Audiencia pública dejó “nuevos insumos” para la decisión final sobre el complejo residencial Punta Ballena

Editar

-¡Qué opinas de esto?

-Opino que se va a hacer igual.

-Está bien, pero ¿qué te parece la audiencia?

-No me gustaría, pero el proyecto se va a hacer igual. Porque la plata manda.

-Eso está por verse.

La pesimista servía café y galletitas en el acceso a la sala panorámica del Club del Lago, donde se realizó la audiencia pública del Complejo Residencial Punta Ballena, en la noche de este lunes 29. La del tono desafiante integraba el público de más de 300 activistas que colmaron el lugar, entre organizaciones sociales y estudiantiles, docentes e investigadores universitarios y vecinos independientes de diferentes puntos del departamento de Maldonado. El diálogo entre ambas resumió el ambiente de la instancia de más de cinco horas, que tuvo como previa una concentración de vehículos en Piedras del Chileno, en la Parada 40 de la Playa Mansa de Punta del Este, que partió en caravana hacia el hotel a las 17.30 horas.

Los integrantes de los movimientos No al Proyecto Punta Ballena y Somos Punta Ballena llegaron munidos de pancartas, alguna bandera uruguaya, y cantidad de carteles A 4 con diversas consignas -“Cuidemos lo hermosos”, “Área natural protegida”, “Somos Punta Ballena”-, que levantaron cuando rechazaban el planteo de los consultores sobre los impactos del proyecto de construir 29 bloques con 320 apartamentos a ambos lados de la península rocosa de Punta Ballena.

Los movimientos no estuvieron solos. En el público destacaron delegados de otras organizaciones en conflicto ambiental, como los de Ocean Park preocupados por el barrio que promueve el multimillonario Alexandre Grendene; los de La Juanita, que se oponen al hotel de campo autorizado al argentino Diego Filkenstein, y los de Punta Colorada, que siguen luchando contra la demolición de las casas de techos rojos del balneario anunciada por la intendencia.

También hubo algunos actores políticos departamentales como el alcalde de Maldonado, Andrés Rapetti, el presidente de la Junta Departamental, Alexandro Infante, y Darío Pérez, del Partido Nacional; la presidenta del Frente Amplio, Silvana Amoroso, estuvo, igual que el diputado Eduardo Antonini y varios ediles de esa fuerza política. Desde lejos, el diputado cabildante Sebastián Cal observó la instancia por un rato. Ninguno de los miembros del grupo inversor que lidera el bancario argentino Delfín Ezequiel Carballo estuvieron presentes en la audiencia. Otro gran ausente fue el intendente de Maldonado, Enrique Antía, hecho que no dejaron pasar varios activistas en sus exposiciones.

Al frente, en la mesa principal, se ubicaron la gerenta de área de la Dirección Nacional de Medio Ambiente Rosario Lucas, el director de la División de Evaluación de Impacto Ambiental y Licencias Ambientales, Luis Anastasía, y el director nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, Eduardo Andrés. El ministro de Ambiente, Robert Bouvier, cumplió con su adelanto de que participaría “como público” y se sentó en la primera fila junto al arquitecto Julio Plottier y al ingeniero Carlos De María, delegados de la consultora privada que realizó el estudio de impacto ambiental (EIA) presentado por los desarrollistas presentaron al MA.

La cantidad de organizaciones, expertos y vecinos independientes interesados en manifestar su postura contraria al Complejo Residencial fue tal, que el MA resolvió instrumentar una atípica dinámica para el caso. Primero hablaron los consultores y luego hubo un espacio para plantear preguntas por escrito. Después, hubo rondas alternadas de exposiciones orales de diez minutos para quienes tuvieran presentaciones gráficas, y de tres minutos para quienes hablaran sin ese respaldo. Todos contrarreloj, porque la audiencia iniciada a las 18.30 horas debió finalizar a la medianoche.

Enojo y satisfacción

Al cabo de la instancia, voceros de las agrupaciones manifestaron a la diaria su “satisfacción” por la “contundencia” de las exposiciones contrarias al proyecto. A su juicio, aportaron “nuevos insumos” para demostrar a las autoridades ministeriales que “el proyecto es inviable”. También manifestaron su “enojo” y “malestar” por los planteos de los consultores, que consideraron “parciales” y “superficiales”.

“La exposición ciudadana fue impresionante. En cuanto al grupo inversor, me da vergüenza ajena. Uno no bancó la estacada y se fue apenas hizo su presentación y el otro se quedó muy nervioso. En cuanto al MA, no sé si para ellos es una instancia más. Creo que aportamos muchos insumos nuevos para la decisión final”, declaró a este medio la representante de la Red Unión de la Costa, Sandra Corbo, en una evaluación primaria de la instancia.

Para la doctora Isabel Gadino, investigadora del Grupo de Estudios Territoriales del CURE, los dos técnicos que defendieron el proyecto ofrecieron un panorama “muy limitado” y carecían de conocimientos para contestar cuestionamientos sobre otras áreas técnicas del trabajo. También observó que “se presentaron como la solución -que es lo que hacen casi todos- y pretendieron quitarse de encima la responsabilidad de contestar, sugiriendo que ellos no podían detallar todo el informe y que las personas de la audiencia debían leerlo”.

El periodista ambiental Víctor Bacchetta consideró que los consultores “solo hablaron de buenas intenciones”. Un estudio de impacto ambiental “implica enumeraciones cualitativas, deben ser acciones y medidas cuantitativas, midiendo sus posibles consecuencias y cómo se van a tratar. Eso no es lo que vimos acá”, consideró.

Nicolás Chacón, otro de los voceros de la Red Unión de la Costa, enfatizó que tanto la puesta de manifiesto como la audiencia pública demuestran que “el MA tiene la fuerza de la gente para poner por delante el interés público sobre el privado”. En su opinión, la calidad de los informes presentados por la academia y los vecinos, oficiaron como herramientas para que “el MA se anime a decir no a estos proyectos; sabe que detrás tiene al pueblo”.

La versión de los consultores

El arquitecto Julio Plottier y el ingeniero Carlos De María expusieron bajo intermitentes abucheos, risas sarcásticas y gritos de reprobación. El primero enfatizó que la altura de las construcciones permitirá mantener la visual desde la ruta. Además, aseguró que “se preserva en su totalidad el frente rocoso” y que eso “es muy importante desde el punto de vista de la salvaguarda del valor geológico de la flora. Las rocas y la costa marina no se tocan”.

“¡Mentime que me gusta!”, gritó una señora. Nervioso, Plottier continuó. En un momento afirmó que “todo lo que es flora se viene afectando por la invasión de especies foráneas y por los usos que se da a la superficie”, y presentó al proyecto como un salvador del desgaste que ya ocurre. “¡No tenés vergüenza!”, se escuchó entre el público. “¿Podés dormir tranquilo?”, lanzó otra persona. Plottier siguió, incómodo.

“Todas las premisas del diseño apuntan al respeto a las condiciones a naturales. El proyecto toma en cuenta, valora y respeta todas las circunstancias que se dan en Punta Ballena. Después se verá cómo avanza, pero el respeto está desde el vamos”, añadió el arquitecto. “¡La gente común no los quiere, no los queremos!”, escuchó esta vez. Poco después de su exposición, Plottier se retiró de la sala.

Le siguió el ingeniero De María, quien en primer lugar ofreció un resumen histórico de los trámites realizados. Después destacó 9.7 hectáreas de la península rocosa se destinarán al desarrollo privado y que 6.5 hectáreas serán de dominio público. “Quedarán como área verde, con roca desnuda, que no será tocada”, remarcó. El ambiente se caldeó más todavía cuando confirmó que se extraerán 77.000 metros cúbicos de material rocoso.

“Eso se hará con medios neumáticos, solo en caso necesario podría haber voladuras”, dijo, aunque poco después reconoció que “no está definido” a dónde se depositará el material a extraer. “¡No cambia lo que ocurre con cualquier otra obra! No sé por qué se asustan”, agregó en medio de abucheos generalizados. “Se realizan obras más complejas y se han usado explosivos con viviendas cercanas. Se controlan las cargas y se estudia que estén acordes a las características de las viviendas que haya. En un plan de gestión ambiental de construcción, todas estas medidas tienen protocolos”, intentó tranquilizar.

Luego prometió un plan de gestión de construcción en función de estudios académicos y mencionó que existen “trabajos muy alentadores” con expertos universitarios respecto a la forma de trasplantar o extraer las especies de flora en riesgo. Otra vez, abucheos. “Es muy celosa la administración poniendo requisitos y condiciones de aprobación, doy por sentado que será así”, se cubrió el ingeniero.

Otro punto que el público rechazó a viva voz resultó la afirmación de que el acceso a la costa será libre y que se podrá hacer actividades deportivas sin problemas. “¿Y cómo vamos a bajar? ¿Nos van a poner guardias para prohibirnos el paso? ¿Van a cercar?”. Llovieron preguntas de quienes saben lo que habitualmente pasa en Maldonado cuando se habilitan construcciones sobre la costa. “Los edificios están arriba, no están en la roca. Es una zona privada, pero por ciertos puntos se podrá acceder a la orilla”, matizó De María. “Nos toman por pelotudos”, retrucó alguien del público. “¿Cuánto te pagaron?”, vociferó alguien más.

De María continuó diciendo que “se identificaron 33 impactos potenciales” y se aprestó a analizar algunos y esbozar planes de mitigación. Sobre todo, en cuanto a la gestión geológica, aunque sus dichos serían refutados por varios expertos. Lo mismo ocurrió cuando admitió que “no hay un plan de gestión ecológica”, cuando sostuvo que “el proyecto no puede arrancar si no está resuelto el saneamiento”, y cuando se adentró en los resultados del estudio social, harto cuestionado por los opositores durante la puesta de manifiesto del proyecto.

Después de explicar los ajustes que debió hacer la consultora a pedido de la Dinacea (reconoció que la autoridad ambiental llegó a solicitar las grabaciones de las entrevistas, bajo la sospecha de que el informe no reflejaba lo que dijeron los entrevistados), De María dijo que el nuevo informe “está en evaluación de la autoridad ambiental”.

Rosario Lucas intervino cuando ya los vecinos parecían cansados de escuchar una versión en la que no creían. La jerarca de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), que tomó nota de cada exposición, dijo que la participación pública en el marco del proyecto “está garantizada” y sugirió a los ciudadanos que, en todo caso, consulten el expediente disponible en la web ministerial. Aseguró que los impactos serán abordados de manera integral y que, como el desarrollo fue clasificado como “C”, “será evaluado completamente”.

Por otra parte, reconoció que, hasta la puesta de manifiesto, la cartera no había evaluado algunos aspectos como “significativos”. Como el arqueológico, para el cual el movimiento social aportó insumos técnicos que motivaron una consulta de la cartera a la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación. “La Comisión se expidió y dijo que era conveniente hacer un estudio sobre la parte arqueológica”, dijo Lucas, dando a entender que en eso están. Lucas reconoció, asimismo, que no se había considerado el impacto sobre el turismo y que, cuando lo advirtió, el MA entendió que el análisis excedía sus “capacidades técnicas”. “Transmitimos la consulta al Ministerio de Turismo, que todavía no respondió”, dijo.

Ronda de expertos, académicos y vecinos

Víctor Bacchetta abrió las exposiciones en contra del proyecto y defendió una postura que enfatizarían más adelante el abogado del CURE José Luis Sciandro, el arquitecto Pablo Ligrone, el edil frenteamplista Joaquín Garlo como integrante de una de las agrupaciones, y el directivo de la Unión Vecinal de Punta Ballena, Fernando Niggemeyer: todos argumentaron que el proyecto no cumple con la Ley de Ordenamiento Territorial, por lo cual “ni siquiera” se debería haber llegado a la etapa de audiencia pública.

Representante de una tercera generación de vecinos de Punta Ballena y con vasta experiencia internacional en materia de movimiento de suelos, el ingeniero civil Federico Steffenino hizo notar que para quitar 77.000 metros cúbicos de material se necesitarán “12.000 viajes de camión”. “Si caminar genera un impacto sobre la vegetación, imaginen lo que será un bosque de retroexcavadoras”, comentó, bajo aplausos. Luego manifestó su preocupación por el derrame de rocas hacia el sistema subactuático, tema que no aparece entre los impactos. Además de reclamar estudios sobre este punto, presentó un mapa geotécnico para identificar la interferencia de las construcciones que se proyectan, relacionada con la extracción de materiales rocosos.

“¿Dónde se van a disponer los 77.000 metros cúbicos de material? ¿Por qué no se ha consultado a la Dirección Nacional de Minería y Geología como autoridad minera?”, reclamó. Antes de mencionar que apoya la declaratoria de Punta Ballena como área natural protegida, en lineamientos similares la declaratoria otorgada a las Grutas del Palacio, en Flores, el experto advirtió que las cuevas de la punta rocosa estarán afectadas. “Están subexploradas y frágiles y no se han estudiado para el caso”, enfatizó.

Patricia Mai, investigadora del CURE, expuso sobre el impacto en la flora y vegetación de Punta Ballena, y los resultados de un trabajo realizado por 20 investigadores universitarios respecto a las consecuencias del proyecto en el hostpot de diversidad en la punta rocosa. Entre otros puntos, mencionó que el estudio de la consultora privada solo contempló 10 especies de las 427 identificadas en la zona.

También intervino Javier García Alonso, profesor agregado del departamento de Ecología y Gestión Ambiental del CURE, especializado en biología reproductiva y efecto de los contaminantes. “No se habla del impacto en la fauna marina, no se menciona, cuando todo está rodeado de agua”, advirtió. Luego mencionó investigaciones sobre cómo la contaminación lumínica afecta a las hormonas de los organismos marinos, y estudios genéticos de la Facultad de Ciencias que permitieron identificar nuevas especies de invertebrados que habitan en Punta Ballena. Por último, comentó que además de la contaminación lumínica, habrá un impacto de pluviales. “Cualquier desinfectante o insecticida causarán impacto químico en la fauna marina. Esto será muy perturbador”, remarcó entre aplausos.

El geólogo Mauricio Faraone, técnico de la Dinamige, expuso sobre la dimensión del patrimonio natural no vivo y Punta Ballena como uno de los sitios de interés geológico más importantes de Latinoamérica. “Los consultores, o bien no lo han medido o no lo han entendido, porque confunden geología con geodiversidad”, dijo, para explicar la diferencia entre ambos conceptos e invitar a los privados a informarse sobre el tema. “Toda la punta rocosa, cerca de 19 hectáreas, es de interés geológico y no un punto, como destacan los desarrollistas”, destacó.

Juan Aricardi y Leonardo Altman, del Departamento del Territorio, Ambiente y Paisaje del CURE, expusieron sobre la dimensión del paisaje de Punta Ballena. Analizaron transformaciones urbanas de la región costera con centro en Maldonado y Punta del Este que, a su juicio, es necesario considerar para definir qué atributos del paisaje valorar en este caso. “El país ha tenido la costumbre de hacer caja con la costa con una urbanización turística deliberada”, sentenció uno de ellos.

La magister Isabel Gadino analizó el desarrollo de los barrios privados para turismo residencial. Apoyada con imágenes satelitales y mapas, mostró que “casi toda la costa de la zona está urbanizada” y se ha quedado sin espacios verdes en Maldonado. “¿Tenemos que seguir urbanizando el único pedacito que es este gran acantilado?”, comentó.

El abogado José Luis Sciandro, también del CURE, ofreció una cronología jurídica desde los orígenes del fraccionamiento en cuestión y después advirtió que la legislación genera “obligaciones” para las propiedades. Entre estas, conservar el ambiente, el patrimonio y el paisaje. “No podemos autorizar un aprovechamiento urbanístico sin hacer cumplir esas cargas, y entendemos que este proyecto no las contempla”, concluyó, tras argumentar los porqués.

Otros participantes expusieron sobre el daño acumulado por el desarrollo inmobiliario en Punta Ballena, las playas que se perdieron en el oeste debido a la construcción de edificios durante las últimas tres décadas; la acumulación de escombros de piedras que muchas veces los vecinos sacan en camiones. “El daño acumulado es demasiado importante como para que se trate esta zona como si no hubiera recibido daño. Hay que estudiar cómo remediar lo anterior para no seguir generando daño”, resumió Fernando Niggemeyer.

Moisés Cardozo, directivo de la Asociación de Vecinos de Las Grutas, mostró imágenes del trazado urbano en la zona para afirmar que el lugar “no está en condiciones de soportar el tránsito pesado” que implicará la construcción del complejo residencial, planificada en etapas a lo largo de siete años. Juan Carlos Costa, del Uruguay Delta Club, argumentó por qué la construcción de los edificios afectará el viento que posibilita la práctica de aladeltismo y parapente, que solo se da en lugares puntuales de Punta Ballena.

Estela Alayón, de la comisión vecinal de La Rinconada, defendió la preservación del Lomo de la Ballena basada en un informe presentado por la Sociedad de Arquitectos del Uruguay durante la puesta de manifiesto. Uno tras otro, los participantes fueron argumentando por qué “los intereses privados no deberían primar en Punta Ballena” y por qué el Estado “debería defender este enclave con todas las herramientas que la ciudadanía ha puesto a su disposición”.

“Que sea lo mejor”

Al final de la audiencia, el ministro Bouvier destacó a la diaria la alta participación ciudadana y “la transparencia del proceso”. “Nos vamos conformes. Ahora empieza la etapa de análisis de los insumos que tuvimos a través de la puesta de manifiesto y de la audiencia pública”, señaló. Reiteró que no hay plazos para la decisión final.

“La ansiedad no es buena consejera en estos temas ambientales, tenemos que dar el tiempo prudencial. Nuestros técnicos necesitan tiempo para hacer un examen riguroso del amplísimo material. Apurarnos en esto no estaría bueno”, concluyó.

Entretanto, el ingeniero De María circulaba entre las sillas de la primera fila, estrechando las manos de sus oponentes como al final de un partido difícil. Saludaba a todos con la misma frase: “Que sea lo mejor para Punta Ballena”.