetismo en Argentina es bajo desde hace 50 años (sólo el seis por ciento de los adultos no sabía leer y escribir según el Censo de Población de 1980). El porcentaje actual es de uno por ciento, concentrado en adultos mayores de áreas rurales. ¿Por qué, entonces, la insistencia con esta palabra? Creemos que, más allá de la política educativa, responde a la idea de instalar un diagnóstico de barbarie y proceder a implementar no ya políticas de mejora, sino la demolición del sector público y la apropiación privada de sus activos más rentables.

El diagnóstico sobre el que pivotea el Plan Nacional de Alfabetización es consecuencia de una interpretación equivocada de los resultados de la prueba Aprender, que confunde el significado de las categorías de desempeño en las que se clasifica a los estudiantes: “avanzado”, “satisfactorio”, “básico” y “por debajo de básico”. La traducción de estos resultados que han realizado los medios de comunicación y algunas fundaciones privadas ha instalado la idea de que la mitad de los alumnos de primaria “no entienden lo que leen”, al incluir en esta expresión a dos categorías de alumnos, los clasificados en “por debajo de básico” en la prueba de lengua, pero también a los que están en “básico”. Sin embargo, como señaló la especialista Flavia Terigi en una conferencia desarrollada en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA), las capacidades de lectura que tienen los alumnos clasificados en el nivel “básico” no habilitan a señalar que no saben leer: saben, pero de un modo “básico” o “elemental” según los descriptores técnicos del informe Aprender.

Esta confusión desplazó de la atención el problema principal que muestran los resultados de Aprender: las dificultades más graves se sitúan, desde hace varios años, en matemática (y no en lengua) y en el nivel secundario (no en el primario). Los estudiantes “por debajo de básico” en matemática (es decir, que no alcanzan el mínimo que pide el currículo escolar) duplican a los de lengua, tanto en primaria como en secundaria (52 por ciento de los estudiantes del último año de secundaria tiene un desempeño por debajo de básico en matemática).

Frente a esta evidencia, se ha argumentado que se deben priorizar las políticas de mejora de la lectura ya que resulta una puerta de acceso para el resto de los conocimientos, incluido matemática. Sin embargo, como señaló Gabriela Diker en su documento sobre los equívocos del Plan de Alfabetización⁵, los resultados de las pruebas no apoyan esta hipótesis, ya que se han registrado períodos de mejora de los desempeños en lectura sin que se observara una mejora concomitante en matemática. La evolución de los resultados en las pruebas estandarizadas suele mostrar que la medición de lectura es más sensible, varía más en el tiempo y de acuerdo con distintas circunstancias (didácticas aplicadas, pandemia, cambios en las evaluaciones, etcétera). Por eso, se puede postular que es posible lograr mejoras más rápidas en lengua que en matemática, lo que ayudaría a explicar su priorización, tal como ocurrió durante la gestión de Macri. Este cálculo podría haber llevado a postergar de forma sistemática el abordaje de ese hueso duro de roer que es la enseñanza y el aprendizaje de la matemática.

Lo que viene

El proyecto de Ley de Presupuesto 2025 anuncia una reducción adicional de los fondos nacionales para la educación. Juan Doberti estimó en 37 por ciento la caída del presupuesto de la cartera educativa con relación al anterior presupuesto, aprobado en 2023. La situación configura un escenario preocupante para el financiamiento público de la educación que, dada su magnitud y profundidad, tardará mucho tiempo en recuperar los niveles, ya de por si insatisfactorios, de los años recientes. La realidad presupuestaria es el reflejo de la deserción del Estado nacional de las funciones que debe cumplir. En educación, además, la propia Ley de Educación Nacional señala con claridad sus responsabilidades con el conjunto del sistema. La perspectiva, por lo tanto, es que las desigualdades educativas existentes, tanto entre provincias como entre los distintos grupos sociales que acceden a los distintos segmentos del sistema, se profundizarán.

Leandro Bottinelli, docente e investigador en temas de educación.