Cómo se combatió la vigilancia estatal

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Las recurrentes actuaciones judiciales entabladas en Francia contra los movimientos sociales, particularmente los ecologistas, se basan muy a menudo en la actividad de los servicios de inteligencia. Con la llegada de los años 1960, la vigilancia política de la “Nueva Izquierda” fue objeto en Estados Unidos de una feroz contestación. Desde entonces, esta cuestión se ha despolitizado en gran medida.

El 29 de setiembre de 1968, a un paso del campus de la Universidad de Michigan, en la pequeña ciudad de Ann Arbor, una detonación rompió el silencio de la noche. Cinco cartuchos de dinamita pulverizaron el centro clandestino de reclutamiento de la todopoderosa Agencia Central de Inteligencia (CIA) [todas las siglas están en inglés]. Pasados 15 días, le tocó el turno al edificio del Instituto de Ciencia y Tecnología.

La Policía estableció con rapidez un vínculo entre los dos acontecimientos: el instituto era conocido por sus actividades de defensa clasificadas como secretas y desarrollaba sensores infrarrojos utilizados por el ejército estadounidense para rastrear a los guerrilleros en Vietnam o América Latina. ¿Los responsables? “Activistas antisistema”, aseguró entonces el jefe de la Policía local¹.

Ann Arbor, vecina de Detroit, gran ciudad industrial de Michigan, era en ese tiempo uno de los principales centros de la contracultura en Estados Unidos. Fue allí donde, en 1962, Tom Hayden, entonces estudiante universitario, escribió el manifiesto fundacional de Estudiantes por una Sociedad Democrática (SDS), la organización emblemática de la Nueva Izquierda, un movimiento heterogéneo que se alzaba contra el orden capitalista, racista y autoritario que Estados Unidos encarnaba a los ojos de gran parte de la juventud. En la primavera de 1968, tras el asesinato del pastor Martin Luther King y de un joven líder de las Panteras Negras, Bobby Hutton, el SDS se convirtió en partidario activo del Partido Panteras Negras (BPP), asumiendo de forma abierta su objetivo revolucionario. En 1969, SDS tenía casi 100.000 miembros. Bill Ayers, otra figura destacada de la organización en Ann Arbor, recuerda: “Algunos de nosotros militábamos en barrios pobres y de clase trabajadora, otros establecían contrainstituciones (escuelas, clínicas, cooperativas de trabajo)... y otros luchaban por la inscripción libre y gratuita de los estudiantes negros”².

Para las élites gobernantes, después del conformismo y del cerrojo ideológico del período de posguerra, la intensidad de la revuelta que entonces sacudió al país pareció en verdad asombrosa. Para hacerle frente, el presidente demócrata Lyndon Johnson dio vía libre en 1967 a los servicios de inteligencia para ampliar las medidas de vigilancia y las tácticas de desestabilización que tenían como objetivo a los grupos de la Nueva Izquierda.

El programa Cointelpro (Programa de Contrainteligencia) –lanzado en 1956 por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) para “aumentar el faccionalismo, provocar desorganización y obtener deserciones” dentro del ya debilitado Partido Comunista estadounidense– se extendió primero al movimiento antirracista. El gobierno apuntaba a grupos que el FBI consideraba de “odio negro”, incluidas las Panteras Negras, la Nación del Islam e incluso la Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur (SCLC) de Martin Luther King. Las principales figuras de estas organizaciones fueron puestas bajo escucha telefónica o fueron presas de informantes y desinformación fomentados por el FBI para obstaculizar su accionar³. En octubre de 1968, el Cointelpro amplió su actividad a activistas de SDS y otros grupos etiquetados como “Nueva Izquierda”⁴.

Por su parte, la CIA lanzó la Operación Caos, un conjunto de programas ilegales dirigidos a la disidencia interna. Esta fijación fue acompañada de otro cambio importante para el mundo de la inteligencia: la informatización. Su promesa de infalibilidad fría e impersonal alimentó el optimismo de los espías. Haciéndose eco de las justificaciones que hoy en día acompañan el despliegue de inteligencia artificial en el ejército y otras fuerzas del orden, el “plan a largo plazo” de la CIA, finalizado en 1965, aludía a la “explosión de información” que la agencia enfrentaba entonces y al “déficit de análisis” resultante: desafíos que sólo la informática podía enfrentar⁵. En un futuro cercano, prometían además los autores del plan, “será posible establecer relaciones entre diversos tipos de acontecimientos y de datos gracias a la aplicación de técnicas de correlación”, por ejemplo, para predecir los procesos de radicalización de la juventud. Varios proyectos de investigación en esta dirección reunieron a científicos eminentes, como uno de los padres fundadores de internet, Joseph CR Licklider⁶.

La Agencia de Seguridad Nacional (NSA) estaba experimentando con el uso de sus capacidades informáticas para identificar de manera automática los nombres de ciertos objetivos en los miles de despachos telegráficos que analizaba cada día. En cuanto al ejército, llamado a reforzar las operaciones de mantenimiento del orden en el verano de 1967 para reprimir los levantamientos en los guetos negros, desarrolló por su parte una vasta red de vigilancia de la Nueva Izquierda en lo que fue un programa bautizado Conus Intel. Mientras algunos soldados se infiltraban en grupos pacifistas o se hacían pasar por equipos de televisión para vigilar mejor el entorno militante, sus ingenieros trabajaban en codificar su Sistema de Información de Registros de Contrainteligencia (CRIS) en tarjetas perforadas. Como reveló más tarde un informe del Congreso, CRIS “fue diseñado para extraer con rapidez información sobre los disturbios civiles y generar datos y estadísticas”⁷.

Lamentablemente, la contribución de la computadora al trabajo de inteligencia siguió siendo prosaica: se aplicaba sobre todo a la informatización de archivos, lo que facilitaba el intercambio de datos entre servicios. En 1967, el FBI comenzó a digitalizar los archivos que tenía sobre estudiantes radicales. Por su parte, la CIA, en el marco de la Operación Caos, utilizó una computadora IBM para alojar la base de datos Hydra, cuyo listado contenía cerca de 300.000 nombres.

Por lo demás, la brutal expansión de las actividades de vigilancia interna, a pesar de desarrollarse en secreto y con opacidad administrativa, fue rápidamente cuestionada. Parte del mundo académico se movilizo contra la vigilancia y la creciente penetración en la sociedad de agencias gubernamentales responsables de la seguridad nacional. En febrero de 1967, la revista Ramparts, el órgano de noticias oficioso de la Nueva Izquierda, reveló que la CIA estaba financiando en secreto a la Asociación Nacional de Estudiantes, una organización estudiantil, en el marco de su campaña mundial contra el comunismo.

Esta información agitó los campus donde la CIA organizaba el reclutamiento de futuros graduados. Los estudiantes y profesores partidarios de la izquierda acusaron a los centros de investigación en informática de colaborar de modo directo con el ejército y los servicios para construir un Estado orwelliano, y los tomaron como objetivo. Secciones locales del SDS organizaron sentadas alrededor de los centros de reclutamiento de la agencia. Y unos meses después dos activistas dinamitaban la oficina de Ann Arbor.

Pronto, esta ola de oposición se extendió a otras esferas de poder. En enero de 1970, el Washington Monthly publicó un artículo sobre el programa Conus Intel escrito por un estudiante de doctorado en derecho de la Universidad de Columbia, Christopher Pyle. Nacido en 1939, acababa de dejar un puesto docente en la Escuela de Inteligencia del Ejército en Baltimore y deseaba informar al público sobre las actividades de vigilancia ilegal de las que había sido testigo. Su artículo llevó a los senadores a crear una comisión para investigar el mundo de la inteligencia, lo que era algo inédito. Presidida por el demócrata Sam Ervin, quien dos años más tarde dirigiría la investigación del Senado sobre el escándalo Watergate, la comisión contrató a Pyle como asesor y reveló la existencia de decenas de programas de vigilancia informática dentro de la administración pública.

¿Quién investiga a los que investigan?

En marzo de 1971, una pequeña agrupación militante que se hacía llamar “Comisión de Ciudadanos para Investigar al FBI” irrumpió en una oficina del FBI en una pequeña ciudad de Pensilvania, recogió varios documentos que encontró en el sitio y los entregó a varias agencias de prensa. Gracias a ellos, el Washington Post revelaría por primera vez la existencia del programa Cointelpro. Luego, en junio del mismo año, en el caso de los Pentagon Papers (papeles del Pentágono), en respuesta al intento de la administración de Richard Nixon de impedir la publicación de documentos secretos relacionados con la guerra de Vietnam, llevando al New York Times ante los tribunales, la Corte Suprema asestó un golpe histórico al secreto de Estado al consagrar el derecho a publicar información clasificada⁸.

Unos meses más tarde, la Corte anulará múltiples demandas interpuestas por las autoridades contra grupos de la Nueva Izquierda, declarando ilegales las escuchas telefónicas realizadas sin orden judicial, incluso cuando se realizaron en nombre de la seguridad nacional. En cuanto al Partido Demócrata, muchos de cuyos representantes electos fueron sometidos a vigilancia en el marco del programa Conus Intel, creó un grupo de expertos que publicó en 1972 un informe pidiendo limitar de forma drástica los poderes de los servicios de inteligencia⁹.

Tras los parlamentarios, los jueces y los medios de comunicación, fue el turno de los exagentes de inteligencia de volverse contra los servicios. Perry Fellwock tenía 25 años cuando, después de trabajar para varias estaciones de escucha de la NSA en todo el mundo, se unió al movimiento pacifista de San Diego. Unos meses más tarde, en el verano de 1972, utilizando un seudónimo, concedió una entrevista a Ramparts en la que reveló la existencia del sistema de vigilancia global Echelon. Con Tim Butz, un exoficial de inteligencia del ejército que también se convirtió en un activista contra la guerra y el capitalismo, fundó una organización destinada a luchar contra los daños provocados por la inteligencia: el Comité para la Acción/Investigación sobre la Comunidad de Inteligencia (Caric).

Para desempeñar su papel de “vigilancia independiente del aparato de espionaje del gobierno”¹⁰, la asociación cultiva fuentes dentro de los servicios y abre oficinas en Washington. A principios de 1973, Fellwock y Butz lanzan su boletín informativo CounterSpy. Pronto, con la ayuda del escritor Norman Mailer, esta revista reunirá a numerosos periodistas deseosos de investigar sobre la vigilancia del Estado. Los líderes de Caric también recorren las universidades para denunciar las “tácticas tecnofascistas” de la inteligencia, piden la creación de filiales locales para mantener bajo control las políticas de reclutamiento de la CIA o para lograr reducciones en los presupuestos policiales. Para contrarrestar la propaganda gubernamental, debaten en la radio con exfuncionarios de los servicios y contradicen los dichos de los líderes de inteligencia en audiencias parlamentarias del Congreso. Utilizando métodos de inteligencia de “fuente abierta”, incluso publicarán las identidades de agentes de la CIA que trabajaban encubiertos en embajadas estadounidenses en todo el mundo para obligar a la agencia a repatriarlos.

Resultados

A pesar de los desmentidos y otros intentos de ocultamiento, el Estado debió desmantelar varios programas de vigilancia como Conus Intel, Cointelpro y la Operación Caos. La confianza en las agencias se desmoronó. La proporción de encuestados que dieron una evaluación “muy favorable” del FBI cayó del 84 por ciento en 1965 al 52 por ciento en 1973 y luego al 37 por ciento en 1975. Para la CIA, la cifra cayó al 14 por ciento en 1975, incluido el siete por ciento de los estudiantes¹¹.

Ante la acumulación de escándalos, el Congreso creó dos comisiones de investigación en 1975, que unos meses más tarde formularon una crítica sistémica y bien documentada del papel desempeñado por la inteligencia dentro del sistema político estadounidense. Pero las maniobras del ejecutivo y el deseo de gran parte de los medios de comunicación dominantes de adoptar una postura menos crítica del poder, sumados al cansancio de la opinión pública confrontada a la inflación, propiciaron un punto de inflexión.

En los años siguientes, la administración del presidente James Earl Carter promulgó una ley de inteligencia que, sin embargo, dejó amplios márgenes de interpretación a los servicios y, sobre todo, reprimía con dureza a los lanzadores de alertas¹². El ascenso de Ronald Reagan a la presidencia en 1981 marcó el regreso de la vigilancia política¹³, que en retrospectiva se manifiesta como un componente esencial de la reacción neoliberal y autoritaria a los movimientos emancipadores de los años 1960.

Félix Tréguer, investigador, miembro de la Quadrature du Net. Traducción: Micaela Houston.