La compleja situación de los árabes israelíes

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Si bien la Declaración de Independencia de Israel de 1948 afirmaba que el Estado aseguraría la completa igualdad de derechos a todos sus ciudadanos, sin distinción de credo, lo cierto es que los habitantes árabe-israelíes sufren cada vez más desigualdades y hostigamiento, pese a que representan un quinto de la población. Desde la llegada de Netanyahu, desde el 7 de octubre de 2023, esta situación se ha acentuado.

La costanera está llena de gente paseando. Las niñas están de punta en blanco; la mayor parte de las mujeres visten un hiyab, a veces a la última moda: verde cobrizo o imitación de piel de lagarto. Los potentes botes inflables a motor, sobrecargados con familias completas, dibujan figuras alrededor de los ferris, desde donde escapa la estruendosa música de las estrellas egipcias Amr Diab o Akram Hosny. Muñecas, reproducciones de AK47 y grandes sables made in China: los vendedores de juguetes para niños generan ganancias. Podría ser cualquier país árabe; sin embargo, es San Juan de Acre, en el norte de Israel, en un día de Eid al-Fitr, que marca el final del Ramadán. A 200 kilómetros, los gazatíes están bajo las bombas. Aquí se corre, se juega, se ríe, se grita.

Giro represivo

Cerca de un ciudadano israelí de cada cinco, es decir, 2,04 millones sobre un total de 9,66 millones, es árabe¹. Los ataques del 7 de octubre de 2023 exacerbaron los contrastes y las paradojas de la situación que viven los miembros de esta comunidad, que a menudo se definen como “israelíes por ciudadanía, pero palestinos por identidad”. Algunos de ellos, en su mayor parte beduinos, fueron asesinados o tomados como rehenes durante los raides de Hamas. Otros desempeñaron un rol decisivo durante los rescates². Sin embargo, su malestar es grande frente a la guerra contra Gaza –donde muchos tienen familia–, financiada con sus impuestos.

Cabría pensar que los árabes israelíes –denominación oficial, aunque muchos de ellos prefieren la expresión “palestinos de Israel”– se movilizarían por sus hermanos que viven en el enclave, como sucedió durante la segunda Intifada en el 2000 o durante el levantamiento de mayo de 2021. Pero, de hecho, no sucedió. “Por supuesto quisimos manifestarnos, pero nos lo impidieron –sostiene Aida Touma-Suleiman, diputada de San Juan de Acre y miembro del partido Jadash (comunista)–. Nos reunimos 25 dirigentes para marchar a Nazaret. Los autos de policía bloquearon nuestra marcha desde la entrada de la ciudad y seis de nosotros fueron arrestados”. A veces denunciados por sus colegas judíos, cientos de ciudadanos árabes fueron detenidos por las fuerzas especiales de la Policía, interrogados, puestos bajo vigilancia o incluso encarcelados sin proceso por haber subido a las redes sociales críticas contra el gobierno, un extracto del Corán, un llamado a rezar o fotos en solidaridad con los gazatíes. A pesar de su inmunidad parlamentaria, Touma-Suleiman, violentamente atacada por la extrema derecha, fue excluida de la Knéset [el cuerpo legislativo] durante dos meses por haber –dice– “citado testimonios de médicos del hospital de Al-Shifa acerca del bombardeo al hospital, la muerte del personal médico y el olor a fósforo en el aire”.

En Haifa, Assaf Adiv, director ejecutivo del sindicato MAAN, que tiene afiliados árabes y judíos, busca explicar la relativa pasividad: “Por empezar, tienen miedo. Además, la mayoría de los miembros de la comunidad árabe considera que Hamas es una fuerza importante para los palestinos de Gaza y de la Cisjordania ocupada, pero no tienen ganas de perder su ciudadanía israelí y las consiguientes ventajas”. A 75 años de la fundación del Estado israelí, “los del 48”, uno de los sobrenombres de los descendientes de los 160.000 palestinos que se quedaron en su tierra, hoy por hoy son diez veces más numerosos. Para entender mejor por qué su existencia tiene peso en el futuro del país, del cual son ciudadanos, se impone volver al pasado.

En 1948, ante la estrategia de terror llevada a cabo por las fuerzas israelíes, unos 700.000 palestinos huyeron o fueron expulsados de su tierra natal. “Dos de los hermanos de mi abuelo murieron durante la guerra de 1948. Él partió hacia Jordania, aunque pudo volver muy rápido, pero sus tierras ya le habían sido confiscadas”, cuenta un militante de Galilea que prefiere guardar el anonimato en este período ultrasensible. El escritor y diputado palestino Émile Habibi recuerda este éxodo masivo, la Nakba (“catástrofe” en árabe), como un “acontecimiento que vació nuestras almas, borró los recuerdos de nuestra memoria y desdibujó los contornos de nuestro mundo”. El “miedo a que se repita no nos abandona nunca; no pasa un solo día sin que pensemos en ello”, revela Basheer Karkabi, un prestigioso cardiólogo de Haifa. En la vida cotidiana, incluso determina el comportamiento de los árabes israelíes. La sensación de que las autoridades de Tel Aviv nunca quisieron la igualdad entre los ciudadanos sigue estando presente.

Por supuesto, la Declaración de Independencia pronunciada por David Ben Gurión el 14 de mayo de 1948 afirma que “el Estado asegurará la completa igualdad de derechos sociales y políticos a todos sus ciudadanos, sin distinción de credo, raza y sexo”. De hecho, aunque los que huyeron o fueron expulsados en 1948 tienen prohibido regresar a su patria y, a diferencia de la población judía, los árabes israelíes vivieron bajo una administración militar hasta 1966, pueden votar y presentarse a las elecciones. La Corte Suprema –a la que pueden recurrir todos los ciudadanos– protege esos derechos. Por lo demás, el nuevo Estado reconoce al árabe como idioma oficial. Cada comunidad posee, además, como bajo el Imperio otomano, su propia jurisdicción para las cuestiones civiles (matrimonios, sucesiones y divorcios) y religiosas –lo cual, en los hechos, divide a la población árabe, compuesta por musulmanes (83 por ciento), drusos (nueve por ciento) (sometidos a la conscripción, a diferencia de los otros) y cristianos (ocho por ciento)–.

En 2018 ocurrió un giro legal cuando el primer ministro Benjamin Netanyahu hizo aprobar una Ley Fundamental que define a “Israel como el Estado-nación del pueblo judío”. Desde entonces, el espíritu “igualitario” de la Declaración de 1948 parece haber sido destruido. “Desarrollar los asentamientos judíos” se convirtió en una causa nacional a promover. El idioma árabe, hasta entonces oficial, ya no tiene más que un simple “estatus especial”. Cuando se recurre a la Corte Suprema, esta convalida esas disposiciones. Según ella, la ley no desconoce el principio de igualdad, en tanto no elimina ningún derecho de los no judíos.

De todos modos, su adopción incitó a los árabes israelíes a unirse al “Levantamiento por la Dignidad” de mayo de 2021. Nacido en Jerusalén, el movimiento se propagó por los territorios ocupados y las ciudades mixtas de Israel. En primera línea, Lod, al sudeste de Tel Aviv. Dos manifestantes árabes fueron asesinados, así como uno judío. Se decretó el estado de emergencia en esa ciudad de 83.000 habitantes, entre los cuales el 30 por ciento es de origen palestino. Fue un punto de inflexión, en opinión de Fida Shehade, consejera municipal durante cinco años y testigo de la “radicalización de los judíos supremacistas de derecha, armados por su ministro Ben Gvir [a cargo de la seguridad nacional], que incrementan los abusos, incendian nuestras casas y nuestros autos en un contexto de corrupción y tráfico de drogas y de armas”. Esos extremistas tienen como misión “judaizar” la ciudad con el refuerzo de colonos provenientes de la Cisjordania ocupada. Marginada en el equipo municipal, Shehade decidió no volver a presentarse en las elecciones locales de febrero de 2024. Y, por precaución, instaló ocho cámaras de seguridad alrededor de su casa.

Sin embargo, como feminista, no renunció a involucrarse. Hoy por hoy prioriza la militancia conjunta contra el “sistema patriarcal dominante”. En efecto, dice haber “perdido la esperanza a causa de los hombres árabes que no se involucran lo suficiente en la política”. Ahora bien –destaca–, “si no se puede hablar de política, se habla de religión”. Desde hace al menos diez años, “el tema islámico penetra cada vez más en el nacionalismo palestino”, confirma Semaan Ihab Bajjali, sacerdote ortodoxo griego de la Iglesia de la Anunciación de Nazaret. Fundado en 1971, el Movimiento Islámico cuenta hoy con dos ramas que se disputan el favor de la comunidad. La primera, el Movimiento Islámico “del Norte”, rechaza un sistema político dominado por los israelíes y se niega a cualquier participación electoral. “En 2015, nuestro movimiento fue prohibido por las autoridades, que nos presionaron en todos los niveles, social, político y económico. Por ejemplo, constantemente teníamos que pagar nuevos impuestos para nuestras instituciones –cuenta el jeque Saleh Luti, que dirige un centro social en Umm al-Fahm–. Nuestros miembros son detenidos de forma constante e interrogados. Muchos de ellos están en prisión. Y desde el 7 de octubre [de 2023] es peor. Los israelíes no nos tratan como ciudadanos; es una relación de ocupantes a ocupados”. Sin embargo, reconoce, “el 20 por ciento de las mezquitas son financiadas por el gobierno”.

Por su parte, la rama llamada “del Sur”, Raam, participa en las elecciones. Dirigida por Mansour Abbas, se unió a la Lista Conjunta de Árabes y Judíos (compuesta por candidatos comunistas del Jadash [izquierda], nacionalistas de Taal y de Balad, e islamistas del Raam), que obtuvo 13 diputados en las elecciones legislativas de marzo de 2015 y se convirtió en la tercera formación en la Knéset tras el Likud y los laboristas³. Pero en 2021, Abbas se abrió y abandonó esta lista conjunta, que como pudo se mantuvo cerca de siete años. Los cuatro diputados de su formación integran entonces –por primera vez– la mayoría parlamentaria, una coalición heterogénea que va de un extremo al otro, creada por el primer ministro colono Naftali Bennett para que Netanyahu caiga. “Mansour Abbas reconoce habitualmente preocupaciones comunes con los partidos judíos religiosos y la derecha conservadora –observa el historiador Jean-Pierre Filiu en una reciente obra⁴–. Se inscribe en la más estricta línea de la Mujamma del jeque Yasín [una organización caritativa creada por el fundador de Hamas en Gaza en 1973], que hace medio siglo prefería colaborar con las autoridades israelíes antes que con los nacionalistas palestinos”.

Sin embargo, los árabes israelíes fueron los grandes ausentes de las manifestaciones de 2023. Los centenares de miles de manifestantes judíos no buscaron realmente incluirlos cuando marcharon contra el proyecto de reforma judicial de Netanyahu. Los árabes tampoco participaron –o muy pocas veces– en las grandes concentraciones que siguieron a los ataques del 7 de octubre de 2023 para obtener la liberación de los rehenes y la renuncia del primer ministro. Esta discreción no es nueva. Se inscribe en un largo proceso de erosión que afecta la participación de esta minoría en la vida electoral de su país. En el punto más alto, en 1955, el 91 por ciento de sus miembros votaba; en el más bajo, en 2021, apenas lo hacía un 44,6 por ciento. Ello se percibe en la Knéset. Los diputados árabes, que llegaron a 15, y actualmente son diez, muestran cierta impotencia para combatir las discriminaciones sufridas por su electorado, en particular en el ámbito de la propiedad inmobiliaria, piedra angular del sistema de segregación aplicado a los árabes israelíes.

Desigualdad de derechos

En la pequeña ciudad de Maghar, desde la terraza de la casa de Ayman Whip se puede tener una vista de conjunto. En primer plano, las casas del barrio. Luego, una extensión de campos, algunos de los cuales fueron expropiados a sus propietarios árabes, mientras que a otros se les prohibió cultivar allí el zaatar (una mezcla de especias a base de tomillo), con el fin de que “las cooperativas judías de la región mantengan la exclusividad”, según la consejera municipal drusa Noha Bader; para “evitar la sobreexplotación anárquica de las tierras”, según un agrónomo judío israelí. En tercer plano, sobre la ladera de la colina rocosa, las topadoras cavan un amplio canal de tierra ocre. Allí estará ubicada la futura ruta, que conducirá a la cima y permitirá acceder a los cientos de nuevas viviendas para judíos alrededor de Maghar y de los pueblos aledaños.

El sistema jurídico, implementado desde la creación de Israel, es complejo: define quién puede vivir dónde y permite la expropiación de los descendientes de los “palestinos de 1948”. Así, cientos de localidades fueron destruidas y borradas del mapa. Sus nombres y su población fueron judaizados. Más de 150.000 hectáreas fueron confiscadas a los árabes en provecho de las aglomeraciones judías. Siempre situadas en proyección sobre pueblos árabes cuyo desarrollo Israel quiere limitar, esas construcciones obstaculizan cualquier vista y se imponen como una presencia definitiva. En 1976, una huelga general para protestar contra la expropiación de nuevas tierras y el desposeimiento de la población local fue objeto de una sangrienta represión. La Policía mató entonces a seis manifestantes árabes. Si bien cada año, el 30 de marzo, el “Día de la Tierra” conmemora este drama, nada ha cambiado realmente. La profecía formulada en 1980 por Yitzhak Shamir –entonces ministro de Relaciones Exteriores– parece haberse realizado: “Galilea no será la Galilea de los goïm (‘gentiles’, o no judíos), sino la de los judíos”⁵.

Desde la misma terraza se perciben tres grandes e imponentes nuevas casas en las afueras del pueblo: construcciones ilícitas edificadas por vecinos árabes. “Ya hace años que las autoridades se negaban a otorgarles un permiso. La tierra es muy cara, y ya casi no hay para vender. Entonces decidieron hacer caso omiso. Dicen: ‘Son nuestros campos de olivos, hacemos lo que queremos sobre ellos’ –cuenta Ayman–. Se arriesgan a grandes multas y sobre todo a que las autoridades den la orden de demoler”. Por cierto, para protegerse, uno de los propietarios desplegó una gran bandera israelí sobre la fachada de la casa.

A las localidades árabes también les faltan terrenos para construir establecimientos escolares. “Tenemos seis escuelas primarias, dos secundarias de ciclo inicial y dos secundarias de ciclo superior. Construimos la primera secundaria de ciclo inicial sin autorización, ¡porque no podíamos esperar más!”, cuenta Bader, que hizo de la educación la prioridad de su mandato en el Consejo Municipal de Maghar.

Farmacéutica, Lamis Mousa es una de las cuatro árabes (de 17 miembros) que integran el Consejo Municipal de Nof HaGalil, la ciudad judía construida en lo alto de Nazaret. Compró una casa allá, y otras familias de clase media, incluso acomodadas, se unieron a ella a lo largo de los años. A falta de una escuela árabe en esta ciudad, “tenemos que enviar a nuestros niños con los misioneros de Nazaret, e incluso a un pequeño número de ellos, a los establecimientos árabes de los pueblos circundantes –explica Lamis Mousa–, porque la solicitud de abrir una estructura adaptada a las necesidades de la población árabe no fue aprobada. Sin duda, por una decisión gubernamental y la presión ejercida sobre el alcalde por los grupos racistas de la ciudad”.

Ese déficit de escuelas también tiene implicancias para los docentes: cada año, son cientos los maestros y los profesores árabes que integran el sistema educativo judío, donde enseñan en hebreo. Hoy por hoy constituirían el tres por ciento del cuerpo de enseñanza.

Hay una situación igualmente paradójica del lado de los alumnos, dado que –explica Adiv–, “por un lado, desde hace diez años tenemos un gobierno cada vez más a la derecha, que expresa alto y claro su odio por los árabes y amenaza con deshacerse de ellos. Por otro lado, ese mismo gobierno, bajo la dirección de Netanyahu, invirtió miles de millones en infraestructura y educación en las comunidades árabes, alcanzando un nivel de inversión sin precedentes con respecto a cualquier gobierno anterior. Incluso, previo a la adopción del ‘Plan Quinquenal 922’ en 2016, el Estado elaboró un programa que apuntaba a promover e incentivar la integración de los estudiantes árabes en el sistema de enseñanza superior israelí”⁶.

Ello permitió duplicar el porcentaje de mujeres de origen palestino poseedoras de un primer título en el espacio de diez años. Muchos israelíes incluso hablan de una “revolución” en la enseñanza superior. A pesar del examen de ingreso a la universidad en hebreo, siempre más difícil para los estudiantes que no lo hablan, la proporción de estos últimos que se preparan para obtener un título en las universidades y otros establecimientos de enseñanza superior israelí se duplicó, pasando de 22.268 en 2010 a 47.936 en 2021, mientras que el número de árabes que se preparan para un segundo título casi se cuadruplicó, pasando de 3.270 a 11.665 durante el mismo período. En 2021, el gobierno de Naftali Bennet y Yaïr Lapid adoptó un segundo Plan Quinquenal, dotado de un presupuesto de cerca de 10,8 mil millones de dólares. “Pero, a raíz de la guerra en Gaza, el actual gobierno israelí procedió a recortes en el presupuesto del Estado [en febrero de 2024], entre ellos, reducciones desproporcionadas de los presupuestos asignados a los ciudadanos árabes”, se lamenta Adiv.

Cada vez más lejos

En la actualidad los árabes y los judíos crecen en establecimientos separados, porque el sistema educativo primario y secundario se reparte según cuatro categorías: escuelas públicas judías laicas (tres a 18 años), escuelas judías religiosas, escuelas árabes y escuelas ultraortodoxas. Hoy en día “a menudo es en la universidad donde los árabes y los judíos se encuentran por primera vez”, señala Karkabi. Una docente de la Universidad Hebrea de Jerusalén que desea preservar su anonimato agrega: “Hay poca interacción entre los estudiantes judíos y los árabes, y desde el 7 de octubre [de 2023] es aún más evidente”. A pesar de los 75 años de convivencia, sólo el cinco por ciento de los judíos casados lo están con no judíos, un porcentaje que asciende al 42 por ciento en la diáspora⁷. En 2015, en nombre de la preservación de la “pureza judía”, las autoridades prohibieron en las secundarias de ciclo superior el estudio de una novela hebrea de Dorit Rabinyan, Gader Haya (Todos los ríos del mundo), que narra el vínculo de una judía israelí con un palestino.

Al preguntar sobre la situación de los árabes en el Estado hebreo, siempre se escucha al interlocutor judío israelí repetir con prontitud algunos éxitos individuales: el economista Samer Haj-Yehia, que dirige en Tel Aviv el Consejo de Administración del banco Leumi desde 2019; el juez Khaled Kabub, que integra, junto con 14 pares judíos, la Corte Suprema en Jerusalén; o también Mouna Maroun, de Haifa, primera árabe cristiana electa rectora de una universidad israelí. No obstante, tras estas success stories, y pese a algunos progresos, la realidad es menos resplandeciente.

En 2020 se estimaba que más de la mitad de las familias árabes en Israel vivían bajo el umbral de la pobreza. Y la brecha entre el salario promedio de un judío israelí (15.619 shekels) y el de un árabe israelí (8.829 shekels) es grande. Las personas de origen palestino que ocupan puestos directivos son poco frecuentes: en 2019, el 4,9 por ciento de los hombres contra el 12,8 por ciento del lado judío (dos por ciento y 5,7 por ciento para las mujeres, respectivamente); la representación árabe en los consejos de administración de las empresas mejora: pasó del 1,2 por ciento en el año 2000 al 12 por ciento en 2018. También en 20 años, el porcentaje de funcionarios árabe-israelíes se triplicó, pasando del 4,8 por ciento al 13,2 por ciento. “En cuanto a la salud y a la universidad, estamos más o menos en igualdad –considera Karkabi–; por ejemplo, hay entre 25 por ciento y 30 por ciento de árabe-israelíes en el cuerpo médico y una fuerte presencia también en la Policía, pero todo lo que concierne directa o indirectamente al ejército nos está prohibido”.

A las desigualdades de ingresos y en materia de acceso a los puestos de responsabilidad se suma una inseguridad mayor para los ciudadanos israelíes de origen palestino. En 2023, según informa la organización para la igualdad de los derechos Abraham Initiatives, 222 árabes fueron asesinados, es decir, casi el doble respecto de 2020⁸. A raíz de la muerte de su amigo de la infancia por una bala disparada a corta distancia en su ciudad natal de Lod, el rapero y militante Tamer Nafar lanzó una exitosa canción, “Go There”, sobre el tema de la violencia y la criminalidad en su propia comunidad. Desde el año 2000, se estima que el número de árabe-israelíes asesinados es de 1.574: 68 por la Policía y 1.506 por otros ciudadanos árabes. Dos tercios de esos dramas son el resultado de luchas entre organizaciones criminales o de vendettas entre clanes y familias. Solamente el 10 por ciento de los incidentes criminales entre árabes da lugar a investigaciones de la Policía y muy pocos terminan con el traslado de un sospechoso a la justicia.

Según Adiv, a la negligencia de las fuerzas del orden se suma otra explicación: “la clara tendencia de la población árabe a aislarse del Estado. Ese fenómeno se acentuó después de la segunda Intifada, a partir del año 2000. Permitió la creación de un sistema judicial paralelo, dominado por jefes tribales o jeques, y fundado sobre la idea, en el centro de las fuerzas militantes nacionalistas e islámicas que dominan las calles desde hace dos décadas, de que aquellos que colaboran con la Policía ya no forman parte de nuestra comunidad”.

Para tomar el pulso de la comunidad árabe también hay que desplazarse a Haifa, a menudo presentada como un ejemplo de coexistencia entre ciudadanos judíos y de origen palestino. A unos 140 kilómetros a vuelo de pájaro de la frontera libanesa, la ciudad está al alcance de los disparos de cohetes de Hezbolá, que aumentaron estos últimos meses. Varios cientos de habitantes, árabes y judíos, comenzaron a realizar juntos el inventario de los refugios, a inspeccionarlos y volverlos a poner en condiciones. “El 7 de octubre [de 2023] no hizo estallar el modelo de Haifa, que de todas maneras antes no era ideal –considera Karkabi, miembro del foro Haifa for Us All (‘Haifa para Todos Nosotros’)–, pero destrozó a los que tenían fe en la coexistencia”. En particular, algunos padres judíos retiraron a sus hijos del proyecto experimental de escuela mixta (financiado en un 90 por ciento por el Estado y en un 10 por ciento por los padres), del cual sólo existen tres unidades en el país.

A comienzos de junio, Yona Yahav, el nuevo alcalde (exlaborista) de la ciudad, sugirió a los manifestantes árabes que marcharan a Jerusalén más que a Haifa, con el fin de no perturbar la tranquilidad de su ciudad. Y, en lugar de señalar el comportamiento brutal de la Policía, acusó a los manifestantes de proferir eslóganes antiisraelíes. Como respuesta, Karkabi, así como otros 30 ciudadanos (judíos y árabes), firmaron una carta pública denunciando esta toma de posición. El cardiólogo lo lamenta: “7 de octubre [de 2023] mediante o no, a nivel nacional, el conjunto del espectro político se inclina cada vez más hacia la derecha, y temo que de eso no se salve Haifa”.

Ariane Bonzon, enviada especial, periodista, autora de Turquie. L’heure de vérité (Empreinte, 2019). Traducción: Micaela Houston.