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La autoridad en cuestión: ¿“burocracia del castigo” o práctica de la convivencia?

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Sobre La burocracia del castigo. El conflicto y sus respuestas en la enseñanza media en Uruguay, de Nilia Viscardi, Verónica Habiaga y Leonel Rivero.

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La burocracia del castigo. El conflicto y sus respuestas en la enseñanza media en Uruguay es un libro necesario. Es necesario porque cambia las coordenadas para interpretar lo que significa aprender en la enseñanza media; aprender, para los autores, no puede separarse de aprender a relacionarse con los otros. Y sobre todo, porque esto ocurre en un contexto en el cual se habla de una gran transformación educativa donde se dice que el centro pasaría convertirse en el estudiante, pero que sin embargo, no hay ninguna propuesta que piense de que modo se incluye a los estudiantes (y a los docentes) como actores centrales de la trama de convivencia en un centro educativo. Más bien, si nos atenemos al espíritu de la ley de urgente consideración (LUC), la señal parecería ser la contraria. Y el conflicto por el salón gremial con las autoridades de Secundaria en el IAVA refuerza esta tendencia que interpreta al ejercicio de autoridad como opuesto a la posibilidad de buscar caminos de negociación con los estudiantes.

Lo mismo ocurre con el acento puesto en las cuestiones curriculares, que supuestamente explican el desinterés y, por tanto, la desafiliación educativa. Nuevamente parece clausurarse la posibilidad de pensar a los estudiantes como actores con derecho a expresar su punto de vista sobre lo que ocurre en las instituciones educativas. Durante su pasaje por la escolaridad obligatoria, los estudiantes deben interactuar con el conocimiento, aprender un conjunto de saberes, pero también es un espacio donde aprenden a convivir con los otros. El libro vuelve a situar la importancia de la convivencia como un aprendizaje fundamental para formar ciudadanos: aprender a participar como ciudadano supone aprender a convivir con otros. El libro es necesario, entonces, porque insiste en plantear otras claves de lectura sobre lo que ocurre en los liceos y centros de UTU que invitan a pensar a los actores como protagonistas de lo que allí ocurre.

Pero también es necesario por otras razones: porque logra pensar los avatares de la política educativa, las dificultades de la consolidación de líneas de política a largo plazo capaces de trascender los humores de quienes las tienen que aprobar, ofreciendo un muy interesante relato de las marchas y contramarchas de los actores de las políticas que nos obligan a reflexionar acerca de cómo concebir una política que garantice derechos más allá de la enunciación. Es necesario porque nos plantea las dificultades de articular una política interinstitucional que permita colaborar en la construcción de los centros educativos como espacios donde la convivencia se transforme en una dimensión central de la formación de la ciudadanía, que se articule y no compite con la formación disciplinar de los profesores o la importancia de los contenidos de las asignaturas que también contribuyen a garantizar derechos. También es necesario porque nos interpela como universitarios en la forma de pensar y realizar la investigación cuando intervenimos en instituciones educativas de educación media.

Este libro interviene en un coyuntura que interpela los modos de pensar y hacer la política educativa y recupera una mirada desde los actores que tampoco es complaciente.

La investigación como una forma de intervenir

Me gustaría presentar este libro como una intervención en la coyuntura que interpela modos de hacer y pensar en el presente, pero que al mismo tiempo marca un hito y permite proyectar otro futuro de la educación media.

Aunque algunos capítulos, como “Nacimiento y muerte de un programa de acción”, son más explícitos sobre el punto, una lectura trasversal del libro permite comprender el proceso de acumulación política y conceptual que condujo a la sanción de la Ley General de Educación de 2008, en el que la lógica del derecho a la educación alcanzó la máxima expresión desde la transición democrática en adelante. Y este no es un asunto menor, porque la impugnación de esta ley por la falta de acuerdo respecto de las formas de representación de los docentes en el gobierno de la educación no permite ver la significación que tiene esta ley en términos de ubicar al niño y al adolescente como el titular del derecho a la educación -y no a las familias-. Este fue un cambio histórico que la LUC intentó revertir, volviendo a instalar nuevamente el derecho de los padres de familia como depositarios del derecho a la educación.

Por supuesto que este logro alcanzado en la ley no es suficiente para revertir dinámicas de larga duración. Esto se puede ver por la aprobación de la LUC, que va en el sentido contrario, y también como lo muestra el libro, porque estas tendencias atraviesan la dinámica de los centros educativos. Con gran acierto esto queda en evidencia tanto en las tecnologías que se mantienen en uso como en la propia normativa1.

Los autores del libro plantean una hipótesis sobre lo que ocurre en relación a la convivencia en los centros educativos, planteando la existencia de dos tendencias que estarían presentes: una tendencia movilizadora y una tendencia defensiva. Este es uno de los aciertos más importantes del libro: instalar otro vocabulario para pensar que ocurre con los adolescentes en las instituciones de enseñanza media, tratando de superar una perspectiva punitivista. En suma, lo que queda en evidencia en el transcurso del libro es que el punitivismo entra en contradicción con una manera de pensar el conflicto en las instituciones educativas que permita abordarlos desde una perspectiva pedagógica. Para los autores del libro, no es posible pensar la vida social sin conflictos y lo central estriba no en negar su existencia, lo cual traería muy probablemente aparejada niveles incrementales para que pueda canalizarse la energía contenida, sino en asumirlo como parte del aprendizaje de los estudiantes y que se reconozca su voz como parte fundamental en su resolución.

En el capítulo que habla del caso de Juan Corrales, por ejemplo, se observa a dónde se llega cuando prima la vertiente defensiva sobre la vertiente movilizadora. Además de vulnerarse el derecho de Juan, porque termina siendo expulsado de la educación media, se fortalece una lectura donde al verse al conflicto como algo ajeno, se produce una suerte de asociación entre la amenaza y el sujeto al que se identifica con la amenaza. Rápidamente, se lo coloca como parte de ese “exterior” amenazador que termina justificando la expulsión del adolescente. Por eso el libro no es solo una investigación, ni tampoco una sistematización de la experiencia de la implementación de un programa a escala nacional, sino estas cosas y, además, una forma de intervenir en una clave diferente para interpretar la expansión de la violencia en los centros educativos y, además, en una clave de garantizar derechos y formar ciudadanos.

Un cambio de perspectiva conceptual

Los autores definen este cambio de perspectiva como parte de un giro conceptual, que también viene acompañado por otro cambio en la manera de hacer ciencia. A partir de este cambio en la manera de entender la convivencia en los centros educativos se ve cómo se va delineando una perspectiva crítica del punitivismo social, que cala muy profundamente en las formas que tenemos de abordar los conflictos a nivel cotidiano. Se trata de un enfoque que a veces cuestionamos a nivel discursivo, pero que, sin embargo, subsiste en las respuestas que ofrecemos para abordar la irrupción de aquello que no cuadra dentro de lo esperado. El trabajo que analiza el “cuaderno de conducta” como tecnología muestra esto de una manera magistral. Se trata de una pieza secundaria, de un actor de reparto en la escena pedagógica, pero que cuando se pone en funcionamiento refleja al castigo casi como la única respuesta a la transgresión de la norma.

Se trata de un cuaderno de conducta que lleva registro de las faltas disciplinarias que cometen los estudiantes, en masculino. No es ni un cuaderno de acompañamiento, ni tampoco un cuaderno en el cual los otros actores educativos, estudiantes y familias puedan manifestar discrepancias con la conducta de profesores o autoridades. La conducta a ser observada es la de los estudiantes y para esto se lleva un registro. El cuaderno de conducta reproduce la lógica punitiva, ya que ahí se establecen las infracciones y se determinan los castigos. De ahí que el libro lleve por título la burocracia del castigo: hay un conjunto de tecnologías materiales que traducen en acto un modo de entender lo que los autores llaman las “incivilidades”.

Esta denominación no es neutra, como tampoco lo es violencia escolar. Y este giro conceptual que trae aparejado un giro metodológico, intenta producir una suerte de desplazamiento de la violencia a la incivilidad, del castigo al diálogo, de la expulsión al reconocimiento de derecho, de la disciplina a la convivencia. Hay un aparato de categorías que es puesto a funcionar por los autores para reinterpretar esa economía política de la convivencia, donde se pretende superar una concepción no solo de los conflictos en los centros educativos sino de la educación como proyecto político de formación de ciudadanos.

Es en este punto donde el libro alcanza su interpelación a los modos de hacer escuela en su sentido amplio y se vuelve una lectura imprescindible para repensar los escenarios educativos de los adolescentes. Ya no es posible pensar el adentro y el afuera de la clase o de la institución en términos excluyentes, sino que el desafío es lograr articular el afuera y el adentro en una nueva economía política que haga posible incorporar la formación ciudadana, no como una materia de un currículum más amplio donde se enseña geografía, matemática o computación, sino como un modo de ubicar al adolescente como un actor en el proceso de su formación. En ese sentido, debe reconocer la centralidad de los procesos de transmisión intergeneracional para hacer posible la continuidad de la cultura, pero al mismo tiempo permitir procesos de subjetivación en los que cada uno pueda encontrar su lugar como parte de esa misma institución.

Finalmente, pero no por eso menos importante, el trabajo aboga y también es un fiel testimonio acerca de otra manera de hacer ciencia que interpela las maneras en que la investigación se ha desarrollado en el campo de la educación, donde el desencuentro es la forma habitual del relación.

Al tiempo que presenta un vocabulario para entender cómo intervenir en los centros educativos de forma de potenciar una variante movilizadora que promueva cambios que afirmen derechos, el libro también ofrece una perspectiva para plantear cómo se produce una nueva división del trabajo entre docentes e investigadores que permita potenciar el desarrollo de una nueva política de la convivencia en el centro educativo... y en la universidad.

La burocracia del castigo. El conflicto y sus respuestas en la enseñanza media en Uruguay. Nilia Viscardi, Verónica Habiaga y Leonel Rivero. Sujetos Editores, 2023.


  1. Esto que también puso en evidencia Reyna Torres, exsecretaria general del Consejo de Educación Secundaria, en su tesis de maestría: “La obligatoriedad del ciclo medio secundario desde una perspectiva normativa. Uruguay 1966 – 2016”. Allí da cuenta la contradicción entre el espíritu de la Ley General de Educación y un conjunto de circulares y normativas del subsistema aprobadas en el período posterior a la aprobación de la ley. Disponible en: http://repositorio.cfe.edu.uy/handle/123456789/1045

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