Los límites del modelo de integración finlandés

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Un cielo negro resplandece con halos de color violeta o amarillo fluorescente al caer la tarde sobre los bosques del oeste de Finlandia, cerca de las aguas calmas del golfo de Botnia. Esta atmósfera de ensueño no es obra de las auroras boreales, sino de la luz artificial de los invernaderos de Närpes. Casi la mitad de los pepinos y el 60 por ciento de los tomates que se venden en este país de 5,6 millones de habitantes se cultivan en esta región, aunque los inviernos sean implacables. Sus 9.600 habitantes prosperan gracias al cultivo de hortalizas, desde que –según cuenta la leyenda local– un emigrante finlandés trajo una planta de tomate de América después de la Segunda Guerra Mundial. Cada verano, la gente lo celebra con un carnaval.

Un cuarto de la población activa (mayormente extranjeros) trabaja en los invernaderos, por un salario promedio de entre 1.700 y 2.000 euros al mes. Según las autoridades locales, el 22 por ciento de los habitantes de Närpes es de origen extranjero, es decir, que se trata de una de las ciudades más cosmopolitas del país. Este invierno ya no quedan vacantes en el centro municipal de aprendizaje de idiomas. Unas 30 mujeres acaban de llegar de Asia, Bielorrusia o Ucrania para reunirse con sus cónyuges, y están siguiendo el “programa de integración” para trabajadores extranjeros: cursos de finlandés o de sueco y unas 100 horas de clase sobre la sociedad y la cultura finlandesa. En este caso, eligieron aprender sueco, que es la lengua mayoritaria en esta región (y la lengua materna de un cinco por ciento de la población finlandesa). Un legado del pasado: el país vivió seis siglos bajo dominio sueco, antes de que el Imperio ruso lo anexara en 1809 y de finalmente independizarse en 1917.

“Yo trabajé en los invernaderos. Ahora quiero encontrar empleo en el sector turístico para que mis hijos puedan tener un futuro. No tengo ninguna intención de irme”, cuenta con una gran sonrisa Xuan Tran, originaria de la bahía de Ha Long, en Vietnam. Sus dos hijos asisten a una escuela hecha de madera que se camufla entre los abedules. Staffan Holmberg, director del establecimiento desde 1988, ha visto pasar alumnos de muchos países distintos: Bosnia, Vietnam, Siria, Ucrania, Bielorrusia… Ese día estaban preparando la fiesta de Santa Lucía, una mártir cristiana. “Después van a venir el Año Nuevo chino, el Ramadán, las Pascuas… –enumera Holmberg–. Además, todos los alumnos tienen una hora semanal de educación religiosa, y pueden elegir entre luteranismo, ortodoxia, islam o cursos de ‘ética’”. También reciben clases intensivas de finlandés o sueco, y dos horas semanales de enseñanza en su lengua materna, para que no pierdan el vínculo con su país de origen.

La alcaldesa Mikaela Björklund celebra la llegada de los extranjeros: “Los inmigrantes contribuyen al desarrollo de Närpes. Sólo tenemos un 3,2 por ciento de desempleo [frente a un ocho por ciento a nivel nacional]. Definitivamente no queremos que se marchen y apostamos por su integración”, se jacta la mandataria del Partido Popular Sueco de Finlandia, una agrupación centrista que representa a la minoría de habla sueca del país y que forma parte de la coalición de gobierno. A su alrededor se reúnen familias, trabajadores o personas mayores sin parientes para resguardarse del frío en el comedor moderno del hospital, un espacio público que favorece la diversidad.

Política migratoria regresiva

Hasta 1993, Finlandia era un país de emigración. Casi un millón de habitantes se había marchado al extranjero a lo largo de un siglo. Pero, desde entonces, el saldo migratorio pasó a ser positivo. En 2024, un 2,4 por ciento de la población finlandesa provenía de la Unión Europea y un 6,9 por ciento, de otros países¹. Primero fueron unos pocos exiliados chilenos, vietnamitas o bosnios a finales del siglo XX; luego les siguieron estudiantes e inmigrantes económicos que vinieron de Asia y más tarde de África en las décadas de 2000 y 2010; finalmente, en 2015, llegaron desde Suecia refugiados afganos, sirios e iraquíes. También las transformaciones políticas del imponente vecino ruso –con el que comparte 1.340 kilómetros de frontera– tuvieron impacto en el país nórdico. Tras la caída de la Unión Soviética (URSS) en 1991, llegaron contingentes rusos y bálticos –en especial provenientes de la actual Estonia–, además de jóvenes somalíes que estudiaban en Moscú o en San Petersburgo.

Junto con Suecia, Finlandia se consagró durante la última década como “modelo de integración” para los inmigrantes, según atestiguan distintos informes y “clasificaciones internacionales”, como el índice de políticas de integración de inmigrantes (Mipex, por sus siglas en inglés), que toma en cuenta cerca de 50 indicadores: el acceso al mercado laboral, la reunificación familiar, la participación en la vida política, el acceso a la ciudadanía, la no discriminación, entre otros². “No nos gusta la etiqueta ‘modelo’; cada localidad tiene su propio recorrido –cuestiona Björklund, con ánimos de moderar un relato mediático que ensalza demasiado su propia ciudad–. Nada es perfecto, la integración siempre es un trabajo a largo plazo”. Pero también se lamenta: “A las autoridades locales se les exige un compromiso cada vez mayor, pero el gobierno nacional recortó el presupuesto asignado. En paralelo, el programa de integración para extranjeros va a pasar en 2025 de tres a dos años en muchos casos”.

Tras asumir el poder en 2023, el nuevo gobierno pretende reducir la deuda nacional recortando el gasto público, mediante una reforma de la política migratoria, entre otras medidas. La reforma apunta a “brindar ayuda a las personas más vulnerables y prevenir abusos”. A partir de ahora, un extranjero tiene que residir ocho años en el país –en vez de cinco– para poder solicitar la nacionalidad. La reunificación familiar está más limitada. Para obtener un permiso de residencia permanente, hace falta vivir seis años en el país –en vez de cuatro– y ganar un mínimo de 40.000 euros al año³.

El primer ministro conservador Petteri Orpo cuenta con el respaldo de la Coalición Nacional (KOK, de derecha), del Partido Popular Sueco de Finlandia (SFP, de centro), de los Demócratas Cristianos (KD, de centroderecha) y del Partido de los Finlandeses (PS, de ideología “identitaria”: nacionalista y antimigratoria). Esta última fuerza política –que formó parte del gobierno entre 2015 y 2017, y más tarde se dividió– suele clasificarse dentro de la extrema derecha, y en la actualidad parece estar imponiendo sus ideas.

Muchas organizaciones de protección de refugiados consideran que las reformas actuales están basadas en el programa político del PS. Este partido quedó en segundo lugar en las elecciones legislativas de abril de 2023 (con 46 diputados de un total de 200), apenas por delante de los socialdemócratas (43 escaños), que lideraban la coalición saliente. “El PS se presenta como la fuerza política de la ‘gente común’ y de la clase obrera frente a las élites. Logró atraer a los votantes de zonas rurales y periurbanas con un discurso que defiende el uso de combustibles fósiles y se opone a la inmigración”, analiza Sonja Pietiläinen, investigadora de la Universidad de Oulu⁴ e integrante del colectivo antifascista sueco Zetkin⁵. Por ejemplo, el partido obtuvo muy buenos resultados en el distrito electoral de Laponia (en el norte del país), ya que apoya la explotación tradicional –y muy contaminante– de la turba, que se usa como combustible para calefacción. “Oponen la inmigración a la estabilidad. ‘Romantizan’ el pasado finlandés, enaltecen la vida de los obreros que respetaban los valores cristianos en una época en la que el país era más autosuficiente”, continúa Pietiläinen. Así y todo, el PS sufrió una rotunda derrota en las elecciones regionales de abril de 2025.

Crisis del estado de bienestar

“Estas reformas hacen que las responsabilidades del individuo pesen más que las medidas de apoyo a la integración”, observa Annu Lehtinen, directora del Consejo Finlandés para los Refugiados. Sin embargo, el modelo de su país está basado históricamente en la inclusión. “Pero nuestro Estado de bienestar se está deteriorando lentamente desde los años 2000”. En 2008, la crisis económica mundial sacudió a Finlandia. El PS fue ganando terreno de la mano de un discurso antimigratorio, y llegó a ser la tercera fuerza política del país en 2011. “En 2015, la llegada de miles de refugiados en poco tiempo dejó una fuerte impresión –continúa Lehtinen–. Se hizo patente que las opiniones estaban muy polarizadas, por más que nuestro sistema de integración haya resultado eficaz”.

La coalición en el poder empezó a limitar la llegada de inmigrantes ilegales. Además, una ley de seguridad fronteriza adoptada en 2024 autoriza a los guardias fronterizos a negar la entrada a los inmigrantes procedentes de Rusia en ciertos casos de “instrumentalización”. Esta medida “pone en tela de juicio el compromiso de Finlandia con el Estado de Derecho. La legislación europea e internacional es clara: el principio de ‘no devolución’ tiene que respetarse siempre”, objeta Dinushika Dissanayake, directora regional adjunta para Europa de Amnistía Internacional. Finlandia, que apoya a Ucrania y acaba de incorporarse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), acusa a Moscú de enviar solicitantes de asilo a sus fronteras, igual que Polonia denuncia a Bielorrusia⁶. En el otoño boreal de 2023, llegaron desde Rusia 1.300 exiliados de Medio Oriente en unos pocos días, muchas veces en bicicleta. Aunque esta cifra es baja comparada con los solicitantes de asilo que llegan a Grecia o Italia, el gobierno de Orpo interpretó este movimiento sin precedentes como un intento de “desestabilización”. A finales de 2023, el mandatario decidió cerrar la mayoría de los pasos fronterizos con Rusia en aras de la seguridad nacional, pese a que, antes de la pandemia de covid, nueve millones de personas cruzaban la frontera cada año en ambos sentidos, mayormente por motivos de ocio o de comercio.

En marzo de 2025, la Defensora del Pueblo para la Igualdad de Finlandia denunció el “costo humano desmesuradamente alto” de la nueva política migratoria. En cambio, Riikka Purra –presidenta del Partido de los Finlandeses, además de ministra de Finanzas y viceprimera ministra del país– considera que “la política de integración no tuvo éxito, a la luz de las tasas de desempleo o de criminalidad entre los inmigrantes no europeos. Las bandas callejeras, compuestas principalmente por jóvenes de origen extranjero, comprometieron la seguridad de algunas ciudades”. Así y todo, en los últimos años la tasa de desempleo se mantuvo estable a nivel nacional, en torno al ocho por ciento. El fenómeno de las bandas que menciona la ministra atañe sobre todo a Suecia, pero también le genera inquietud a Finlandia. En 2023 murieron 53 personas por tiroteos en el país vecino; con frecuencia, los culpables están implicados en el narcotráfico. Sin embargo, en Suecia hay unas 30.000 personas identificadas oficialmente como miembros de bandas criminales, mientras que en Finlandia las autoridades sólo registran 150.

El dilema de la mano de obra

El ambiente en Helsinki es tranquilo este invierno. Las siluetas abrigadas caminan apuradas a través de los edificios de ladrillo, en un silencio que sólo interrumpen los tranvías. Sin embargo, una fiesta en un edificio neoclásico anima las orillas del golfo de Finlandia. La organización Startup Refugees está celebrando el final de un programa de mentoring [mentorías]. Ingenieros o informáticos ucranianos, indios o afganos degustan bebidas proteicas, mientras intercambian sus cuentas profesionales de Linkedin con empleadores finlandeses del sector de la ingeniería, las telecomunicaciones y la industria electrónica. “Startup Refugees organiza programas de formación muy populares para que los refugiados aprendan los códigos de las relaciones laborales. No damos abasto con la cantidad de inscripciones”, explica con entusiasmo la cofundadora Aicha Manai, de origen finlandés-tunecino. Pero, ¿por cuánto tiempo? “El gobierno impone un plazo de tres a seis meses para que los trabajadores extranjeros despedidos encuentren empleo o, de lo contrario, abandonen el país. La medida desincentiva la inmigración, como si el idioma o el tamaño reducido de Finlandia no fueran obstáculo suficiente”, lamenta Manai. Lukumanu Iddrisu –un gestor de proyectos ghanés, instalado hace diez años en este país que tanto valora– advierte que “todas estas reglas estrictas dirigidas a los extranjeros podrían hacer aumentar el trabajo irregular, porque siempre va a hacer falta mano de obra calificada”.

En 2024, los ciudadanos mayores de 65 años representaban un 23,4 por ciento de la población finlandesa, una cifra superior a la media europea del 21,6 por ciento, según los datos de Eurostat⁷. De acuerdo con el Instituto de Investigación de la Economía Finlandesa, Helsinki necesita 40.000 nuevos trabajadores cada año⁸. La coalición en el poder, hostil a la inmigración, se enfrenta al mismo dilema que otros gobiernos europeos, como el de Italia. La realidad contradice las promesas de la campaña. En 2022, Hermanos de Italia –el partido político de Giorgia Meloni– ganó las elecciones con la promesa de reducir la inmigración, pero dos años más tarde se resignó a otorgar 450.000 permisos de residencia a trabajadores extranjeros. De manera análoga, la ministra de Asuntos Sociales y Salud del Partido de los Finlandeses advirtió al Parlamento en febrero: “De acá a diez años, entre un 25 por ciento y un 30 por ciento de nuestras enfermeras van a estar jubiladas [...]. Necesitamos mano de obra extranjera”.

Elisa Perrigueur, periodista. Traducción: Agustina Chiappe.