Plantear la pregunta correcta

Editar

En 2017, Portugal contaba con 400.000 extranjeros y la extrema derecha era inexistente. Ocho años después, alberga cerca de 1,6 millones (15 por ciento de la población total) y la extrema derecha se ha impuesto como la segunda fuerza en el Parlamento. Constatada en casi toda Europa, la correlación entre el aumento de los flujos migratorios y el ascenso de las formaciones xenófobas parece casi mecánica¹. “El pueblo francés ya no quiere inmigración”, deduce Marine Le Pen, líder de Agrupación Nacional, antes de llamar a un referéndum. Pero ¿qué pregunta habría que hacer?

Volvamos a Portugal, en 2008, mucho antes del reciente boom migratorio. El país, golpeado por la crisis financiera, se encuentra al borde de la bancarrota. A cambio de su ayuda, el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea exigen reformas: Lisboa debe “modernizar” su economía, es decir, privatizar, recortar el gasto público, desregular el mercado laboral. Hay que ganar competitividad para atraer inversores. Portugal se esfuerza por hacer entrar dinero fresco. Crea, en 2009, el estatus de “residente no habitual”, destinado a atraer a ejecutivos y jubilados extranjeros mediante una exención fiscal de diez años. Un éxito inmediato. Tres años después, lanza una “visa dorada” (o “autorización de residencia por actividad de inversión”) con acceso privilegiado a la ciudadanía para los extranjeros que sacan la chequera. Una lluvia de capitales se abate sobre el sector inmobiliario. Finalmente, los gobiernos sucesivos apuestan todo al maná turístico. Abren conexiones aéreas de bajo costo y liberalizan los alquileres de corta duración. Los vacacionistas desembarcan por millones, con sus divisas.

La terapia parece dar frutos. Portugal retoma el crecimiento en 2014, su balanza corriente se vuelve excedentaria, su déficit público se reduce año tras año. El antiguo mal estudiante se convierte en modelo. Pero, detrás de los indicadores halagadores, se impone otra realidad. Desde la crisis financiera, el país conoce un éxodo considerable de su población, con un pico de 120.000 partidas en 2013, y todavía 75.000 en 2023, en su mayoría jóvenes graduados. Privados de perspectivas en esta economía de empleos de servicios no calificados, ya no logran alojarse en las grandes ciudades, donde los alquileres se han duplicado en menos de diez años. Cerca de un tercio de los portugueses de 15 a 39 años viven hoy en el extranjero.

Esta emigración ha acelerado el envejecimiento del país, que cuenta ahora con dos adultos mayores por cada joven, con un índice de fecundidad entre los más bajos de Europa. Pero no son los septuagenarios quienes van a fregar platos en los restaurantes, limpiar las habitaciones de los hoteles o recoger frambuesas. Al inicio de los años 2020, se hizo venir entonces a brasileños, angoleños, indios, cingaleses, marroquíes...

En el pequeño juego de las cifras, ciertos estudios muestran también una correlación, aún más estrecha que la primera, entre la emigración (interna como internacional) y la progresión de la extrema derecha². Tanto porque estas partidas privan a ciertos territorios de electores jóvenes y graduados, menos propensos a votar por partidos xenófobos, como porque modifican el comportamiento político de las poblaciones que se quedaron en el lugar, en una región que se hunde en la crisis. Entonces, si Portugal debiera organizar un referéndum sobre las migraciones, ¿cuál sería la pregunta? ¿Quieren devolver la mano de obra extranjera servil y mal pagada, que se ha vuelto indispensable para la economía de un país en declive demográfico? ¿Desean poner fin a las políticas que engendran el éxodo de la juventud transformando el país en lugar de veraneo para jubilados acomodados y nómadas digitales?

Benoît Bréville, director de Le Monde diplomatique (París). Traducción: Redacción de Le Monde diplomatique, edición Cono Sur.