Los raides de grupos armados se multiplican en la provincia de Cabo Delgado desde 2017. El 30 de mayo dos ataques provocaron la muerte de 30 soldados mozambiqueños. En un contexto de pobreza generalizada y de marcada degradación económica, al gobierno de Mozambique le cuesta destruir esa amenaza, a pesar del muy activo apoyo del ejército ruandés.
Un grupo de mujeres intenta alcanzar la costa de Pemba surcando el mar turquesa del océano Índico. Apoyadas sobre sus cabezas, llevan bandejas colmadas de pescados, que cuentan con vender en el mercado de Paquiteque, el barrio más antiguo de la capital provincial de Cabo Delgado. Pero en las playas de arena fina del noreste de Mozambique reina una calma engañosa. La región es presa de recurrentes y mortíferos ataques yihadistas desde el 5 de octubre de 2017. Ese día, el pequeño pueblo portuario de Mocímboa da Praia fue ocupado durante 48 horas por un grupo fuertemente armado afiliado a la Organización del Estado Islámico (OEI) bajo el nombre de Al-Shabab (que significa “los jóvenes” en árabe) o Ansar Al-Sunna (tradición). A pesar de varias operaciones militares lanzadas por el gobierno mozambiqueño y varios Estados de la subregión, la provincia nunca volvió a recuperar la seguridad. En 2024, cerca del 10 por ciento de su territorio escapaba totalmente al control del poder central.
El gas que alimenta el conflicto
Cabo Delgado alberga la mayor parte de las reservas de gas natural del país, estimadas en más de 180 trillones de metros cúbicos. Su potencial económico atrae a muchas empresas multinacionales. La francesa TotalEnergies, la estadounidense ExxonMobil, la italiana ENI y la China National Petroleum Corporation (CNPC), todas invirtieron en concesiones estratégicas de la cuenca del Rovuma, para la exploración y el reparto de la producción gasífera con el Estado mozambiqueño. Los grupos australianos Syrah Resources y Triton Minerals, por su parte, tienen contratos mineros para la producción de grafito en Balama, mientras que la empresa británica Gemfields posee una parte mayoritaria en la compañía Montepuez Ruby Mining Limitada (MRM), que explota una de las mayores minas de rubíes del mundo.
Por lo tanto, restablecer y garantizar la seguridad en la provincia resulta vital para el país. Con este fin, Mozambique primero recurrió al grupo Wagner. En setiembre de 2019, aproximadamente 200 mercenarios rusos fueron enviados para luchar contra la insurrección, tras una visita de Estado del presidente mozambiqueño Filipe Nyusi a Moscú en agosto de 2019, la primera desde 1987. Los dos Estados reanudaron entonces una cooperación estratégica que se remonta a la Guerra Fría, cuando la Unión Soviética apoyaba a los países de la “línea de frente” contra la Sudáfrica del apartheid. Pero el saldo de la operación fue un estrepitoso fracaso: 12 paramilitares asesinados en el espacio de algunas semanas y una lastimosa retirada de la milicia en marzo de 2020. Mozambique recurrió luego a la empresa de seguridad privada sudafricana Dyck Advisory Group (DAG). Fundada en 2012 por Lionel Dyck, excoronel de las fuerzas armadas zimbabuenses, tenía que proveer apoyo aéreo a los soldados mozambiqueños. Pero nada pareció impedir el avance de los insurrectos ni de los grandes ataques, así como tampoco la segunda toma de Mocímboa da Praia en agosto de 2020. En abril de 2021, DAG, por su parte, se vio obligado a anunciar su partida.
El papel de Ruanda
La Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC, por sus siglas del inglés) decidió entonces enviar una fuerza en común (SADC Mission in Mozambique, SAMIM) en julio de 2021, compuesta por ocho países: Angola, Botsuana, la República Democrática del Congo (RDC), Lesoto, Malaui, Sudáfrica, Tanzania y Zambia. Pretoria proveyó dos tercios de los soldados. Por su parte, en 2023 la Unión Africana envió material militar, tras haber pedido una movilización regional en marzo de 2021. Enfrentada a desafíos logísticos, la SAMIM se vio incapaz de revertir la correlación de fuerzas de forma duradera. Además, algunos colaboradores ya no lograban asumir el costo de este compromiso. Durante el verano de 2024, los jefes de Estado y de gobierno de la SADC decidieron desmantelar la SAMIM, permitiendo que algunas capitales, en particular Kigali (Ruanda) y Dodoma (Tanzania), mantuvieran de forma voluntaria su cooperación bilateral con Mozambique.
Por cierto, fue el ejército ruandés el que desalojó a los yihadistas del pueblo portuario y permitió que se retomara la explotación gasífera frente a Cabo Delgado en julio de 2021. “Mozambique nunca proveyó el apoyo necesario a la SAMIM —explica Borges Nhamirre, del Instituto de Estudios de Seguridad (ISS África)—. Siempre le dio prioridad a Ruanda y apartó a las fuerzas de la SADC”. El investigador subrayó que en la práctica la misión africana compartía su información acerca de la evolución de la situación, mientras que el acuerdo entre el presidente ruandés, Paul Kagame, y su homólogo, Filipe Nyusi, estaba rodeado de la mayor opacidad.
Durante mucho tiempo, las relaciones entre Ruanda y Mozambique estuvieron reducidas a su más simple expresión, previo a que se inaugurara una embajada ruandesa en 2019. Hoy, cerca de 4.500 soldados de las Fuerzas Ruandesas de Defensa (FRD) están desplegadas en Cabo Delgado. Ruanda mantiene la incertidumbre sobre sus motivaciones. “Ruanda pretende estar actuando por solidaridad, pero nadie envía tantos hombres por ese único motivo”, observa Nhamirre. En 2021, la Unión Europea aprobó una ayuda de 40 millones de euros para formar al ejército mozambiqueño en la protección de los civiles y mantenimiento de la paz en la región. También financió el despliegue de las FRD, desbloqueando en noviembre de 2024 un paquete de 20 millones de euros adicionales para la compra de material militar y para operaciones aéreas. “Por supuesto, las tropas ruandesas ayudaron mucho a mejorar la situación en Cabo Delgado. Pero ¿qué protegen realmente? –se pregunta en voz alta Nhamirre–. ¿A los civiles o a la parte económica de la provincia? El esfuerzo [militar] es mucho más intenso alrededor de los yacimientos gasíferos, así como en Palma —frente a la cual TotalEnergies invirtió en un gran proyecto, NDLR—, mientras pesa una amenaza sobre la población en su conjunto”.
Como señal de acercamiento entre los dos Estados, el Parlamento mozambiqueño ratificó en marzo de 2023 un tratado de extradición entre Ruanda y Mozambique. Ese acuerdo, que facilita la expulsión hacia Ruanda de las personas acusadas de crímenes mayores, entre ellos la participación en el genocidio de los tutsis de 1994, suscita fuertes reservas entre los defensores de los derechos humanos. El muy autoritario Paul Kagame podría usarlo para perseguir a los disidentes políticos en fuga.
Además de las eventuales ventajas económicas y diplomáticas, su intervención en Mozambique ofrece a Ruanda una oportunidad para pulir su imagen de gendarme africano. Bien formadas y disciplinadas, las FRD constituyen la vidriera de un país convertido en el tercer colaborador mundial y el segundo a escala del continente en las operaciones de mantenimiento de paz de las Naciones Unidas, con 5.874 cascos azules al 31 de agosto de 2024. El país de los Grandes Lagos de África se especializa también en el sector de la seguridad privada. Las inversiones ruandesas se multiplican en Cabo Delgado: minas, construcción, vigilancia, etcétera. Varias empresas, como Macefield Ventures, NPD Limited y Strofinare Mozambique, vinculadas con la holding ruandesa Crystal Ventures —brazo económico del Frente Patriótico Ruandés (FPR)—, se instalaron en la región. Para el historiador mozambiqueño Yussuf Adam, París podría haber respaldado la intervención ruandesa con el fin de proteger los intereses de TotalEnergies. No obstante, una fuente cercana al gobierno francés nos afirma que el proyecto gasífero Mozambique LNG (el establecimiento offshore de la petrolera francesa en Cabo Delgado) surgió en conversaciones directas entre empresas y el gobierno mozambiqueño.
Sin embargo, ¿la situación está mejorando? Pese a las patrullas ruandesas, los yihadistas se mantienen activos. Más de un millón de habitantes huyeron de la inseguridad, los secuestros y los saqueos, hacia regiones más alejadas del litoral minero. Según varios testimonios recogidos por organizaciones no gubernamentales occidentales, algunos insurrectos, disfrazados de soldados y policías, estarían logrando camuflarse en los pueblos, haciéndose pasar por guardianes de la paz, y luego estarían obligando a los civiles a seguir sus intereses. Los yihadistas, que practican la lucha de guerrillas, se mueven con velocidad y se ocultan sigilosamente en las montañas, lo que complica su búsqueda por parte de las autoridades. Para reforzar su capacidad de lucha contrainsurgente, Mozambique adquirió en junio de 2024 un avión de apoyo táctico cercano y de reconocimiento armado AHRLAC (apodado Mwari), un artefacto desarrollado por la empresa sudafricana Paramount. Hoy la aeronave realiza misiones de vigilancia y ataques ligeros. Mozambique también se esfuerza por procurarse drones, ya sean chinos (Wing Loong II y CH-4 Rainbow) o franceses (IC-D propuestos por la empresa I-SEE Group).
Numerosos investigadores explican la persistencia de la insurrección por el hecho de que los movimientos yihadistas provenientes de Tanzania o de Kenia se aprovechan del tráfico a lo largo de la rica costa austral del continente africano para financiarse y mantener su influencia en la subregión. Otros expertos sugieren que el grupo Al-Shabab habría surgido de una escisión en el seno del Consejo Islámico de Mozambique. Reconocida por el gobierno, esta organización reúne a jóvenes predicadores y estudiantes salafistas opuestos al islam local, de obediencia sufí, e inspirados por las ideas rigoristas de Aboud Rogo, un religioso keniata asesinado en 2012 por atacantes no identificados. Su muerte provocó en ese entonces varios días de revueltas, ya que sus partidarios acusaban a las fuerzas de seguridad de haberlo asesinado. Pero para algunos especialistas del desarrollo, como Joseph Hanlon, el poder de atracción de ese grupo tiene sus raíces en “la pobreza, la marginación y la falta de perspectivas para los jóvenes, y la religión sólo sirve de punto de encuentro o de fachada”.
Infografía: Cécile Marin.
Pobreza y corrupción
Clasificado entre los países más pobres del mundo, Mozambique ve cómo estallan las desigualdades en la provincia de Cabo Delgado, entre las opulentas ganancias mineras y la miseria de las poblaciones. Según Acción contra el Hambre, el 45 por ciento de los habitantes vive en la extrema pobreza, mientras que la provincia concentra el 66 por ciento de los 3,3 millones de personas en situación de crisis o de emergencia alimentaria a escala nacional. La asociación también destaca los efectos desastrosos del calentamiento climático con el recrudecimiento de los ciclones.
La corrupción de las élites atiza además una cólera sobre la cual prosperan los yihadistas. En abril de 2016 estalló un escándalo por un amplio desvío de fondos hoy por hoy conocido por el nombre de “deuda oculta de Mozambique”. Se refiere a los préstamos por un monto de 2.000 millones de dólares contraídos por tres empresas públicas mozambiqueñas con bancos tales como el Crédit Suisse y la entidad rusa VTB. Se suponía que los fondos eran para financiar tres proyectos marítimos —la compra de buques de patrulla y de pesca y la construcción de astilleros navales—, pero en realidad las sumas habrían alimentado un circuito de sobornos en beneficio de algunos allegados al poder en Mozambique, generando una sucesión de escandalosos procesos en Estados Unidos y en Reino Unido. Desde el descubrimiento de esos delitos, 14 países socios y el Banco Mundial decidieron cortar toda ayuda a Mozambique (aproximadamente 265 millones de dólares por año). El Fondo Monetario Internacional retiró 165 de los 286 millones de dólares inicialmente previstos para un préstamo de emergencia. En consecuencia, desde 2016, la deuda pública pasó del 61 por ciento del producto interno bruto al 104 por ciento, mientras que la moneda nacional se depreció y la inflación alcanzó el 17,4 por ciento. “Los responsables políticos contaban con los ingresos del gas para pagar esas deudas, pero el dinero nunca llegó. En efecto, por razones de seguridad, TotalEnergies y ENI retrasaron sus megaproyectos gasíferos”, nos explica Michel Cahen, director de Investigación emérito en el Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) y especialista en la historia política de África. A la espera de que esa fuente de ingresos se convierta en realidad, las grandes potencias extranjeras están negociando concesiones y protegiendo sólo sus instalaciones. En cuanto a los ataques yihadistas en la provincia, estos continúan, manteniendo a la población en los márgenes del desarrollo.
Margaux Solinas, enviada especial, periodista. Traducción: Micaela Houston.
Cabo Delgado
Siete años de guerra
04/10/2017. Primera gran ofensiva yihadista. El grupo Al-Shabab (también conocido como Ansar Al-Sunna), afiliado a Estado Islámico, ocupa durante 48 horas la ciudad portuaria de Mocímboa da Praia.
2018-2019. Los ataques se intensifican y extienden por todo Cabo Delgado. Los insurgentes adoptan tácticas de guerrilla: ataques rápidos, secuestros masivos, decapitaciones públicas y reclutamiento forzoso de jóvenes. Miles de habitantes comienzan a huir hacia el sur, alejándose del litoral minero.
Agosto de 2019. Viaje del presidente mozambiqueño Filipe Nyusi a Moscú para conseguir ayuda militar externa.
Setiembre de 2019. Llegada de aproximadamente 200 mercenarios del grupo Wagner a Mozambique para combatir la insurgencia.
Marzo de 2020. Se retira el grupo paramilitar Wagner. Mozambique busca nuevas alternativas. La empresa sudafricana Dyck Advisory Group (DAG) proporciona apoyo aéreo a las fuerzas mozambiqueñas con helicópteros de combate y aviones ligeros.
Agosto de 2020. Segundo golpe devastador: los yihadistas vuelven a tomar Mocímboa da Praia por varios meses. El puerto estratégico se convierte en su bastión principal. Las multinacionales suspenden operaciones y evacuan personal.
Marzo de 2021. Ataque masivo contra la ciudad de Palma, cerca de las instalaciones de TotalEnergies. Decenas de civiles muertos, incluidos trabajadores extranjeros. La petrolera francesa declara “fuerza mayor” y paraliza indefinidamente su megaproyecto de 20.000 millones de dólares.
Abril de 2021. DAG anuncia su retirada tras un año de operaciones infructuosas.
Julio de 2021. Doble intervención crucial: llega la fuerza regional SAMIM (ocho países africanos liderados por Sudáfrica) y, en paralelo, Ruanda despliega de modo unilateral sus primeros soldados.
Agosto de 2021. Las Fuerzas Ruandesas de Defensa (FRD) retoman Mocímboa da Praia tras combates intensos. Su efectividad contrasta con los resultados limitados de la SAMIM, que enfrenta problemas logísticos y falta de coordinación.
2022-2023. Consolidación de la presencia ruandesa: 4.500 soldados desplegados, muy superiores en número y eficacia a las demás fuerzas extranjeras. TotalEnergies reanuda gradualmente sus operaciones bajo protección militar reforzada. Empresas ruandesas comienzan a instalarse en la región.
Marzo de 2023. El Parlamento mozambiqueño ratifica el tratado de extradición con Ruanda que facilita la deportación de acusados de crímenes mayores.
Verano de 2024. Los líderes de la SADC deciden desmantelar la SAMIM por falta de resultados y costos insostenibles. Ruanda y Tanzania optan por continuar su cooperación con Mozambique de manera bilateral, consolidando la influencia de Ruanda.
Cronología elaborada por la redacción de Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, a partir del artículo y otras fuentes como Al Jazeera, Human Rights Watch, Crisis Group, ACAPS, The New Humanitarian y UNCHR.