Los inversores involuntarios de la guerra

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“Ver que un misil sale de nuestras fábricas para luego ser entregado a las fuerzas armadas hace que mi trabajo sea sumamente concreto; tengo una parte de la responsabilidad”. Thibaul, un técnico cuyo testimonio se cita en un video promocional del fabricante MBDA, no sabe hasta qué punto tiene razón. Los productos de su empleador fulminaron escuelas, mezquitas y campos de refugiados gazatíes, dejando un saldo de más de 500 muertes, entre ellas unos 100 niños.¹ Esta empresa europea de armamento –con una lista de pedidos repleta, valorada en 44.000 millones de euros (Challenges, 23 de febrero)– moviliza todos sus recursos para presentar sus productos de forma más atractiva: un código ético que “vela por el respeto a las libertades fundamentales y los derechos humanos”; campañas de sensibilización del personal sobre identidad de género, neurodiversidad o menopausia; el lanzamiento de proyectos de reforestación y preservación de las napas freáticas o, más todavía, la adopción de “prácticas de ecodiseño” del material bélico, con el fin de “reducir el impacto ambiental en el origen”.² ¿Un paso hacia las bombas biológicas?

¿Sigue teniendo sentido esta estrategia de gestión del riesgo de la propia reputación cuando los medios de comunicación, los principales partidos gobernantes y el presidente de la República comulgan en la celebración del rearme y la actividad militar?³ Los lectores de L’Express, Le Point y Le Parisien pudieron hojear recientemente catálogos promocionales de máquinas militares francesas; los oyentes de France Culture aprendieron “cómo preparar a los hombres para la guerra” (30 de octubre de 2025); aunque también los suscriptores del diario Le Monde descubrieron en marzo de 2025 una serie de cinco entregas titulada “Los gastos militares, palanca del crecimiento”.

Esta serie concuerda con las directivas de la Revisión Estratégica Nacional 2025, que clama con fuerza por “una economía que se prepare para la guerra”. Para hacer caer sobre el sector una lluvia de “inversiones masivas, tanto públicas como privadas”, la Secretaría General de Defensa y Seguridad Nacional (SGDSN) recomienda que el Estado se asegure de que “las políticas internas de los bancos y las aseguradoras no excedan las exclusiones reglamentarias”. En otras palabras, el objetivo es velar por que “las normas ESG (criterios ambientales, sociales y de gobernanza) no disuadan a los inversores de financiar empresas dentro de la Base Industrial y Tecnológica de Defensa (BISD).⁴

Inversiones “éticas”

El 20 de marzo de 2025, ante un auditorio de inversores y propietarios de empresas reunidos en el Ministerio de Economía y Finanzas, Bercy, el exministro de Defensa Sébastien Lecornu, preocupado por “eliminar los últimos cerrojos culturales y reglamentarios”, recordó con firmeza que el sector militar no representaba una inversión “sucia”. La Comisión Europea, por su parte, decidió que “las finanzas sostenibles en la Unión Europea eran compatibles con la inversión en el sector de defensa”.⁵ Así, ciertas armas nucleares, armas incendiarias y municiones de uranio empobrecido pasaron a considerarse como inversiones “éticas”, junto con los tanques, los cañones, los aviones de combate, los proyectiles y otros programas de vigilancia. Solo las armas prohibidas siguen siendo tabú. Desde la invasión rusa a Ucrania, en febrero de 2022, el número de fondos ESG vinculados con la industria del armamento nuclear aumentó más del 50 por ciento (Bloomberg, 24 de agosto de 2025). Estas inversiones, gestionadas según criterios “ambientales, sociales y de gobernanza”, tienen fama de relacionarse con el desarrollo sostenible...

Un consorcio de periodistas reveló recientemente que se invirtieron 120.000 millones de euros procedentes de fondos “verdes” de bancos como Crédit Agricole, Crédit Mutuel, Banque Populaire y Caisse d'Épargne (BPCE) entre 2021 y 2025 en la industria de las armas –entre ellas, las armas involucradas en el genocidio de Gaza–. La Comisión Europea justificó estas inversiones alegando su contribución a la “sostenibilidad social”. Sin saberlo, pequeños ahorristas europeos contribuyeron potencialmente a incrementar el valor de las acciones de Elbit Systems, el mayor fabricante de armas de Israel e implicado en la destrucción de tierras agrícolas en Gaza, a través de fondos ESG destinados a la “transición climática”.⁶

Esta canalización de la inversión privada hacia el complejo militar-industrial forma parte de una estrategia de apoyo institucional más amplia. Hacer que el contribuyente europeo haga aportes –800.000 millones de euros a través del plan ReArm Europe– y que también lo haga el contribuyente francés –708.000 millones de euros acumulados a través de las dos últimas leyes de programación militar– se complementa con la movilización del principal inversor europeo, Bpifrance. De propiedad estatal, el “banco para emprendedores” lanzó en octubre de 2025 una campaña de búsqueda de fondos entre particulares, en colaboración con el grupo BPCE. A través de sus planes de ahorro para la jubilación o de seguros de vida, ahora los franceses pueden apostar de forma directa por las empresas de armamento. Estas inversiones, particularmente arriesgadas y sin garantías de rentabilidad, se suman a los 1.000 millones de euros que Bpifrance inyecta cada año desde 2021 en las “empresas emergentes” del sector.⁷ Tres mecanismos coronan el conjunto: un “fondo de innovación en defensa” alimentado por la Dirección General de Armamentos (DGA), la compañía de seguros alemana Allianz y MBDA de aproximadamente 400 millones de euros para adquirir participaciones en empresas prometedoras; un “acelerador de defensa” para acompañarlas en sus decisiones estratégicas, y un ventajoso “préstamo DEF’FI” para cubrir sus necesidades de liquidez. El banco público de inversión incluso se jacta de una “operación puerta a puerta” dirigida a cientos de empresas para anoticiarlas acerca de este maná financiero puesto a su disposición.

Una vez creadas y consolidadas, las pequeñas y medianas empresas (pymes) estarán maduras para caer en las redes tendidas por unos pocos grandes grupos militares. Un ejemplo de esta mecánica económica bien aceitada: en enero, Dassault Aviation anunciaba una inversión de 200 millones de euros en el vendedor de drones autónomos Harmattan AI, cuyo joven fundador compara sus productos con “ejércitos robóticos napoleónicos” (Le Grand Continent, 15 de febrero). La valoración de esta empresa, fundada en 2024, supera ya los 1.000 millones de euros.

Sector en crecimiento

Si los inversores institucionales hace largo tiempo que integraron las acciones de las empresas de armamento en sus carteras de activos, “la novedad reside en la voracidad por el sector armamentístico de los fondos privados calificados como de financiación alternativa”, que se mueven “al revés de los discursos según los cuales a los mercados no les gusta la guerra”, explica Claude Serfati, economista y especialista en la industria del armamento. En un contexto de intensificación de las guerras y las tensiones geopolíticas, apostar por empresas fuertemente subvencionadas y sostenidas por encargos plurianuales del Estado representa una buena estrategia, ya que “pocos sectores industriales se benefician de tasas de crecimiento de la facturación comparables con las tasas de la industria armamentística”, agrega el investigador. En 2025, las empresas de tecnología de defensa vieron que las inversiones provenientes del capital de riesgo –en gran medida dominado por los actores estadounidenses– aumentaron un 132 por ciento en Europa, lo que constituye el mayor crecimiento considerando todos los sectores juntos.⁸

Otras filiales industriales reclaman también su porción de la torta. Según un estudio publicado en octubre de 2025 por Bpifrance titulado “¿A las armas, dirigentes?”, una de cada dos empresas no vinculadas con el sector militar desearía “desarrollarse dentro de él, ya sea como una oportunidad de desarrollo [...] o por necesidad”. Ejemplos recientes como el de Renault, el fabricante de automóviles en dificultades que lanzó un proyecto de producción de drones militares, y Mistral IA, una startup de inteligencia artificial en pleno auge que se asoció con el Ministerio de las Fuerzas Armadas, ilustran esta tendencia.

Como recuerda Claude Serfati, los gastos públicos en educación, transporte y comunicaciones representan inversiones mucho más fructíferas, en términos económicos y sociales, que el gasto destinado a armamento: “Las empresas no utilizan los cazas Rafale para producir otra cosa, del mismo modo que los hogares no consumen misiles”. Además, financiar la salud o la vivienda genera más empleos indirectos que los sectores con predominio militar, gracias en particular a los vínculos que establecen con otras ramas de la economía. Por ejemplo, las actividades con finalidad social crean tres veces más empleos que los sectores de producción militar.⁹

Pero ¿es siquiera concebible considerar la economía de guerra como una industria común y corriente? A las millones de muertes originadas por los conflictos armados desde la Segunda Guerra Mundial se agregan los desastres ecológicos que estos mismos conflictos suponen. Excluyendo el impacto de los combates, se estima que el complejo militar-industrial por sí solo representa el 5,5 por ciento de las emisiones globales de gases de efecto invernadero;¹⁰ alcanzar el umbral del 3,5 por ciento del producto interno bruto para el gasto militar establecido por la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) equivaldría a emitir 2.330 millones de toneladas de un CO2 equivalente para 2030; o sea, un consumo anual cercano al de Brasil y Japón juntos.¹¹ Responsable del Observatorio Francés de Armamento, Tony Fortin compara la desregulación del mercado militar con “un liberalismo opaco y autoritario, donde los industriales hacen lo que quieren”. De hecho, el “secreto de defensa” impide que el Tribunal de Cuentas acceda a ciertos datos para verificar el uso de los recursos públicos, mientras que el Estado invita a las empresas militares a “recurrir a la ley del 26 de julio de 1968, llamada de bloqueo, para contrarrestar los pedidos de información, o incluso las auditorías intrusivas”.¹²

Para recuperar el control, Fortin aboga por un nivel de transparencia estatal en materia de exportaciones más fuerte. “Países Bajos tiene que hacer públicas las licencias de exportación concedidas a empresas militares en un lapso de dos semanas”, afirma, al igual que Alemania, donde el Parlamento supervisa todas las licitaciones que superen los 25 millones de euros. En Francia, la comisión parlamentaria creada en 2023 para controlar las exportaciones es, en su opinión, “una cáscara vacía que empezará a ejercer plenamente su rol solo si el debate se amplía dentro la sociedad civil”. El Observatorio creó una red de vigilancia para las empresas de armamento y formó a ciudadanos para investigar sus actividades. La coalición de organizaciones militantes Guerra contra la Guerra, creada en 2025, también intenta movilizar a la sociedad civil mediante acciones y manifestaciones: 4.000 personas se congregaron en el Salón Aeronáutico de Bourget para oponerse a los “mercaderes de la muerte”. Las recientes movilizaciones de estibadores en Génova –respaldadas por un cortejo de 50.000 personas en la ciudad–, así como en Marsella, Tánger y también de sus compañeros en Suecia y Bélgica,¹³ para bloquear los envíos de material militar destinado a Israel, traducen el deseo de una parte de la sociedad civil de gravitar sobre los conflictos. La perspectiva de una producción militar por parte de Renault también está generando movimientos entre los trabajadores. Porque el “gran rearme” que la Unión Europea propone como vía de salvación es, ante todo, lo siguiente: una industria consumidora de fondos públicos cuyas ganancias se ven amenazadas por la paz.

Thomas Jusquiame, periodista. Traducción: Merlina Massip.