El Sahel en busca de soberanía y estabilidad

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Desde el golpe de Estado de julio de 2023, Níger también ha experimentado una clara intensificación de las violencias yihadistas. En 2024 registró el mayor incremento mundial de muertes a causa del terrorismo: 930 víctimas, lo que significó un aumento del 94 por ciento. El número de operaciones contra las fuerzas armadas prácticamente se duplicó durante los primeros nueve meses de 2024.

A 12 años de la operación Serval, lanzada por Francia para frenar el avance de los grupos yihadistas en Malí, el Sahel se encuentra cada vez más golpeado por la inseguridad. Nada ha logrado contener la violencia armada, que resulta cada día más mortífera:¹ ni los 5.100 soldados movilizados por París y sus aliados durante la operación Barkhane (2014-2022), ni los 13.000 cascos azules enviados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ni las cuatro misiones de la Unión Europea desplegadas desde 2014. Las crisis recurrentes –que ignoran las fronteras nacionales– sacuden de modo constante a la región. Una ola de golpes de Estado (Malí, Burkina Faso, Níger) llevó al poder a juntas tan solidarias entre sí como ineficaces en la lucha contra la inseguridad, a pesar de sus promesas iniciales de restablecer la paz y la autoridad del Estado.

A principios de julio, el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (GSIM, por sus siglas en francés), afiliado a Al Qaeda, perpetró siete ataques coordinados al oeste de Malí, cerca de las fronteras con Senegal y Mauritania. En setiembre de 2024, esa misma organización llevó a cabo, en un mismo día, dos raides dramáticos en Bamako, durante los cuales asesinaron a 70 miembros de las fuerzas de seguridad en la academia de gendarmería y destruyeron el avión presidencial en el aeropuerto militar. Se trató de la primera ofensiva que afectó a la capital maliense en casi una década. Estas acciones muestran no sólo que los grupos yihadistas circulan con libertad por todo el Sahel, sino también que ahora son capaces de sincronizarse para llevar a cabo operaciones simultáneas con un alto valor simbólico.

Hace diez años, el Sahel era la región africana menos afectada por el extremismo violento,² pero esta situación mutó con el tiempo. Fue en 2024 cuando se registró la mayor cantidad de muertes, con un número de fallecidos que se triplicó desde 2021 hasta alcanzar los 11.200.³ A esa cifra abrumadora se sumaban los 2.430 civiles asesinados en 2024 por las propias fuerzas de seguridad nacionales, con la ayuda de sus socios rusos. Esta evolución coincidió con la ola de golpes de Estado inaugurada en Malí en 2020.

Los dos principales grupos yihadistas de la región –el GSIM y la Organización del Estado Islámico en el Sahel (OEI Sahel)– capitalizan los reclamos de las poblaciones a unos poderes incapaces de proporcionarles servicios básicos y de protegerlos, así como de poner un freno a la inseguridad alimentaria y a las tensiones ligadas a la tierra.⁴ Desde la serie de golpes de Estado, han ganado aún más poder. El primero se extendió más allá de sus bastiones tradicionales del norte y del centro de Malí, hacia el oeste, el sur y los países vecinos, en particular Burkina Faso y Níger. En cuanto al segundo, la retención forzosa de la zakat, la limosna religiosa, le proporciona una fuente de financiación nada despreciable, y si bien el GSIM también hace lo mismo, redistribuye una parte de esa bendición financiera a los más desfavorecidos.

La expansión de estos grupos en los tres países se tradujo en numerosos asaltos contra las fuerzas de seguridad y la población civil. Burkina Faso se vio particularmente afectado, con varias matanzas cometidas tanto por los yihadistas como por las milicias progubernamentales en represalia por el presunto apoyo de las comunidades locales al bando contrario. El ataque más mortífero de la historia del país (entre 130 y 600 muertos, según las fuentes) ocurrió en Barsalogho, en agosto de 2024, cuando el GSIM masacró a unos ciudadanos obligados a cavar ellos mismos trincheras para defender la ciudad.

Desde el golpe de Estado de julio de 2023, Níger también ha experimentado una clara intensificación de las violencias yihadistas.⁵ Dos ataques de gran envergadura perpetrados por el OEI en junio de 2025 ilustran esta preocupante evolución: uno contra una base militar en Banibangou (en el que murieron más de 30 soldados) y otro contra civiles en oración en Manda (durante el cual al menos 70 habitantes fueron asesinados). En cada ofensiva, los yihadistas se apropian de importantes cantidades de armas y equipos, lo que les permite asegurarse incluso un excedente que luego venden para financiar su expansión.

A pesar de su compromiso incumplido de restablecer el orden constitucional civil en el corto plazo, todas las juntas permanecen en el poder. Las transiciones cortas prometidas en un principio se alargan y, poco a poco, se dejan de cumplir las etapas constitutivas de su desarrollo. En Níger nunca se anunció un calendario oficial de transición; en su lugar, un “diálogo nacional” expeditivo (de apenas unas semanas) instaló en la presidencia al general Abdourahamane Tiani por cinco años renovables, mientras que el jefe de Estado legalmente electo, Mohamed Bazoum, sigue recluido en su palacio desde el golpe que lo derrocó.

En Malí, el orden del día oficial sí contempla elecciones, incluso con un presupuesto asignado en las cuentas públicas desde hace dos años, pero la espera es inútil. En julio, el Parlamento de transición concedió al general Assimi Goïta un mandato presidencial de cinco años renovable sin elecciones. Su homólogo burkinabé, el capitán Ibrahim Traoré, también prolongó la transición: en 2024 la llevó a 60 meses, con comicios previstos para 2029. Sabiendo que ahora los partidos políticos están prohibidos en estos tres países, cabe preguntarse desde ya por la validez de esas elecciones –si es que finalmente llegan a celebrarse–.

Las tres juntas utilizan los mismos mecanismos para reforzar su poder: un marcado giro autoritario destinado a reprimir toda oposición, un esfuerzo de coordinación para armonizar sus posiciones y el recurso a socios externos más o menos democráticos, todo ello enmarcado en una dialéctica engañosa sobre la soberanía recuperada.⁶ Al programar elecciones para el mismo año y aspirar a convertirse en una confederación dotada de pasaportes biométricos comunes, alimentan un impulso panafricanista que sirve de combustible para la propaganda en redes sociales.

Mientras tanto, las sociedades civiles ven sus libertades públicas vulneradas: intimidaciones, arrestos arbitrarios, reclutamientos forzados en el ejército e incluso ejecuciones extrajudiciales están a la orden del día. La prensa, por su parte, es reducida al silencio mediante la represión o el exilio forzado. A ello se suma la prohibición de numerosos medios extranjeros, en particular los canales franceses Radio France Internationale (RFI) y France 24, así como Voice of America.⁷

En Malí suspendieron el canal Joliba TV News en varias ocasiones. A comienzos de 2025, se lo acusó de haber difundido declaraciones difamatorias contra el régimen burkinés durante un debate que ponía en duda la veracidad del intento de golpe invocado por el capitán Traoré para incriminar a sus opositores. Un ejemplo, entre tantos otros, de la manera en que los regímenes en el poder orquestan el control de los medios con el objetivo de ofrecer a las poblaciones un relato coherente y complaciente, en contraste con una realidad mucho más compleja, en especial en materia de seguridad.

En el marco de la Alianza de Estados del Sahel (AES), una coalición defensiva creada en setiembre de 2023,⁸ Bamako, Uagadugú y Niamey intentaron, además, llenar el vacío dejado por los actores occidentales y multilaterales que ellos mismos apartaron. Ese distanciamiento se debió particularmente a un fortalecimiento de sus vínculos con Rusia, China y Turquía, sus nuevos aliados externos que, al igual que ocurre con sus enemigos, también muestran posiciones divididas. La salida coordinada de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) en enero de 2024 y el anuncio de la creación de una fuerza conjunta de la AES en enero de 2025 ilustran la voluntad de distanciarse de los socios occidentales habituales, incluida Francia.

Si bien el vínculo con Rusia no es reciente, este país se ha impuesto poco a poco como un actor militar central tras los golpes de Estado, tanto a través de asociaciones bilaterales como de su papel de apoyo diplomático a la AES. Los mercenarios del grupo Wagner combatieron junto con las fuerzas armadas malienses contra formaciones yihadistas y separatistas entre 2021 y 2025, al mismo tiempo que incurrían en secuestros, torturas y numerosas ejecuciones sumarias de civiles. En junio, fueron oficialmente reemplazados por el Africa Corps, una estructura militar creada en 2023 y colocada directamente bajo el mando del Ministerio ruso de Defensa. Esta organización ya se desplegó en Malí con un amplio arsenal y equipos de última generación: blindados, cañones de artillería y un avión bombardero. También enviaron pequeños contingentes a Burkina Faso y Níger a comienzos de 2024 con el objetivo de formar a las tropas, reformar y modernizar los servicios de seguridad, y también para proteger a los regímenes en el poder. Paralelamente, en enero de 2025, Rusia declaró que apoyaría a la nueva fuerza conjunta de la AES en materia de formación y equipamiento, un respaldo simbólicamente fuerte para la joven entidad regional. No obstante, esta cooperación ha sufrido reveses importantes. El 13 de junio, el Africa Corps sufrió una derrota humillante en la localidad maliense de Anoumalane frente a los rebeldes del Frente de Liberación del Azawad (FLA), surgido de la fusión de varios partidos tuareg comprometidos en la lucha por la independencia del Azawad, una región que abarca el norte de Malí. El 1º de agosto, una emboscada tendida por el GSIM cerca de la ciudad de Ténenkou habría provocado, según los yihadistas, la muerte de decenas de soldados rusos y malienses.⁹

Otro actor importante en este nuevo escenario regional es China, que aplica en el Sahel la misma estrategia que en el resto del continente: asentarse a largo plazo mediante inversiones económicas y la explotación de recursos naturales. No obstante, y con cierta regularidad, sus ambiciones parecen verse contrariadas. En Níger, la construcción del oleoducto Agadem-Cotonou –un proyecto de 6.000 millones de dólares liderado por una empresa china y destinado a transportar 200.000 barriles de petróleo por día hacia Benín– se enfrenta desde 2024 a numerosos obstáculos: cierre de fronteras debido a la inseguridad, secuestros del personal y crecientes tensiones diplomáticas entre Niamey y Pekín. El gobierno nigerino incluso expulsó a algunos directivos y revocó la licencia de un hotel de lujo de fondos chinos en la capital. Todas estas medidas reflejan la voluntad de afirmar su soberanía, incluso frente a socios de larga trayectoria capaces de compensar la retirada de los actores occidentales.

En Malí, varias reformas de la legislación minera adoptadas en 2024 también afectaron a operadores extranjeros, en particular a los mineros artesanales chinos, acusados de prácticas peligrosas y nocivas para el medioambiente. Tras derrumbes mortales en enero y febrero y casos de contaminación por mercurio, Bamako exigió la suspensión de estas explotaciones ilegales, cuyos ingresos beneficiaban a intereses chinos. No obstante, Malí procura no afectar a Pekín, por eso, las inversiones chinas legales continúan y se extienden ahora a todos los minerales preciosos y estratégicos. En 2024, por ejemplo, el gigante Ganfeng obtuvo el derecho de explotar yacimientos de litio.

Sin embargo, es Turquía el país que podría revelarse como el gran ganador de la reconfiguración de las alianzas en el Sahel. El gobierno turco no deja de fortalecer sus vínculos con los Estados de la AES mediante entregas de armamento y proyectos de infraestructura, al mismo tiempo que muestra un interés creciente por los recursos naturales de la región. Incluso antes de los golpes de Estado, Ankara había construido mezquitas y hospitales en Níger y Malí con la intención de presentarse como un socio fiable, capaz de ayudar a afrontar la amenaza yihadista.

En 2019, en Niamey, una empresa turca financió la reconstrucción del aeropuerto internacional y construyó el hotel Radisson Blu con motivo de la cumbre de la Unión Africana, unas inversiones que resultaron tan estratégicas como simbólicas. Finalmente, como suele ocurrir en el continente africano, Ankara también expresó sus ambiciones mediante las conexiones aéreas, con vuelos directos de Turkish Airlines hacia los tres países de la AES.

A diferencia de China, mucho menos involucrada en este ámbito, Turquía no descuida la cooperación en materia de seguridad. Desde 2018, desembolsó cinco millones de dólares para financiar la fuerza conjunta del G5 Sahel (disuelta en 2023 tras la retirada de Malí, Burkina Faso y Níger). Además, en el último tiempo, se consolidó como el principal proveedor de drones en África, convirtiéndose en uno de los principales suministradores de armamento de los Estados del Sahel gracias a sus Bayraktar TB2, mucho menos costosos que los modelos occidentales. Además, el nuevo aliado externo envía instructores para garantizar el mantenimiento de los aparatos y la formación de los usuarios. La decisión de los miembros de la AES de privilegiar el material turco frente a los competidores ruso y chino asegura a Ankara una presencia duradera en la región.

Más allá de las declaraciones de intención y de las incertidumbres vinculadas a la seguridad, ¿es plausible creer en la posibilidad real de una integración entre los tres países de la AES, especialmente en el plano político? Si bien no faltan las proclamas sobre la solidaridad regional ni los gestos concretos, persisten diferencias de enfoque, incluso en materia de seguridad. En abril estalló una crisis entre Bamako y Argel tras la afirmación del ejército argelino de haber derribado un dron maliense en su espacio aéreo. La decisión de Bamako de prohibir que aparatos argelinos sobrevuelen su territorio (en reacción a una medida recíproca de Argelia) no fue secundada ni por Niamey ni por Uagadugú. Un episodio que recuerda que las prioridades nacionales –en este caso, la intención de no confrontar con el vecino argelino– aún pueden prevalecer sobre la obligación de mantener la alianza a cualquier costo.

Nina Wilén, directora del programa África del Instituto Egmont (Bruselas). Traducción: Paulina Lapalma.