En 2010, durante el segundo período de gobierno del exintendente frenteamplista Óscar de los Santos, la Intendencia Departamental de Maldonado (IDM) llegó a un acuerdo tripartito con vecinos del fraccionamiento La Capuera y con la empresa Chía SA, que se presentó como propietaria de los terrenos y que, en ese momento, estaba presionando a los vecinos para que compraran los terrenos o, de lo contrario, que se retiraran.
El acuerdo establecía que la IDM recibía de Chía SA 211 solares próximos a la Laguna del Sauce –categorizados como “inundables”– como forma de pago por la deuda por contribución inmobiliaria que la empresa había contraído y, a su vez, a través de un convenio la empresa se comprometía a pagar el saldo restante de la deuda en 60 cuotas.
Además, se pactó que Chía SA vendiera los terrenos a los vecinos “asentados” a cuotas “muy bajas y con un dólar techado”, según describió el economista Mauro Mendiburu, subdirector de Hacienda de la IDM en el gobierno de De los Santos, durante su comparecencia ante el Juzgado Letrado de 10° Turno de Maldonado el 6 de noviembre de 2020.
Mendiburu alegó que la IDM buscaba, por un lado, regularizar la situación de vivienda en La Capuera y, por otro, hacerse de las tierras linderas a la Laguna del Sauce para así impedir que la contaminación de la principal fuente de agua potable del departamento continuara aumentando debido a la cercanía de las viviendas.
“La empresa le entregaba a la intendencia una serie de padrones costeros que lindan con la laguna y le permitía a la comuna hacer muchas de las cosas que vemos hoy en día: plazas, escuelas y otras instalaciones públicas que antes no se podían instalar”, contó el economista frente al juez Ruben Etcheverry. También dijo que otra de las razones era la necesidad de hacer obras de saneamiento, que finalmente se concretaron en 2020.
Cuando las partes cerraron el acuerdo lo enviaron a la Junta Departamental de Maldonado (JDM) para que lo estudiara. Se formó una comisión especial con integrantes de las comisiones de Ambiente, Vivienda y Presupuesto y el 1° de marzo de 2011 la JDM resolvió aceptar la exoneración de la tasa de regularización de las construcciones en el fraccionamiento La Capuera y el convenio de pago por el saldo de deuda de contribución inmobiliaria de la empresa Chía SA, ambos propuestos por la IDM.
“Se configuró una deuda por parte del propietario en la que se garantizó que, en caso de que no pagase la deuda, las cuotas que los exasentados –ahora propietarios– volcaran a la empresa primero iban a cancelar la deuda impaga de la empresa Chía SA. Una vez completada (saldada la deuda), [el dinero] volvería a las arcas de la empresa”, defendió Mendiburu.
La denuncia
En 2015, cuando Antía asumió como intendente de Maldonado, fue informado por distintos jerarcas sobre “hallazgos” que indicarían “inconsistencias” de la administración anterior. Esto lo llevó a solicitar una auditoría “integral” a la empresa de auditores externos Phoenix, quienes señalaron eventuales actos “ilícitos” por parte de la gestión de De los Santos, vinculados a la falta de registros contables de las actuaciones de la IDM y a la cancelación de adeudos de contribución que tenía Chía SA por otros solares, según se desprende de la denuncia a la que accedió la diaria.
La auditoría de Phoenix apunta a que Mendiburu habría autorizado a dar de baja la deuda de Chía SA dejando al día sus obligaciones y también a que habría otorgado beneficios tributarios consagrados en regímenes especiales cuyo plazo de aplicación había vencido, algo que los abogados calificaron como “irregular”. Por otra parte, indican que se emitieron Certificados Únicos Departamentales “falsos”, que declararon libre de deudas y habilitaron la venta de padrones, a pesar de que sí las mantenían.
“De esta forma se llevó a error a escribanos que autorizaban escrituras con documentos públicos a la vista que tomaron como válidos pese a su falsedad, así como a compradores de buena fe que compraban bienes libres de deudas cuando no lo estaban”, describió el abogado Enrique Moller Méndez en representación de la administración del intendente Antía en la denuncia que presentó ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal Especializado en Crimen Organizado de 2° Turno.
Los posibles delitos que sugirió Moller Méndez a partir de la auditoría de Phoenix son: fraude por expropiación ilegal y falta de registro de las operaciones, abuso de funciones, certificación falsa por un funcionario público y –en caso de probarse la connivencia entre la empresa que ofreció los terrenos intermediarios y funcionarios públicos– podrían configurarse delitos de cohecho calificado, conjunción del interés público y privado, utilización indebida de información privilegiada y lavado de activos.
Según el expediente 2-19480/2016, ingresado el 18 de mayo de 2016 a la Fiscalía Penal especializada en Crimen Organizado de 2º Turno, el abogado planteó que existieron “gravísimas irregularidades desde el punto de vista administrativo”, de una “gran apariencia delictiva”.
La Fiscalía trasladó la denuncia presentada por Moller, referida a “la existencia de convenios manuales por fuera del sistema informático”, a la sede en material penal de Maldonado, ya que los hechos denunciados ocurrieron en ese departamento.
Al respecto, durante su alegato Mendiburu señaló que hasta 2013 las intendencias departamentales no podían llevar la contabilidad presupuestal en el sistema contable utilizado, el software AS400, creado por la empresa de tecnología IBM. De esta manera, los inmuebles no eran contabilizados patrimonialmente y, por esa razón, la IDM optó por hacer convenios manuales, adujo.
“Ese programa no permitía hacer convenios fuera de la normativa habitual. Por ejemplo, si alguien quería convenir una multa había que hacerle un convenio manual porque el sistema no lo permitía”, ilustró. En cambio, la IDM acordó con la JDM llevar un doble control del pago de los convenios que se hicieron tras el acuerdo: el habitual llevado por la División de Tributos y también un seguimiento especial que haría la Dirección General de Hacienda. A su vez los convenios quedarían registrados cuando se daba ingreso a caja de los pagos, agregó.
“La alternativa hubiese sido la ejecución por deudas. Esto es impráctico. Enviar cientos de padrones a ser ejecutados bloquea completamente al Poder Judicial. Además, implica una enorme cantidad de gastos, trámites engorrosos, publicación de edictos y, si luego de varios años se fuera a rematar, el nuevo propietario probablemente no sea el asentado, entonces volvemos a reeditar el mismo problema inicial”, consideró.
El acuerdo contó con el “visto bueno” de las divisiones de Asesoría Jurídica y Asesoría Notarial pertenecientes a la Dirección General de Asuntos Legales de la IDM y del asesor letrado de la JDM Miguel Loinaz, aseguró Mendiburu.
Sin embargo, los abogados de Phoenix señalaron que la información proporcionada por la administración de De los Santos no era confiable, que había omisiones en el sistema informático, falta de transparencia e irregularidades que “configuran indicios de engaño económico con la intención de conseguir un beneficio y con el cual la IDM queda perjudicada”.
Tercera causa archivada
Este lunes, el Secretariado Nacional de Alianza Progresista 738 del Frente Amplio destacó en un comunicado que se trata de la tercera causa judicial efectuada por la administración de Antía contra la de De los Santos, que es archivada por la Justicia. El sector acusó al actual intendente, al que tildaron de “cobarde”, de efectuar un “intento de enchastre”.
“Para este gran circo mediático la administración Antía contrató a una empresa ‘amiga’ para realizar una auditoría cuyas conclusiones ya las sabían antes de empezar el trabajo. Asimismo, contrató abogados particulares que cobraron abultados honorarios pagados durante varios años con dinero de la IDM con el único objetivo de desacreditar al compañero Óscar de los Santos y al Frente Amplio”, acusó el sector al que pertenece el exintendente frenteamplista.