“Si de algo no se nos puede acusar es de haber puesto ‘palos en la rueda’ o ser ‘máquinas de impedir’. Al contrario. En todo caso, hemos sido fuertes defensores de proponer y participar constructivamente”, señaló la Comisión Pro Fomento de Punta Colorada (CPFPC), en respuesta a los dichos del intendente Enrique Antía durante la inauguración de la rambla de la playa brava del balneario.
Como lo hizo días atrás la asociación civil Nativos Punta Colorada, la CPFPC emitió un informe con “comentarios y precisiones” relacionados a los trabajos realizados por la Intendencia de Maldonado (IDM) en ese lugar. Comenzó por repasar las acciones que desarrolló desde 2006 hacia un plan de ordenamiento territorial que apuntaba al desarrollo urbano con énfasis en el cuidado del medio ambiente y por la conservación del patrimonio.
Recordó que acercó propuestas a los gobiernos departamentales y locales que se sucedieron en los últimos 18 años, considerando los aportes de académicos de la Universidad de la República y las estimaciones científicas en cuanto a que la playa brava de Punta Colorada habrá perdido entre cuatro y seis metros para 2050 por efecto del cambio climático.
Sobre esa base, aspiraba a “transformar la rambla en un paseo marítimo de baja intensidad, buscar que la circulación en automóviles se canalizara por vías apenas más alejadas de la costa” y que “el ingreso a la playa se efectuaría por calles perpendiculares a la costa, evitando saturar el tránsito sobre la rambla”. Pero eso no sucedió.
Si bien ha reconocido públicamente acciones de la actual administración, -como “la creación de ciclovías y de paseos amables con el ambiente y la regularización y recuperación de zonas de costa que estaban en manos de privados-, la comisión expresó su “desacuerdo con el carácter de ruta nacional que se le ha dado al tramo de la rambla que se acaba de inaugurar en el balneario”.
El proyecto “contradice cada una de las normativas nacionales y acuerdos internacionales, que en Uruguay deberían ser mandatorios”, sostuvo en referencia a las leyes de ordenamiento territorial (18.308) y de defensas de la faja costera (19.772) y el acuerdo de Escazú. Por ese motivo, reiteró su reclamo de que “se apliquen las leyes vigentes”, una petición que “debería ser considerada como una acción de civismo y no ser condenada por quien las atropella”.